Los jueces saben de lo que hablan y ven un mero cambio cosmético en el plan de lucha contra la corrupción por el que ha optado Pedro Sánchez para encontrar una salida política a los escándalos que rodean a su Gobierno y al PSOE.

Si se quiere verdaderamente prevenir el florecimiento de las irregularidades, y ser implacables cuando aparezcan, los magistrados de nuestro país tienen claro que lo que hay que poner son «medios» humanos y económicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan investigar, y al Poder Judicial para que, posteriormente, condene.

Tal y como apunta la jueza María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera, el Ejecutivo debería empezar por dejar de «deslegitimar» la actuación de los instructores, cuando la causa afecta al entorno del socialismo.

La jueza decana de Madrid avisa que «de poco sirve» apostar por un incremento de las penas en el Código Penal (CP), cuando, luego, se producen indultos o amnistías como las que se han concedido a los responsables políticos del «procés». Mucho de ellos fueron, precisamente, condenados por una malversación de caudales públicos, y este delito –recuerda Del Barco– fue modificado por este Gobierno.

Los cambios en su tipificación han rebajado sensiblemente las penas en los casos en que los fondos públicos desviados no acaban siendo empleados para un lucro personal y directo.

En definitiva, para esta magistrada el plan de choque de Sánchez contrasta con los avisos que llegan de Europa sobre los problemas de abuso de poder que adolece nuestro Estado.

La última advertencia se produjo este pasado martes, con un informe sobre el Estado de Derecho muy duro que avisa del «alto riesgo de corrupción» en «las licitaciones públicas, la financiación de partidos y los proyectos públicos de infraestructuras» españolas.

Pero es que hace solo cuatro meses se conoció que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) mantiene abierto un expediente a España por incumplir con todas las recomendaciones, en prevención de la corrupción, que le hizo llegar el Consejo de Europa hace ya seis años, en 2019.

Yendo a lo concreto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ve muchas «carencias de fondo» en las 15 medidas anunciadas ayer por el presidente en el Congreso de los Diputados porque para combatir la corrupción «no basta» con anunciar más organismos, o herramientas tecnológicas, que es, justo, lo que hizo ayer Sánchez.

Lo «esencial» sigue siendo lograr una «independencia efectiva» tanto para los miembros de la judicatura como para la Fiscalía, que les blinde ante «injerencias» del Poder Ejecutivo.

Sin olvidar, tal y como apunta la segunda agrupación profesional, que no pocas de las medidas son «redundantes» o «ya están vigentes». «Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing», insisten fuentes de la entidad.

Tampoco le parece que la puesta en marcha de una nueva agencia estatal de integridad pública responda a una «necesidad real», dado que hoy en día hay órganos especializados, como el Ministerio Público, los propios jueces, la Policía Judicial o el Tribunal de Cuentas, que luchan eficazmente contra el fraude.

Los jueces quieren transmitir que la «estructura existe» y lo único que hace falta es que les permitan «actuar con plena autonomía», como estiman que no ocurre.

Una reforma que defiende esta asociación como necesaria, y que no contempla este Gobierno, es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para alargar los plazos máximos de las investigaciones judiciales que presenten especial complejidad, como son las de corrupción, ante la «infradotación material» que sufren los tribunales de todo el país y que deriva en que sea «imposible» sacar adelante una instrucción en un máximo de un año, teniendo solo la posibilidad de alargarla en prórrogas de seis meses, con su debida justificación.

Desde la cuarta asociación, Foro Judicial Independiente (FJI), «no se creen» que haya una intención de luchar contra la corrupción, sino que se ha puesto sobre la mesa «aire». En vez de, como apunta su presidente, Fernando Portillo, una «verdadera inversión» en la autoridad judicial y los servicios policiales, que califica de los «instrumentos» para acabar con esta problemática.

En ello coincide también la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, cuando reivindica que «la lucha contra esta lacra» la tienen que asumir ellos y lo único útil que puede hacer para ayudarles es darles unas condiciones que les permitan trabajar sin prisiones «ni internas ni externas».

Respecto al resto de medidas anunciadas, a muchos les sorprendió que el jefe del Ejecutivo pusiese como ejemplo de buenas prácticas públicas la manera en que se ha gestionado el uso de fondos Next Generation de la Unión Europea para financiar adjudicaciones, cuando hay investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea (EPPO) por su presunta malversación.

Hace exactamente dos meses se conocía que el Ministerio Fiscal europeo indaga en si se malversaron los ochos millones de dinero europeo que sirvieron para pagar el primer ordenador cuántico de nuestro país.

La parte socialista del Ejecutivo vende, tras el «caso Koldo», que implementar, con periodicidad anual, controles patrimoniales aleatorios a los altos cargos durante su mandato servirá para que salten las alertas de manera temprana.

En la actualidad, tienen la obligación de presentar su declaración de bienes cuando son nombrados y también cuando cesan en su responsabilidad. Sánchez también defendió la transformación digital de las estructuras públicas como antídoto a las irregularidades y prometió introducir herramientas basadas en Inteligencia Artificial para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos e indicios de fraude en la plataforma de contratación del sector público.

El problema lo tendrán las empresas privadas, que deberán invertir obligatoriamente en más «compliance», para cumplir una serie de exigencias «anticorrupción» que serán «conditio sine qua non» para poder optar a la concesión de una licitación pública. Eso sí, aplica al ámbito privado lo que no existe en los partidos.