La ley de Rajoy que Santamaría frenó

El PP la creó como «arma» frente al independentismo pero su desarrollo dispositivo la hizo inviable.

La Ley de Seguridad Nacional ha pasado a primera línea del debate político como solución casi mágica para responder a la crisis catalana. El PP abrió la veda y al Gobierno en funciones le ha faltado tiempo para apropiarse de la idea en su campaña electoral. Los estrategas de Pedro Sánchez no quieren dejar hueco que pueda ser utilizado por el constitucionalismo para sostener que el candidato socialista hace dejación de funciones en la respuesta a los ataques del independentismo. Moncloa asegura que bastaría con un Real Decreto para blandir la Ley de Seguridad Nacional contra un recrudecimiento de la ofensiva rupturista, si los llamamientos a la desobediencia civil se descontrolan y terminan convertidos en un problema de orden público.

Pero la realidad no es tan sencilla como dibujan ahora por interés electoral. Hay dudas y grietas en el armazón legal alternativo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dudas que ya marcaron el debate que afrontó el Gobierno de Mariano Rajoy como gestor de la respuesta al desafío de la declaración unilateral de independencia y al referéndum ilegal.

El Gobierno de Rajoy fue el inventor de la Ley de Seguridad Nacional. Es un proyecto pilotado por Alfonso de Senillosa, que consensuó con el PSOE, como la tradición impone con los grandes proyectos de Estado, en su etapa como director adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno y responsable del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero el Gobierno de Rajoy analizó y desestimó servirse de esta norma para responder a la ofensiva secesionista. ¿Por qué no la aplicó, por ejemplo, para coordinar a los Mossos D’Esquadra y evitar que el 1-O se produjeran los altercados que tan hábilmente ha utilizado el independentismo para alimentar su propaganda? La explicación que dan desde dentro del equipo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es que la Ley de Seguridad Nacional no es instrumento viable para atajar un problema de desorden o insurrección en Cataluña. Dicen que lo analizaron y que la ley requiere un desarrollo dispositivo que alargaba demasiado el proceso. Exigía mucho tiempo. También alegan el debate sobre si es necesario que se den condiciones propias del estado de alarma o de sitio.

Sin embargo, quienes estuvieron en la redacción del proyecto sostienen que es cierto que la ley requiere un desarrollo reglamentario. Pero también puntualizan que no tener ese reglamento hace aún más flexible su activación, y que bastaría con una decisión ejecutiva del presidente del Gobierno bajo la consideración de que por «interés general» decide actuar para mejorar la coordinación policial en Cataluña. El escollo está en las competencias en materia de seguridad de la Generalitat. La Ley de Seguridad no permite asumir esas competencias.

Este debate tiene una vertiente política derivada del poder que Sáenz de Santamaría ejerció sobre la gestión del 1-O. Sus críticos achacan a su exceso de celo, «para que nadie le quitara ninguna medalla», los errores de valoración, que se unieron a los fallos de inteligencia. Pero más allá de las luchas internas dentro del Gobierno de Rajoy, en la discusión hay también un debate de alcance de carácter jurídico y que siembra dudas sobre si realmente la Ley de Seguridad Nacional podría servir con diligencia y eficacia para atajar la respuesta del independentismo a la sentencia del «procés», si atenta contra la ley vigente o amenaza la convivencia o el orden público en Cataluña.