La Junta repartió los fondos de los ERE sin sus letrados

El relato de lo que pasó desinfectado por el olvido se impone en las declaraciones del primer juicio de los ERE. «No lo recuerdo», o la versión «lo conozco ahora –por la causa en curso– pero no recuerdo» fueron las respuestas más repetidas ayer por quien fuera el jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 1982 y 2012, Francisco del Río. Su ignorancia es tal que de sus palabras se puede desprender que el Gobierno regional repartió los 741 millones en los que se esconde el presunto fraude sin contar con su equipo de letrados.

Del Río rompió su silencio, ya que se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citado por la primera instructora del «macroproceso», Mercedes Alaya, para afirmar no tener conocimiento del convenio marco suscrito en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –luego agencia IDEA–, ligado al origen del llamado «fondo de reptiles», la partida presupuestaria 31L que nutrió en esencia los ERE durante una década. Alaya lo colocó frente a una realidad: acudió a 14 sesiones del Consejo Rector de IDEA en las que se dio cuenta de la firma de 22 convenios con la Dirección General de Trabajo para abonar ayudas a los que no puso reparo. Tampoco puso objeción alguna al mencionado pacto marco, del que la jueza creía pudo haber tenido «conocimiento previo» por el cargo que ostentó. Pero el aludido lo niega. No lo vio entonces ni asistió a la reunión en la que se presentó, aunque sí lo ha leído a raíz de la apertura del «caso ERE», según le dijo al fiscal en sala. Matizó que el acuerdo debería haber sido visado por los abogados de la Consejería de Empleo, pero para que se hubiera realizado ese informe hacía falta que se lo hubieran solicitado. El ex máximo responsable del equipo jurídico admitió haber estado presente, como miembro del consejo rector de IDEA, cuando se aprobaron «cuatro o cinco» convenios particulares, si bien puntualizó que «no decía en ningún sitio» que provinieran del marco. Del Río mantuvo además ante el tribunal enjuiciador que nunca se demandó al gabinete un informe sobre el uso de las transferencias de financiación con las que se hacían llegar los fondos al IFA, el ente pagador.