La Justicia rechaza las «actitudes cercanas al acoso» contra la juez Alaya

La Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mostrado su rechazo a las "actitudes cercanas al acoso"y a las "injustificables descalificaciones personales"dirigidas a la juez Mercedes Alaya, por miembros de CC OO y UGT con motivo de la puesta a disposición judicial de los sindicalistas detenidos en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta.

Así lo expresa la Sala del Gobierno del TSJA en un comunicado hecho público este viernes "ante los incidentes ocurridos en la sede de los Juzgados de Sevilla"y en el que señala que "las actitudes cercanas al acoso a una autoridad judicial que han quedado constatadas en los medios de comunicación, así como las injustificables descalificaciones personales dirigidas contra la misma, revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho, entre las que se encuentra la independencia judicial y su respeto frente a todo tipo de presiones", informa Ep.

Junto a ello, el alto tribunal recuerda que "el procedimiento penal tiene cauces suficientes y adecuados para garantizar la defensa de las personas investigadas en una causa penal y manifestar, en su caso, la discrepancia o crítica con cualquier decisión judicial".

Al hilo de estos hechos, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya ha señalado que con lo ocurrido ayer en los juzgados de Sevilla, donde los sindicalistas gritaron consignas como 'Alaya pepera, métete en la lechera', "se sobrepasaron los límites"y ha indicado que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos".

Por su parte, fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press han recordado que la juez Alaya ya ha sido amparada por esta institución en varias ocasiones, en relación con críticas vertidas contra su labor por representantes políticos.

Las mismas fuentes añaden que lo ocurrido este jueves, con increpaciones personales por parte de sindicalistas a las puertas del juzgado, puede ser denunciado por la propia Alaya y por la Fiscalía, como han hecho algunos políticos sometidos a "escraches", si bien no parece que sea materia susceptible de amparo formal por parte del órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afeado hoy los abucheos que ayer recibió la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía, y ha resaltado la "imparcialidad"e "independencia"con la que la magistrada está llevando a cabo la instrucción.

Torres-Dulce ha hecho estas manifestaciones en declaraciones a los periodistas tras entregar la Memoria de su departamento correspondiente a 2012 al presidente del Senado, Pío García Escudero, y en referencia a los abucheos de afiliados de UGT y CCOO a la juez.

Con "todo el respeto"a una institución "tan importante"como es un sindicato y a su derecho a manifestar cualquier opinión crítica a una decisión judicial, Torres-Dulce ha rechazado "terminantemente"la forma en que se llevó a cabo esa protesta.

Porque se hizo, ha añadido el fiscal general, "prácticamente en sede judicial y ante una autoridad judicial que está investigando con la independencia y la imparcialidad necesaria, exigible y constitucionalmente impuesta al poder judicial".

Ha recordado que la tramitación de un proceso judicial debe estar "exenta de cualquier tipo de presión o manifestación"y se ha mostrado convencido de que los abucheos de ayer no van a afectar a la independencia, objetividad e imparcialidad de la juez Alaya.

A su juicio, las formas de expresar las críticas o las disidencias "en modo alguno pueden sobrepasar ciertos límites que muy posiblemente se sobrepasaron ayer en Sevilla".

Preguntado si los abucheos de los sindicalistas pueden tener consecuencias penales, Torres Dulce ha señalado que en primer lugar corresponde a las fuerzas de seguridad garantizar que "los derechos de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos", y también "asegurar la independencia de actuación y la seguridad de los miembros del poder judicial".

Es en ese terreno en el que el Consejo General del Poder Judicial "dirá lo que estime procedente", ha explicado Torres-Dulce, quien ha insistido en que situaciones como las de ayer que pueden afectar a jueces y fiscales "no van a tener ningún tipo de repercusión"en las decisiones que Alaya va a tomar "con la imparcialidad y legalidad a la que está sujeta".