La señal más clara de que un gobernante se está apropiando de un régimen es el comportamiento de sus subalternos administrativos y políticos. Si su reacción es admitir como normal la vulneración de la ley para satisfacer al jefe, es que se está abandonando la democracia para entrar en la autocracia. En la mente de esos operarios se produce una división social reveladora. Arriba, con privilegios, colocan al entorno familiar y político del líder. A estos no se les aplican las normas igual que al resto. Abajo, todos los demás, especialmente los que pagamos impuestos.

Ese momento es sintomático. Si el músculo y los recursos administrativos se ponen al servicio de la familia del gobernante es cuando el Estado de Derecho se convierte en un artificio. Es lo que ha pasado con Begoña Gómez, que contrató directamente a un persona como asistenta personal pagada con dinero público, y con el “hermanísimo”, un pijoflauta que no solo consiguió un puesto hecho a medida, sino que no tuvo ni siquiera la vergüenza de ir a trabajar.

No podemos decir que no lo vimos venir. Sánchez colonizó primero el Estado con socialistas para ponerlo a su servicio. Después limpió el PSOE de díscolos y dudosos para convertirlo en una empresa dispuesta a obedecer sin chistar. Luego intentó conquistar el poder judicial para evitar discrepancias entre sus decisiones y la ley, o para que se hiciera la vista gorda con la corrupción, pero solo consiguió la Fiscalía. A modo de compensación se hizo con el Tribunal Constitucional, al que convirtió en un instancia de casación para anular las sentencias de corrupción y avalar sus acuerdos con los independentistas. En medio de la conquista del Estado, que dirían los totalitarios de hace cien años, la familia de Sánchez creyó que era el momento de aprovecharse de su situación.

Calcularon mal, y hay que reconocer que nuestros jueces han estado a la altura de un sistema democrático. Begoña y el músico están en los juzgados, y solo esto debería servir para que Sánchez ordenara a su servicio doméstico que le hiciera las maletas. No ocurrirá. A partir de aquí, por tanto, podemos abrir dos hipótesis de futuro que conjuguen de forma realista con la concepción patrimonialista de la democracia que tiene el sanchismo. Es conveniente señalar antes la confesión de Conde Pumpido de esta semana, cuando dijo que cuestionar a la mayoría sanchista del TC es poner en cuestión la Constitución y la democracia.

La primera hipótesis es que el Gobierno aguante las sentencias condenatorias de esposa y hermano, si es que se producen, y alargue el proceso con recursos. Sánchez juega siempre con el tiempo, y el relato ya lo tienen construido de tal forma que es creíble para sus bases. Hablaron en su día de lawfare, de persecución personal a la familia del presidente, y de asociaciones ultras que presentan denuncias basadas en “bulos” de la “pseudo prensa”. Este sistema funcionó en la Argentina peronista de los Kirchner. De hecho, parecía que al electorado argentino no le importaba la envergadura del delito ni las formas autoritarias mientras se les diera un relato demagógico y emocional.

La segunda hipótesis está relacionada con los fondos de los que dispone Sánchez para paliar los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos: 14.000 millones. El presidente cree que el Estado es suyo, el dinero también, y que está tocado por la Providencia. Esto significa que puede usar el dinero para comprar un lavado de imagen en el que se presente como el guardián y salvador de los vulnerables frente a la embestida de Trump. Regar con subvenciones es una buena forma de crear votantes agradecidos que vean la corrupción familiar de los Sánchez como algo aceptable o desdeñable. Esto ya lo intentó con la pandemia de covid-19. No es descartable la fusión de ambas hipótesis, y que el colofón, si consigue ese blanqueamiento, sea la convocatoria electoral como huida personal.