La Fiscalía comunicará a la Junta Electoral que Otegi no puede ser candidato a lehendakari

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha anunciado que su departamento informará a la Junta Electoral de las condenas que pesan contra el candidato a lehendakari de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

La Fiscalía comunicará a la Junta Electoral la sentencia que condenó al secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, por delitos de terrorismo relacionados con ETA para que surta los efectos oportunos ante su posible presentación a las elecciones.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha realizado hoy este anuncio al ser preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa celebrada en la Fiscalía General relacionada con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Otegi salió recientemente de la cárcel tras cumplir seis años y medio de prisión y estaría inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021.

Consuelo Madrigal ha dicho que la Fiscalía va a remitir los antecedentes del procedimiento de la Audiencia Nacional en relación con esta condena a la junta electoral a efectos de su inhabilitación de su derecho de sufragio pasivo.

La Fiscalía recuerda que contra el exportavoz de Batasuna no solo pesa una condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público sino también otra de inhabilitación especial para el sufragio pasivo.

La fecha de inicio del cómputo de esta condena no arrancó hasta septiembre de 2014, día siguiente a que cumpliera la pena de inhabilitación absoluta impuesta en un procedimiento anterior, su participación en 2005 en el homenaje al etarra José María Sagarduy en el municipio vizcaíno de Amorebieta.

Las bases de la coalición EH Bildu han elegido a Arnaldo Otegi como candidato a lendakari en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo otoño. EH Bildu ha informado en un comunicado del resultado de las asambleas celebradas en los últimos días en diferentes localidades de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que se ha ratificado la propuesta de que Otegi fuera designado candidato a lendakari.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pondrá en marcha la maquinaria judicial para que se cumpla la pena de inhabilitación que pesa sobre Otegi en cuanto el líder de Sortu formalice su candidatura a lendakari. Así lo confirmaron a LARAZÓN fuentes jurídicas, que recuerdan que el ex portavoz batasuno –en libertad desde el pasado 1 de marzo– está inhabilitado para presentarse como candidato y ejercer un cargo público hasta el 28 de febrero de 2021.

Y es que, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo (TS) rebajó de diez a seis años y medio de cárcel la condena que le impuso la Audiencia Nacional por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune, pero mantuvo los diez años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (que le impide siquiera presentarse como candidato a unos comicios) y para el ejercicio de empleo o cargo público.

En el momento en que EH Bildu dé el paso de presentar su candidatura con Otegi a la cabeza, el departamento que dirige Javier Zaragoza tiene previsto instar al tribunal que le condenó, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, a remitir a la Junta Electoral la resolución del pasado enero en la que la Sala ratificó que esas penas de inhabilitación están en vigor hasta febrero de 2021.

La Audiencia desbarató en esa ocasión los argumentos de su defensa para permitir que Otegi se presente como candidato: el precedente del diputado de BilduIker Casanova, que pese a que fue inhabilitado para ejercer un cargo público hasta el próximo noviembre, tras salir de prisión en noviembre de 2011 se presentó como candidato en las listas de EH Bildu por Vizcaya en las elecciones vascas del año siguiente y, pese a no resultar elegido, finalmente tomó posesión en 2014 como parlamentario en la Cámara vasca en sustitución de Laura Mintegui.

Dignidad y Justicia denunció a Casanova por quebrantamiento de condena, pero la Fiscalía General del Estado le recordó que ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo especificaron en sus sentencias, como exige el CódigoPenal, a qué cargos afectaba esa inhabilitación especial, una carencia que se repitió en la condena al secretario general de Sortu en el «caso Bateragune».

Ahora, Otegi volverá a esgrimir la «vía Casanova» para intentar conseguir encabezar la lista de EHBildu en los próximos comicios vascos. Y lo hará escudándose en dos autos del Supremo de junio y julio del pasado año en los que el Alto Tribunal ratifica la obligación «imprescindible» de precisar en sentencia «los empleos, cargos u honores sobre los que recae la inhabilitación».

Con todo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia hizo oídos sordos a los argumentos de la defensa de Otegi y, a instancias de la Fiscalía, cerró la puerta a que Otegi se presente a las elecciones hasta febrero de 2012, cuando la pena de inhabilitación llegue a su fin. Además, el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo reprochó al ex portavoz batasuno que no hubiese planteado la cuestión hasta diciembre del pasado año, pues su defensa no recurrió ni la firmeza de la sentencia condenatoria ni el cálculo definitivo de la duración de esa pena de inhabilitación.