La Junta reclama 15,3 millones a UGT-A por el caso de las facturas falsas

La Junta de Andalucía ha reclamado a la UGT-A la devolución de 15,3 millones por las irregularidades detectadas en 21 expedientes de subvenciones por importe de 25,5 millones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación por las facturas falsas.

La Junta de Andalucía ha reclamado a la UGT-A la devolución de un total de 15,3 millones de euros por las irregularidades detectadas en veintiún expedientes de subvenciones por importe de 25,5 millones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha comparecido hoy en el Parlamento para informar de los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT, que inició la Junta hace más de un año tras la publicación de un presunto desvío de subvenciones sindicales para sufragar gastos corrientes del sindicato con facturas falsas y que ha derivado en una investigación judicial.

En su segunda comparecencia sobre este caso, Maldonado ha elevado a 10,4 millones el importe que reclama en los procedimientos de reintegros, que se suman a los 4,9 millones que había cifrado hasta principios de septiembre, aunque, según UGT, estos últimos expedientes sumaban 3,5 millones.

El consejero ha detallado que de los 10,4 millones, 3,9 millones corresponden a siete expedientes de subvenciones otorgadas por la Dirección General de Relaciones Laborales. En este caso y hasta la fecha la UGT-A ha interpuesto recurso contencioso administrativo en dos de esas resoluciones por importe de 1,8 millones.

Otros 2,9 millones que reclama la Junta para su reintegro corresponden a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, y otros 3,6 millones al Servicio Andaluz de Empleo.

En el caso del SAE, el sindicato UGT ha presentado un recurso en tres de estas resoluciones solicitando la suspensión de la resolución de reintegro por importe de 3,1 millones.

Un caso que genera «alarma social»

El consejero ha asegurado que el Gobierno andaluz no hace una “causa general” sino que se trata de un caso particular que había generado “alarma social”, y ha garantizado el rigor de la investigación administrativa que la Junta ha llevado a cabo durante más de un año sobre veintiún expedientes de ayudas a UGT y en los que se han detectado que las cantidades “no estaban bien justificadas”.

Ha recordado que esos expedientes están en poder del juzgado que investiga el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A y ha resaltado que la Junta ha hecho lo que los servicios jurídicos le han marcado.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo y la dedicación de los funcionarios que han participado en esta labor de revisión de expedientes, que ya ha concluido.

La oposición pregunta por las «facturas falsas»

El diputado del PP Rafael Carmona ha llamado la atención por el hecho de que le reclame la devolución de más de la mitad del importe de los expedientes investigados, ya que suman casi 26 millones y les exigen el reintegro de 15,3 millones.

También ha emplazado al consejero a que desvele si había o no facturas falsas y, en el caso de que sea así, le ha recordado que está obligado a adoptar actuaciones judiciales por indicios de delitos penales, al tiempo que le ha preguntado si la Junta ha seguido dando subvenciones a UGT tras este caso.

En representación de Izquierda Unida Ignacio García ha cuestionado al consejero sobre si este caso se ha producido por las exoneraciones en la justificación de las ayudas que ha practicado la Junta durante algunos años, y ha mostrado su preocupación por si este caso pudiera afectar a los fondos europeos que recibe Andalucía.

El diputado del PSOE Carmelo Gómez ha valorado el ejercicio de transparencia del Gobierno andaluz y ha sostenido que hay que “tomar nota” para que no ocurra en el futuro.