
Tribunales
El juez del "caso Koldo" pide al Supremo imputar a Ábalos por su "papel principal" en la trama
Moreno ve "indicios fundados y serios" para investigar al exministro socialista por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho
El juez que investiga el "caso Koldo" en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha trasladado al Tribunal Supremo (TS) la petición de que se investigue al exministro José Luis Ábalos por los "indicios fundados y serios" de su "papel principal" en la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de varias administraciones para la compra de mascarillas, entre ellas dos del Ministerio de Transportes que él mismo dirigía.
En la exposición razonada remitida, el magistrado Moreno apoya su imputación, que tilda de "clara y concreta", por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Dada su condición de aforado en el Supremo como diputado del Grupo Mixto, el magistrado subraya la imposibilidad de continuar con la instrucción sin realizar diligencias que afecten de manera directa a Ábalos, por lo que entiende que investigación judicial debería continuar en la Sala Segunda del TS.
Ahora, será el Alto Tribunal el que decida si hay razones para investigarle y, si en ese caso, lo devuelve a la Audiencia, asume solo lo relativo a Ábalos o todo el procedimiento. Por ello, el instructor del "caso Koldo" ha enviado el testimonio íntegro de las actuaciones para que sea el TS el que se pronuncie sobre si asume toda la investigación o únicamente lo referido a Ábalos como aforado.
El juez Moreno atribuye a Ábalos un delito de pertenencia a organización criminal, precisamente, por la "relación privilegiada" que mantenía Víctor de Aldama en el seno del Ministerio de Transportes a través de la mano derecha del exministro, Koldo García. Pone en valor como evidencia que el empresario "pagaba de manera recurrente y periódica" una cantidad fija de 10.000 euros al mes.
El asesor, después, utilizando "la influencia" de Ábalos, actuaba en beneficio de Aldama y sus empresas para la obtención de los contratos millonarios para la suministración de mascarillas que se firmaron con Transportes, Interior, y las administraciones de Canarias y Baleares cuando estaban al frente los socialistas Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, respectivamente.
Paralelamente, el exministro socialista recibía "otros (beneficios) de carácter extraordinario" que se concretan, en base a la instrucción llevada a cabo hasta el momento, en la compra de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz). El juez lo considera una "contraprestación directa" por los notables beneficios económicos que le reportaron al expresidente del Zamora Club de Fútbol los contratos públicos que obtuvo a través de la mercantil Soluciones de Gestión.
Por otro lado, señala el magistrado Moreno como otro beneficio que obtuvo Ábalos "de manera indirecta" de Aldama el pagó del alquiler "a través de terceras personas" de una vivienda del centro de Madrid que "era disfrutado" por una mujer, llamada Jéssica, que entonces era la pareja del que fuera también "número 3 del PSOE. El alquiler del apartamento, ubicado en la madrileña Plaza de España, unos 2.700 euros al mes, eran abonados a la mercantil que lo gestionaba por uno de los socios de Aldama desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021.
Estas "contraprestaciones", en base a las que también reclama su imputación por cohecho, tendrían como "principal razón de ser", señala en la exposición razonada, el mantenimiento por parte de Aldama del "acceso" tanto al exministro como a Koldo "en beneficio propio y de terceros" relacionados con sus negocios.
Una "acción corruptora" ejecutada por el empresario que, explica el juez, "le permitiría asegurarse la consecución de un lucro económico" a través de las adjudicaciones millonarias para la suministración de mascarillas a varias administraciones utilizando "una estructura societaria criminal".
Recuerda también el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que Ábalos y Aldama se conocieron en agosto de 2018 y a raíz de que el hermano del segundo, Rubén de Aldama, ejerciese como escolta personal del ministro. El juez refleja que "se ha apreciado" durante la investigación "un interés" por parte del escolta "en presentar" a Koldo y su hermano. Al mismo tiempo, señala el propio Aldama tenía interés en conocer Ábalos.
Esta fue la vía de entrada en el Ministerio del considerado por la UCO como "nexo corruptor", influyendo también su condición de consejero de la empresa Globalia, que opera en el sector del transporte.
Aldama conoció, se explica en la exposición dirigida al Supremo, el 31 de agosto de 2018 al entonces ministro y a su asesor. Fue su hermano Rubén el que le aseguró en el mensaje en el que le comparte el contacto de Koldo que los tenía "a huevo para hacer cosas".
