La Generalitat tenía desde 2016 un informe con las irregularidades del 3%

Las empresas ingresaban fuertes sumas a fundaciones de CDC tras la adjudicación de las obras.

El prófugo y ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont debía conocer las «mordidas» obtenidas por fundaciones vinculadas a Convergéncia Democrática de Cataluña por las concesiones de obras públicas que después «colaboraban» a la hora sanear las arcas de CDC, pese a que en más de una ocasión lo negó. Su tesis sólo se mantendría si una empresa pública dependiente del propio Govern catalán, «Infraestructures de la Generalitat SAU», no le hubiese dado cuenta del informe que realizó en octubre de 2016, un documento interno que elaboró sobre un importante número de esas adjudicaciones y donde se ponían de manifiesto importantes «irregularidades» en las mismas. Y máxime cuando dentro de esa comisión formaban parte Anna Ribas, del Departamento de Presidencia, y Neus Colet, del Departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda. Cuando se redactó ese informe por la comisión interna creada al respecto Puigdemont llevaba ya varios meses como inquilino del Palau.

Además de Anna Ribas y Colet, la comisión la integraban otros tres cargos de la Generalitat: Ramón Torno, Ramón Valls Mercé Corretja, de los departamentos de Territorio y Sostenibilidad, Educación y Asuntos y Relaciones Institucionales y Transparencia. Por parte de la mencionaba empresa pública estaban Ignasi Roger, Pere Rovira y Carles Solá. Ese informe –incautado por la Guardia Civil el junio del pasado año en el registro de la empresa de la Generalitat– pretendía «arrojar luz» sobre esas adjudicaciones y en base a la investigación judicial relacionado con el «caso del 3%», aunque, a la vez, deja claro que muchos documentos «son poco concretos, sobre todo en las valoraciones técnicas de expedientes de obras».

Así, respecto a la «valoración económica», la comisión puso de relieve cómo se había modificado, «supuestamente justificada» pero que, en realidad, la previsión recogida en los pliegos «no deja de ser una alteración de las ofertas con efectos sobre terceros». Además, en lo que afectaba a la «valoración técnica», la comisión también objeta que se dejaba «al evaluador un amplio margen de subjetividad» y que los informes justificativos incluidos en los expedientes de licitación tampoco se pueden considerar clarificadores.

Sin embargo, la conclusión más significativa de la comisión es la siguiente: el estudio de 15 licitaciones en el periodo investigado (2011-2015) señala que en 13 «se cambiaron las valoraciones iniciales» y en 8 de ellas, además, hubo cambio en el adjudicatario por la variación de las valoraciones. El informe pasa a relatar a continuación cómo estos cambios en las valoraciones de las ofertas llegaron a producir que una empresa que había quedado en el puesto 18 pasara el primero y se llevara la obra. Y por su fuera poco se hace una relación de las reuniones mantenidas entre los responsables de infraestructuras de la Generalitat y las generosas donaciones que estas constructoras realizaban a CatDem.

Entre las obras figura una en el Campus Diagonal Besos, de Barcelona. La adjudicataria fue Copisa (que durante los años 2008 y 2014 realizó donaciones a la Fundación Catdem por un montante de 525.000 euros). Sin las modidicaciones hubiese resultado ganadora Comsa, que vio reducida su puntuación técnica inicial. A este respecto, la Guardia Civil enumera las reuniones que el ex directivo de Copisa Xavier Tauler mantuvo con José Antonio Rosell, ex director general de infraestructuras, «con anterioridad, durante y posteriormente al proceso de contratación y las diversas donaciones que dicha mercantil ha realizado a CatDem». Estas reuniones constan en la agenda electrónica de Tauler, requisada por le Guardia Civil en un registro realizado previa autorización judicial.

En otra obra, en La Canaleta de Vila-seca, la adjudicataria fue Deco, que fue favorecida por la modificación, debido a su mejor oferta económica. Sin las modificaciones, la ganadora hubiese sido Acsa. En la agenda que se le incautó a Andreu Viloca, administrados de CatDem y CDC, se reseñan numerosos encuentros entre éste y Antoni Cañellas Antó, presidente de Deco, que realizó donaciones a CatDem por valor de 50.000 euros.

En unas obras en la Ronda de Prim de Mataró, «las modificaciones en la adjudicación son de carácter muy marcado. Una UTE, formada por dos empresas, que obtuvieron la puntuación técnica más elevada, se vio reducida en las modificaciones de forma drástica. Resultó ganadora la UTE Grupo Soler y Oproler, la cual sólo vio modificada su puntuación en pequeña escala, favoreciéndole el descenso de la puntuación de la que figuraba en primera posicicón. Estas empresas, junto con Carrers i Obres, realizaron donaciones a CatDem por valor de 195.000 euros. La Guardia Civil reseña, asimismo, las numerosas reuniones de Viloca con Jordi Soler, del Grupo Soler, antes de la fecha del anuncio del concurso hasta su adjudicación.

En otra obra en Viñoles de Mora de Ebro, dos empresas parten con la misma puntuación pero se sube un punto a Servidel, que se quedó con la adjudicación. En otra licitación, en Prat de Llusanes, la obra fue para Romero Gamero, pese a que empataba con otras dos empresas. Esta compañía pasó del puesto 18 al primero después de las modificaciones. La adjudicataria ingresó en CatDem 22.000 euros. La Guardia Civil recuerda las numerosas reuniones de Viloca con Joan Romero Rogasa.

En San Hipolít de Llobregat, las obras en una escuela fueron adjudicadas a Certis, que estaba en última posición. Tras la valoración tuvo un incremento de puntuación de 9,5, que la colocó empatada con la primera. Certis ingresó en CatDem 75.000 euros.

Sabadell. Obras en una escuela. La Guardia Civil, siempre siguiendo lo que investigó la propia Generalitat, señala que éste es uno de los casos más significativos. Había dos empresas empatada en primer lugar, pero la adjudicataria fue una UTE impulsada por el Grupo Ortiz, del que se ofrecen datos en un cuadro que se publica en esta misma página sobre los ingresos a CatDem desde la empresa matriz y sus afiliadas por un total de 200.000 euros. También en este caso, la Benemérita reseña las reuniones entre directivos del grupo y Andreu Viloca.

Así funcionaba la trama

El informe de Infraestructuras de la Generalitat, recogido y ampliado por la Guardia Civil, describe en detalle la cronología de la trama desde que sacaba la obra a concurso hasta que se producía la aportación a la fundación de Convergéncia. Entre medias están situadas en el calendario las diversas reuniones entre dirigentes de la Generalitat y directivos de las constructoras y las modificaciones en las valoraciones de las ofertas que determinaban quién se llevaba finalmente la obra.