El juez que investiga al fiscal general recela del testimonio de la exasesora de Moncloa: "No es explicable"

El magistrado Ángel Hurtado no da credibilidad al testimonio de la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. El instructor descarta que haya indicios para imputarle un delito de revelación de secretos, toda vez que cuando le llegó el correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso ya se había filtrado. Ahora bien, precisa que su relato acerca de que no sabe de dónde le llegó "no es explicable" e implica todavía más a la Fiscalía como presunta responsable de la filtración.

En su auto, el magistrado del Tribunal Supremo descarta acceder a la práctica de una batería de diligencias que la pareja de la mandataria madrileña, Alberto González Amador, solicitó en un escrito al alto tribunal. Entre ellas se encontraba la de requerir que se conservaran todas las comunicaciones telefónicas de Sánchez Acera (actual 'número dos' del PSOE en Madrid); del exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con Juan Lobato.

Hurtado responde al respecto que "no hay base indiciaria" para considerar que Sánchez Acera haya podido tener participación en el delito de revelación de secretos que se investiga porque ella, lo que hizo, fue circular el famoso correo incriminatorio del empresario. Además, el delito se persigue de aquel funcionario que conoce los secretos que se revelan por razón su cargo; circunstancia que no se produce en su caso.

Ella no hizo público el secreto

"Desde el momento que recibe una información reservada a la que ha dado publicidad otro, con la circulación que extiende de ella no está haciendo público secreto alguno", indica. Ahora bien, explica que ello no quita para tener en cuenta su testimonio, que considera "fundamental" en aras a decidir sobre la petición de diligencias que solicitan las acusaciones del procedimiento.

"Lo anterior no significa que se dé credibilidad a un testimonio, que ofrece importantes fisuras, a la vista de las diligencias practicadas, en particular los datos objetivos que aporta el informe de la UCO de 19 de diciembre de 2024, sobre el dispositivo móvil de Juan Lobato", reza el magistrado del alto tribunal. En concreto, se refiere a los mensajes que Sánchez Acera envió la mañana del 14 de marzo del año pasado, apenas unas horas después de que el fiscal general recabara los correos del abogado de González Amador.

En dichos mensajes, la entonces asesora de Moncloa le reenvió el correo en el que el abogado de Díaz Ayuso reconocía la comisión de dos delitos fiscales y le conminó a sacárselo a Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid que se celebró aquel día. En ese sentido, también fue relevante la declaración que prestó Lobato el 29 de noviembre en sede judicial, puesto que dijo que recibió órdenes de dar a conocer el documento cuando todavía no se había publicado en los medios (cosa que ocurrió a las 9.06 horas de aquel 14 de marzo) y que Sánchez Acera no le quiso decir de dónde lo había sacado. Ello le hizo sospechar que provenía de la Fiscalía.

"Respuesta no creíble"

"Así lo intuyó Juan Lobato en sus mensajes, pero lo avala el informe de la UCO, frente a cuya información, las respuestas dadas por la propia Sánchez Acera (...) dejan mucho que desear, cuando, al preguntársele al respecto, manifestó que no recibió tal correo electrónico, sino que fue un documento, que le llegó mediante una fotografía de WhatsApp, y que no recuerda quien se lo envió, respuesta que, en sí misma, no le resulta creíble a este magistrado", responde ahora Hurtado.

De hecho, el instructor asegura que "no es explicable" que, siendo un documento "tan significado", no pueda recordar quien lo proporcionó o que tampoco lo encuentre porque borró el contenido de su dispositivo (al igual que hicieron otros implicados en el procedimiento, incluido el propio fiscal general). Al respecto, dice que es "mucho menos explicable" que no lo recuerde, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, el mismo 14 de marzo, pidió la dimisión de Ayuso por la investigación en la Fiscalía contra su pareja.

"Si esto es así, más difícil es comprender que una persona, con la responsabilidad de Sánchez Acera en el organigrama del gobierno, no recuerde la procedencia del documento que ella misma se iba a encargar de que se utilizase en la mañana del día siguiente, 14 de marzo (...). Este comportamiento, en modo alguno, se puede decir que sea un ejemplo de colaboración de cara al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en la presente causa, pero no alcanza para atisbar participación penal alguna de Pilar Sánchez Acera", indica el magistrado.

Así pues, declina su imputación en la causa así como otras diligencias que solicitó la acusación popular Fundación Foro Libertad y Alternativa relativa a que se identificara si el terminal que empleó García Ortiz en el momento de los hechos era de titularidad pública.