La Fiscalia de la Audiencia Nacional presentará en los próximos días un informe en el que se opone a la puesta en libertad provisional de los ocho detenidos por por su presunta vinculación con el «Frente de cárceles» de ETA, quienes se encuentran en prisión desde el pasado 13 de enero, acusados de un delito de integración terrorista, entre ellos, los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza De esta forma, el Ministerio Público se opondrá al recurso interpuesto por los arrestados, y, por ello, pedirá que los arrestados continúen prisión provisional, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.En el recurso que está ultimando el Ministerio Fiscal se incidirá, entre otros motivos, en el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad de que puedan incluso destruir pruebas.Además, se da la circunstancia de que en los dos abogados citados concurre la circunstancia de reiteración delictiva, ya que ambos están imputados, también por un delito de integración en organización terrorista, desde 2010 por pertenecer a una sección del aparato de ETA encargada de los presos, el colectivo denominado «H-Alboka».La gravedad de los hechos de los que se acusa a los ocho arrestaos en esta operación policial contra la organización terrorista ETA ya lo recogía en el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto en el que decretaba el ingreso en prisión provisional de todos ellos.Así, señalaba que la dirección del «frente de cárceles» –encabezada supuestamente, al menos desde feberero de 2013, por los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza era el «órgano del que se ETA» para el control de los presos de la banda terrorista.

De esta forma, Arantza Zulueta visitaba presos etarras en cárceles españolas, pero solo lo hacía a los integrantes elegidos por las estructuras del EPPK (colectivo de presos) , para «ejecutar la red de distribución de notas y avisos para y hacia la organización terrorista ETA respecto de sus presos, todo mediante mecanismos clandestinos con la idea de ejercer el control de este colectivo asi como fuera de la cárcel de los distintos entramados de apoyo social y familiar de los mismos».A lo largo de su auto, el magistrado sostiene que ese organismo, el KT, «Koordinazioa Taldea» (grupo de coordinación en euskera), disponía de «un grado tal de autonomía en la gestión deldestino penitenciario de los presos» de la banda que actuaba «como un brazo operativo más dela ETA misma». Era, en definitiva, «el enlace que permite la comunicación directa entre la dirección de ETA y sus militantes en prisión», que tenía, entre otros objetivos, evitar cualquier tipo de «disidencias» o «soluciones penitenciarias individualizadas».

Así, los detenidos serían los encargados de distribuir entre los presos los «rulos o canutillos en papel cebolla» para el intercambio de comunicaciones entre ETA y sus presos en España y Francia.La conclusión a la que llega el juez es que los principales dirigentes del citado «frente de cárceles» eran Zuluieta y Emparantza, pues durante los periodos de prisión preventiva en que estuvieron tras sus arrestos en 2010, «la actividad concreta de los órganos de representación del frente de presos de ETA fueron significativamente casi inexistentes, al ser ellos dos sus principales dirigentes e impulsores y los que realizaban las concretas comunicaciones directas con las otras estructuras (principalmente la dirección armada) de ETA».