El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha exigido tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ponga en marcha una amplia convocatoria de plazas judiciales y fiscales que acompañe al proyecto de ley de impulso de las carreras judicial y fiscal.

La asociación progresista de la judicatura defiende que es la única manera de que disminuya la actual sobrecarga de trabajo que sufren diariamente muchos tribunales y, con ello, se reduzca la litigiosidad.

"El contestado proyecto de ley de impulso de las carreras judicial y fiscal contiene medidas necesarias y acertadas, como que la regulación de las becas tenga rango legal, volver a exigir una prueba práctica escrita y anónima para entrar en la judicatura y permitir que un centro de enseñanza público, como el Centro de Estudios Jurídicos, pueda preparar a las personas que opositan y prefieran esta forma de estudio", indicó.

Pero esas medidas, "que mejoran el sistema de acceso que sigue en manos del CGPJ, sin intervención política de ninguna clase", considera que "no podrán aplicarse plenamente de no acompañarse de una gran convocatoria de varios cientos de plazas judiciales durante al menos un decenio", para incrementar el tamaño de la carrera judicial y fiscal.

El portavoz de JJpD sostiene que España padece "un déficit endémico en el número de jueces que se incrementa con el envejecimiento que sufren todos los cuerpos de funcionarios públicos, el aumento de las jubilaciones anticipadas y la falta de convocatoria de un número suficiente de plazas".

Según Rodríguez, la “inminente puesta en marcha de los tribunales de instancia” es un “momento ideal” para incrementar la planta judicial “en aquéllos lugares donde el CGPJ ha detectado déficits estructurales”, lo que, aseguró, “también sucede en el Tribunal Supremo”, cuyas salas menos numerosas “deben aumentar de tamaño”.

La agrupación progresista de jueces defiende el proyecto de ley de impulso "tiene aspectos criticables y otros mejorables, pero en general supone un avance respecto de la situación actual".

Entiende el portavoz de la asociación judicial progresista que "ampliar la Comisión de Ética Judicial para permitir que catedráticos que representan a la sociedad participen en los criterios de comportamiento judicial fuera de los tribunales, reorganizar el Ministerio Fiscal o el cuarto turno, o democratizar las elecciones internas permitiendo el voto telemático y suprimiendo el delegado"-

En definitiva, lo estima un avance que "ha suprimido la previsión de traslado forzoso y una negativa fase de sustitución y refuerzo que hay consenso en que debe desaparecer”.

Respecto de las movilizaciones judiciales que el proyecto provoca, Rodríguez negó que afecte a la independencia judicial o suponga injerencia del poder político en el judicial, "porque no lo es incrementar la transparencia de la oposición ni suprimir barreras económicas o permitir que la enseñanza pública impulse y ayude a quienes están preparación la oposición a la carrera judicial".

Considera que el proyecto de ley "no contiene motivos para paros o huelgas", anunciando, de esta manera, que Juezas y Jueces para la Democracia no participará en ellos.

"Lo que ahora es urgente", señaló el portavoz de JJpD, "es afrontar las reformas legales previstas, como la ley de impulso o la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal", y las que ya están vigente, como la ley de eficiencia procesal y los tribunales de instancia, "con dotación de medios suficiente, lo que exige inversión y sobre todo, un incremento sustancial del número de magistrados y jueces, sin el cual no se garantiza ni la salud laboral de quienes ahora forman la carrera judicial, ni una respuesta rápida y de calidad a profesionales del derecho y ciudadanía, ni una gestión eficiente del incremento de la litigiosidad".