La ayuda del Estado en 2012 a la Generalitat llega al 1,11% del PIB

El Gobierno ha trasladado al Ejecutivo catalán su disposición a seguir garantizando su liquidez. Ha exigido lealtad con el déficit. y con la Ley. Hacienda estudia la respuesta a la desviación del déficit

El Constitucional ha frenado en seco por tres veces el desafío soberanista de Mas al Estado; la última, al suspender la aplicación del euro por receta. Antes rechazó el impuesto a los depósitos bancarios y las tasas judiciales.
El Constitucional ha frenado en seco por tres veces el desafío soberanista de Mas al Estado; la última, al suspender la aplicación del euro por receta. Antes rechazó el impuesto a los depósitos bancarios y las tasas judiciales.

El conjunto de medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 para apoyar la liquidez de la Generalitat de Cataluña representa el 1,11 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España. El balance del cierre presupuestario del ejercicio anterior está en pleno proceso y a mediados de febrero el Gobierno hará oficial la cifra de déficit de todas las administraciones públicas y también se conocerá la de las comunidades autónomas.

En esta etapa toca terminar la fiscalización de las cuentas públicas y de la ejecución presupuestaria de cada de una de las administraciones. Momento en el que están creciendo las presiones sobre el Ministerio de Hacienda para que levante la mano y revise también los objetivos de déficit. A Cataluña, Andalucía y otras comunidades, también del PP, no les cuadran las cifras. Pero, de momento, la respuesta de Hacienda es que los compromisos se tienen que cumplir y que el Gobierno ya ha cumplido su parte con el paquete de ayudas que ha ofrecido a las comunidades para sostener su liquidez.

Cataluña es uno de los casos más delicados por su peso en el conjunto de la economía y por el componente político que rodea a cada una de las decisiones que la afectan. El Gobierno ha pasado a limpio las cifras del dinero que ha recibido en el último año para utilizarlas como argumento en la negociación que sigue abierta. Los canales de comunicación política están rotos y en estos momentos no hay interlocución entre la Generalitat y la presidencia del Gobierno, pero siguen funcionando los económicos.

Las cifras oficiales señalan que en el caso de las medidas de apoyo a la liquidez de Cataluña, la ampliación del periodo de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación, de 60 a 120 mensualidades, ha representado el 0,03 por ciento del PIB (330 millones); la concesión de anticipos a cuenta de la liquidación estimada del sistema de financiación de 2010, el 0,09 por ciento del PIB (945 millones); la concesión de anticipos adicionales a reintegrar en 2012, el 0,10 por ciento del PIB (1.010 millones); la línea ICO-Vencimientos de 2012, el 0,12 por ciento del PIB (1.304 millones); el Plan del Pago a Proveedores, el 0,25 por ciento del PIB (2.665 millones); y el Fondo de Liquidez Autonómico, el 0,52 por ciento del PIB (5.433 millones). En total, 11.687 millones, el 1,11 por ciento del PIB.

El Ejecutivo ha trasladado formalmente a la Generalitat su intención de seguir apoyándola financieramente para evitar su quiebra. El mensaje ha sido claro: no habrá problemas y se buscarán los recursos necesarios para seguir garantizando la liquidez de la Generalitat. Pero dentro de un «feed-back» que exige «lealtad» en el cumplimiento de los compromisos y en el respeto a la legalidad.

La tensión sigue sin ser resuelta porque hasta ahora la respuesta que ha recibido Hacienda no anula la posibilidad de que tenga que estudiar la aplicación de los mecanismos de sanción que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria para corregir las desviaciones del déficit. «No nos lo ponen fácil cuando el mensaje que nos dan es que no cumplen ni tienen intención de seguir cumpliendo», sostienen desde el Gobierno. En cualquier caso, de las advertencias verbales a las decisiones ejecutivas hay un largo camino lleno de obstáculos.

El Ejecutivo se va a pensar muchísimo las consecuencias de todas las decisiones que adopte en relación a Cataluña por ese factor político antes mencionado que lo condiciona todo. Por un lado, no puede lanzar el mensaje al conjunto de las comunidades, y a Bruselas, de que permite que la Ley no se cumpla; pero, por otro, sabe que no puede dejar caer a ningún Gobierno autonómico porque la quiebra de una parte del territorio afecta inevitablemente a la confianza sobre el conjunto. Para saber en qué queda el pulso habrá que esperar hasta finales de febrero, y mientras Madrid intentará apurar las vías de negociación en marcha para resolver el problema con el menor coste para las dos partes.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es de los que creen que conviene que la solución para el desafío catalán venga de la reflexión y de la rectificación en Cataluña. Y en Moncloa ponen como ejemplo lo que ha ocurrido con la declaración soberanista que CiU y ERC quieren que apruebe el Parlamento catalán el próximo día 23. Sostienen que la rectificación ha sido obligada por la falta de apoyos, porque ni el empresariado ni los demás partidos ni tampoco Unió, socio de CDC, se han querido hacer copartícipes de un proyecto tan claramente rupturista. «Hasta los dos principales periódicos catalanes se han pronunciado en contra en críticos editoriales», subrayan. A partir de este ejemplo, mantienen que «la mejor solución» es que poco a poco los agentes sociales catalanes rompan el silencio y empiecen a lanzar señales de advertencia a la élite gobernante. Entretanto, la postura de Rajoy la retrató muy visualmente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado martes en una entrevista en Antena 3. «Si vienen a buscarte, lo mejor es que te encuentren en tu sitio». Es decir, «serenidad y firmeza» en el discurso para no dar argumentos a los que creen que la solución para sus problemas personales está en la bandera y en la ruptura, explican en Moncloa.