Junts logra amnistiar el terrorismo, pero pide más: mantiene todas sus enmiendas vivas para reformar la ley en el Congreso

La ley de amnistía superó ayer el penúltimo paso de su tramitación en el Congreso y lo ha hecho rodeado de mucha polémica por la cesión que ha hecho el PSOE a Junts y ERC al blindar la inclusión de las causas de terrorismo del "procés". De esta manera, los involucrados en causas como la de Tsunami, que puede afectar a Carles Puigdemont o Marta Rovira, o la Operación Judas, que afecta a los CDR, pueden quedar eximidos de responsabilidades penales. "Es un avance", señalaba la portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras, celebrando el acuerdo con el PSOE, pero avisando también de que son más ambiciosos y aspiran a incluir sus peticiones en el Pleno previsto para la semana que viene, cuando se votará el texto final (la ley viajará al Senado para continuar la tramitación hasta su aprobación definitiva).

Lo cierto es que la proposición de ley que registró el PSOE en noviembre ya sufrió pequeñas modificaciones técnicas la semana pasada en el trámite de Ponencia, pero tanto Junts como ERC aspiraban a incluir sus 16 enmiendas a la norma (12 de Junts y cuatro de ERC). Y han conseguido un avance después de que hayan logrado un pacto con el PSOE para limar el redactado de la ley y blindar la amnistía del terrorismo, que está recogido en el apartado d del artículo 2 de la ley.

Gracias a ese pacto a tres, el redactado de la ley queda de la siguiente manera: "Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017,siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Es decir, quedan amnistiados los casos de terrorismo durante el "procés" porque no han tenido "violaciones graves de derechos humanos", en referencia a que haya habido muertes o torturas.

El PSOE se ha movido y mucho, aunque todavía no lo suficiente, a ojos de Junts. Los posconvergentes quieren eliminar de ese artículo 2 de la ley de amnistía toda mención a "terrorismo", pero los socialistas se oponen temiendo las consecuencias que eso puede tener en Europa. El diputado posconvergente Josep María Cervera ha explicado que mantienen vivas once de sus doce enmiendas (es decir, llegarán a Pleno para ser votadas) porque tienen como objetivo "blindar" la ley para incluir "todos los casos", incluidos los de Tsunami y la Operación Judas contra los CDR, y porque pretenden que se aplique de "forma inmediata". "Nuestras enmiendas proporcionan una norma amplia, garantista y basada en el derecho internacional", ha señalado Cervera.

Míriam Nogueras, previamente, había explicado en los pasillos del Congreso que las enmiendas de Junts buscan sortear las decisiones judiciales que buscan "combatir esa ley": "No se puede esperar que no miremos de reforzar esta ley", ha señalado, haciendo referencia a las decisiones del juez Manuel García-Castellón de mantener la solicitud de imputación por terrorismo a Puigdemont. En todo caso, lo que es cierto es que la sintonía entre Junts y el Gobierno va "in crescendo" y el clima de confianza entre ambas formaciones va mejorando, más aún tras declaraciones como las de la vicepresidenta Teresa Ribera señalando al juez García-Castellón.

Pese a todo, Junts va a mantener su enmienda para derogar ese precepto d del artículo 2, para que no quede constancia del término terrorismo (de hecho, ha pactado otro redactado con el PNV), además de otras diez. Entre esas enmiendas, aparece una que tiene como objetivo ampliar el marco temporal de la amnistía a noviembre de 2011 (dos meses más de lo previsto) para dar protección a los independentistas ante las actuaciones indagatorias del Tribunal de Cuentas; también aparece otra que pretende evitar que las cuestiones prejudiciales a la justicia europea impidan retrasar la aplicación de la medida de gracia.

Pilar Vallugera, de ERC, también se ha mostrado en la misma línea, y ha explicado que están haciendo todos los esfuerzos para tratar de "blindar" la ley ante las decisiones que puedan tomar los jueces que investigan causas relacionadas con el "procés".

En cualquier caso, de las 46 enmiendas que se han presentado a la ley de amnistía, en la sesión de Ponencia quedaron nueve introducidas en el texto legal. Este martes han incorporado dos enmiendas transaccionadas (pactadas) por los grupos promotores de la amnistía: la del terrorismo, que afecta al apartado d del artículo 2, y otra al artículo 4 sobre los efectos de la amnistía sobre la responsabilidad penal. De esas 46 enmiendas, hay doce de Junts y cuatro de ERC, mientras que hay ocho pactadas por los republicanos y el PSOE. Además, hay 22 enmiendas del PP.

La diputada del PP María Jesús Moro ha señalado que "es muy preocupante" que el PSOE acepte enmiendas sobre terrorismo y ha afirmado que la amnistía es una ley "que conlleva en romper en añicos los cimientos de la democracia". "Estos 16 artículos son corrupción en estado puro", ha añadido, contraponiendo que la mayoría de españoles debe cumplir las leyes, mientras un "puñado" de ciudadanos queda impune porque Sánchez necesita a los independentistas para gobernar. "Tenemos un gobierno que ampara terroristas y, al mismo tiempo, ataca a los jueces. El gobierno se ha convertido en un problema", ha afirmado Miguel Tellado, posteriormente.

El diputado de Vox Carlos Flores ha señalado que "el terrorismo callejero" sí quedará amnistiado con estas enmiendas a la ley y eso va a hacer que España "incumpla sus obligaciones internacionales".

El diputado del PSOE Francisco Aranda ha reivindicado que la ley de amnistía es "respetuosa" con la Constitución y ha cargado contra el PP por haber "llevado al barro a los servicios jurídicos", haciendo referencia velada al informe de los letrados del Congreso que pone en duda la constitucionalidad de la medida de gracia.