La agenda de López Madrid desveló la comisión que pudo ir al PP de Madrid

Ignacio González aseguró en una conversación que no recibió los 1,4 millones, aunque creía que el ingreso era para él

El consejero de OHL, Javier López Madrid, a su salida el pasado 22 de abril de la Audiencia Nacional de Madrid tras prestar declaración
El consejero de OHL, Javier López Madrid, a su salida el pasado 22 de abril de la Audiencia Nacional de Madrid tras prestar declaración

Ignacio González aseguró en una conversación que no recibió los 1,4 millones, aunque creía que el ingreso era para él.

La adjudicación a la constructora OHL de las obras del tren Mòstoles-Navalcarnero ha sacado a la luz el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al PP de Madrid para «sanear» sus cuentas de cara a la campaña electoral de 2011. Pero, ¿cómo han llegado los investigadoras a esta conclusión? Hay un elemento clave: la agenda incautada al consejero de esa empresa Javier López Madrid, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras haber declarado la pasada semana ante el juez Eloy Velasco dentro de la conocida como «operación Lezo».

En esa agenda hay una hoja donde constan anotaciones que cronológicamente están muy próximas a la adjudicación de la citada obra pública. En la hoja anterior aparece la fecha 25/07/07 y en la siguiente 12/09/07. La adjudicación del contrato se realizó el 22 de octubre de ese mismo año es decir, en fechas muy próximas a las citadas anotaciones.

En el cuaderno del yerno de Villar Mir -presidente de OHL y que ayer fue incluido como investigado por el juez Eloy Velasco-, también aparecen anotaciones, igualmente en fechas próximas a la adjudicación de ese contrato, en las que se venía a decir que había que darle la instrucción de «Nacho», que era como habitualmente se conocía a Ignacio González, al que entonces era consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada, encargado de firmar el contrato de la citada obra ferroviaria, para que OHL fuese la finalmente adjudicataria de la misma.

Y es que, desde fuentes de la investigación, se destaca que ningún directivo de una empresa que opte a la concesión de una obra pública debe dar nigún tipo de información, y menos instrucciones, a la entidad adjudicataria, toda vez que el resultado del consurso debe ceñirse de forma exclusiva a la valoración de las ofertas, teniendo en cuenta excluisivamente los principios de la contratación pública.

De esta forma, y en relación con esa comisión, se han intervenido dos conversaciones de Ignacio González con Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, y con Eduardo Zaplana, el ex presidente madrileño llega a calificar de «montaje» el vídeo del espionaje en Colombia, donde se hace referencia a la sociedad pañameña Lauryn Group Inc, a un determinado banco suizo y a un bufete de abogados radicado en Panamá.

En esas conversaciones sale a relucir el documento que habría recibido con la información de la supuesta comisión y que González negó en ese momento. Pero algo debió entonces fallar, ya que el propio López Madrid le reconoció que pensaba que la comisión era para él.

Además, aportó datos más que reveladores sobre esa comisión; datos que le habrían sido aportados por el propio López Madrid –quien fue investigado dentro de la «operación Púnica» y condenado por el caso de las tarjetas black–.

Esos fondos habrían salido desde México y del titular de la cuenta de Suiza donde se habría recibido, el empresario Adrián de la Joya, que quedó en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante el instructor de este procedimiento. En esas conversaciones llega a decir que «no investigan de dónde viene el dinero, y a mí me dicen que sale de México, de las cuentas de OHL allí, que no sé cómo se llamará, si OHL o las empresas...».

Desde esta cuenta, el dinero pudo llegar al PP de Madrid para financiar la campaña de 2011. Eso es lo que, precisamente, están tratando de escaclarecer los investigaciones, si el dinero fue a los populares de Madrid o cargos públicos en concreto que tuviesen capacidad de influir en las decisiones en su beneficio.

En este sentido, desde fuentes de la investigación se considera «lógico» que si el directivo de una empresa decide pagar una comisión en relación con la adjudicación de una obra, lo haga, de forma directa o indirecta, a algún cargo público que tenga poder suficiente para influir en el resultado del concurso.