Los investigados en Tsunami Democràtic piden al Supremo que deje la causa en manos de la Audiencia Nacional

Varios de los investigados en 'Tsunami Democràtic', entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el director de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, han pedido al Tribunal Supremo (TS) que deje la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que se encuentran investigados, en manos de la Audiencia Nacional (AN).

En un escrito conjunto, las defensas de varios de los investigados explican además que el plazo de instrucción de esta causa, en la que se investiga el papel de la plataforma en los disturbios de otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procés', terminó en julio de 2021.

Esto implicaría, aducen, que la Audiencia Nacional tampoco tendría competencia para investigar o mandar a juicio a los aforados presuntamente implicados en la causa: el propio Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament catalán Ruben Wagensberg.

"Finalizada la instrucción el 29 de julio de 2021, el juzgado instructor debió dictar la resolución que correspondiera de acuerdo con el material indiciario con que contara en dicho momento", indica.

Porque, como hizo alguna otra defensa en escritos remitidos a la Audiencia Nacional, los investigados vuelven a poner el foco en la supuesta infracción de los plazos de instrucción en este caso, que, según sus cálculos, expiraron el 29 de julio de 2021, de modo que todas las diligencias acordadas después "no son válidas".

Argumentan que el auto del juez prorrogando la instrucción tenía fecha de 30 de julio y fue firmado el 2 de agosto, días, en todo caso, posteriores al fin del plazo.

Y subrayan que ninguno de los investigados había comparecido ante el juez antes de este 29 de julio, cuando la causa todavía no se dirigía contra Puigdemont.

Como consecuencia, en su opinión, "no es posible dirigir el procedimiento" contra el expresidente catalán y líder de Junts en el Supremo.

Y para fundamentar su tesis piden al alto tribunal que reclame al juez Manuel García-Castellón toda una serie de resoluciones dictadas a lo largo de estos años, desde que se inició la causa, el 30 de octubre de 2019.

El escrito ha sido remitido por las defensas de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; del exconseller de ERC Xavier Vendrell; de Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont; del dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra y de los empresarios Marta Molina y Oriol Soler.

Una cuestión "relevante" en la tramitación de la causa que, subrayan, está "ausente" en la exposición razonada que el juez Manuel García-Castellón dirigió al Supremo para que investigase por terrorismo a Puigdemont cuando, en opinión de las defensas, afecta a los derechos fundamentales de los investigados y debería conducir al archivo.