La Junta oculta los expedientes sobre UGT vinculados a fondos de empleo

La Razón
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Las sospechas sobre el mal uso de los fondos públicos destinados a la formación de desempleados vienen de años atrás. Incluso existen ramificaciones entre empresas que han obtenido dinero del fondo de los ERE o de Invercaria que también han recibido ayudas para impartir cursos para los parados.

El 17 de octubre de 2012, el PP formalizó una petición a través del Parlamento para consultar diversos expedientes de ayudas. Los populares ya denunciaron entonces que existían numerosos informes de reparo por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía a subvenciones concedidas con cargo a esta partida, que se nutre de fondos europeos. Desde esa fecha, la oposición sólo ha podido hacer una visita a la Consejería de Hacienda y Administración Publica –el 29 de enero de 2013– y consultar –sin fotocopiar, escanear o fotografiar la documentación– una mínima parte de la documentación requerida.

Entre las peticiones que hizo en su día el PP se encuentran informes de reparos del órgano fiscalizador a subvenciones, entre otros de UGT-A –también de CC OO–. La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado esta semana a la unidad adscrita de la Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos de formación de UGT, tras las informaciones aparecidas en el diario «El Mundo» que apuntan a la posible falsificación de facturas para financiar gastos ajenos a los desempleados.

Según aseguró ayer el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, las discordancias de los interventores sobre determinadas facturas afectan a «bastantes millones de euros».

El PP reclama que se auditen «euro por euro» todos esos fondos, que entre 2001 y 2010 alcanzaron los 4.000 millones de euros.

El portavoz precisó que la solicitud de los expedientes de formación para el empleo comprende desde 2008 hasta ahora, pero baraja la posibilidad de ampliarlo al año 2001, e insistió en demandar una auditoría completa de la Consejería de Empleo, que es la «más salpicada por los escándalos». Rojas mostró su sorpresa por que la Junta hasta ahora no haya dicho nada sobre estas supuestas irregularidades. En su última declaración ante la juez Mercedes Alaya, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero ya puso el foco sobre la Dirección General de Formación y Empleo y argumentó que mientras él manejaba unos 54 millones de euros al año, este Departamento tenía a su disposición 290 millones.