La vivienda está en el "top 5" de preocupaciones de los españoles, según el último barómetro del CIS publicado ayer, y eso está urgiendo a los partidos a impulsar iniciativas. En este sentido, este martes, en el Senado y en el Congreso se han debatido y votado dos leyes vinculadas a la vivienda impulsadas por PP y Junts, respectivamente, y ambas han superado el primer trámite parlamentario gracias a la colaboración de ambos partidos y pese a que el PSOE es crítico con mucha parte del contenido. Además, Junts ya ha mostrado predisposición para colaborar con el PP, lo que muestra una señal más de acercamiento entre ambas formaciones en un momento en que los posconvergentes han llegado a dos pactos en materia migratoria con el Gobierno.

La ley de los populares, bautizada como reforma de la "ley del suelo", ha superado el primer trámite parlamentario tan solo dos semanas después de que cayera la iniciativa del PNV y del PSOE en el Congreso sobre la misma materia (es más, el Gobierno tuvo que retirar un proyecto legislativo parecido hace un año). Además, Junts ha mostrado predisposición a negociar el texto con el PP para, sobre todo, corregir la "invasión competencial". La iniciativa del PP incluye medidas de simplificación administrativa y para agilizar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los ayuntamientos para tratar de crear oferta de vivienda y satisfacer la enorme demanda que hay que está generado un crecimiento de los precios, pero también incorpora la derogación del control de los alquileres de la Ley de Vivienda e iniciativas para combatir la okupación y la "inquiokupación".

Lo cierto es que tanto PP como PSOE sí muestran cercanía en la necesidad de corregir los problemas que conlleva que los tribunales anulen los PGOU ya que eso conlleva la nulidad de sus actos o disposiciones de desarrollo y eso acaba generando mucho perjuicio a los ciudadanos. La idea es que subsistan los actos dictados en ejecución y aplicación de la parte no afectada por la declaración de nulidad de los PGOU. Sin embargo, ambas formaciones chocan con la derogación del control de precios del alquiler y el combate de la "okupación" (que sí apoya Junts).

En paralelo, en el Congreso se ha debatido la ley de Junts contra la "okupación". Con esta iniciativa, los posconvergentes buscan agilizar la expulsión de los okupas en 48 horas y acabar con los mecanismos que tienen para dilatar la salida de la vivienda okupada. Tanto el PP como el PSOE han apoyado la iniciativa pese a que los populares también han recordado que tienen una iniciativa sobre esta materia congelada en el Congreso. En todo caso, la izquierda se ha mostrado muy crítica con la ley: sobre todo, Bildu, Esquerra y Sumar han mantenido un tono duro.

El PSOE ha mantenido dudas hasta el último momento ya que ha defendido que se debe de proteger el derecho a la propiedad privada, pero también ha advertido de que la gente "está harta de que la derecha y la ultraderecha metan miedo cuando los datos" sobre la okupación "no corroboran para nada esta situación". Y, en este sentido, los socialistas han llegado a defender que el ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para afrontar la okupación de la vivienda, pero aun así han facilitado la tramitación de la ley de Junts ya que han querido evitar generar malestar en el partido de Carles Puigdemont porque es un socio determinante y han querido evitar la imagen de soledad ya que la iniciativa hubiera tirado adelante gracias al apoyo de PP y de Vox.

De hecho, el PSOE se ha mostrado crítico siempre con el contenido de la ley del PP y la de Junts, pero su debilidad parlamentaria le ha obligado a cambiar de planteamiento.