A partir de ahí, apunta Moreno, el empresario, considerado por Anticorrupción como "líder" del entramado "criminal", comenzó a satisfacer "peticiones del día a día, destinadas a satisfacer las necesidades" de Ábalos, que le trasladaba su hermano y Koldo. Ello "le habría dado pie a un acercamiento mayor" al propio Ábalos, antes siquiera de que llegase la Covid.
Por tanto, el magistrado del "caso Koldo" considera demostrado que "la perdurabilidad en el tiempo de la organización" en la Administración fue más allá de los peores momentos de la Covid en que se firmaron los contratos de las mascarillas ya que se logró desde la obtención del título de operadora en el sector hidrocarburos para la empresa Villafuel, de un socio del empresario, hasta "salvoconductos" con los que ciudadanos venezolanos pudieron disfrutar de libertad de movimiento por España.
Los pagos por parte de Aldama a Koldo también continuaron hasta septiembre de 2022, cuando ya no era asesor ministerial tras la salida de su jefe del Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2021. También lo observa el juez en que "Koldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de Soluciones" en diciembre de 2023 y el pasado enero cuando Baleares les reclamaba la deuda millonaria del contrato de mascarillas.
El magistrado de la Audiencia ve un delito de tráfico de influencias en que la trama de "mordidas", por orden expresa de Ábalos, se habría encargado de hacer efectiva la contratación de Jéssica por parte de dos empresas públicas dependientes de Transportes. Primero fue administrativa en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y, más tarde, ocupó el mismo puesto en Tragsatec.
También lo observa el instructor del "caso Koldo" en su intervención directa como ministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas para Puertos del Estado y Adif, ambos dependientes de Transportes, a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión.
El rescate a Air Europa
La Audiencia Nacional sí que considera, a diferencia de la Fiscalía Anticorrupción, como otros indicios relevantes el papel que tuvo José Luis Ábalos en el rescate público por 475 millones a Air Europa que se fraguó en noviembre de 2020.
Durante las negociaciones, recoge la exposición razonada citando las conversaciones halladas en los dispositivos intervenidos, Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en que el rescate de la aerolínea llegase a término.
Primero, la compañía de Globalia recibió en mayo de 2020 un prestamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, por valor de 141 millones de euros.
Pero, se relata en el documento, Air Europa necesitaba conseguir más financiación para evitar su quiebra por las restricciones de movilidad mundiales impuestos por la Covid. De los mensajes que en julio de 2020 intercambia Aldama, por un lado, con Javier Hidalgo, ejecutivo de la compañía, y, por otro, con Koldo se concluye que tras los varios encuentros entre Ábalos con la entonces ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y otros del ministro de Transportes con Hidalgo y Aldama, en sede ministerial, "la situación habría fructificado en favor" de la concesión del rescate a la aerolínea.
Finalmente, la millonaria ayuda no salió del ICO y se trasladó su concesión a la SEPI. Ya en agosto de 2020, Aldama le informa a Hidalgo de que el ministro de Transportes habría podido hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la concesión del rescate para Air Europa durante un Consejo de Ministros. "El ministro está en este momento con el presidente en el consejo saliendo, le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente", le asegura.
Tras una reunión de Hidalgo con Koldo, Ábalos y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lobo, el 4 de septiembre de 2020, Aldama envió al exconsejero de Globalia una captura de pantalla de su conversación de WhatsApp con el exministro en el que Ábalos "dejaba constancia de que tenía línea directa" con Bartolomé reenviándole (a Aldama) un mensaje de este último.
Posteriormente, el día 22 de septiembre, el rescate aún no se había producido, provocando que Aldama se dirigiera a Hidalgo para mostrarle su apoyo y con ello, reflejar el papel que estaba realizando en ese contexto: "Déjame ayudarte puedo resolver esta situación (...) dile a Ramiro que coordine conmigo que él lleve tema Sepi y yo me encargo del resto con los Ministros y sacamos esta muerda (sic.) adelante".
Continuando con la labor de Ábalos para que este rescate prosperara -explica el juez Moreno en alusión al informe de Anticorrupción-, unos días más tarde, Aldama indicaba a Hidalgo que estaba "con el ministro" y le trasladaba a este el estado de situación de las gestiones relativas al rescate. El día 27 el rescate público de la compañía aérea de Globalia culminó y Aldama felicitó a Hidalgo por haber logrado salvarla.
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