La línea roja del fiscal para pactar con Urdangarín y Torres: 6 años de cárcel

La negociación no ha fructificado, pero Horrach no cierra la puerta siempre que devuelvan los 6,2 millones que percibió Nóos

Las posibilidades de que las defensas de los dos principales acusados del «caso Nóos», Iñaki Urdangarín y Diego Torres, lleguen a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción depende en estos momentos de que ambas estén dispuestas a aceptar una petición de condena de seis años de cárcel y la devolución de los 6,2 millones de euros que, según el fiscal Pedro Horrach, desviaron de forma ilícita al Instituto Nóos las administraciones balear y valenciana. Ésa es, confirmaron fuentes jurídicas, la línea roja que Horrach no está dispuesto a rebajar para cerrar un acuerdo. A cambio de reconocer los hechos y de aceptar esa pena, Anticorrupción pasaría de pedir 19 años y medio para el antiguo duque de Palma y 16 y medio para Torres, a un mínimo de «seis o siete años», añadieron esas mismas fuentes. No obstante, la batería de delitos que se les imputa continuaría siendo la misma: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, blanqueo, estafa, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

Al margen de las condiciones, el principal impedimento para un posible acuerdo reside en que, en todo caso, esas peticiones de penas más benévolas no supondrían automáticamente que el tribunal no pudiese imponer unas condenas más severas, pues la acusación popular que ejerce Manos Limpias pide para Urdangarín 26 años de prisión y para su ex socio, 22 y medio, que sería, en cualquier caso, el tope que podría acordar la Audiencia de Palma.

Hasta ahora, sin embargo, las «dos o tres reuniones» que, según las fuentes consultadas, han mantenido en Palma los abogados de los antiguos socios con el fiscal han resultado infructuosas, pese a que la Fiscalía vería con buenos ojos que se cerrase un pacto para «minimizar» la repercusión mediática del proceso. «Han hablado varias veces, pero no hay acuerdo», precisan las fuentes consultadas.

El tiempo, sin embargo, no corre a favor de Urdangarín y Torres, pues Horrach tiene ya «muy avanzados» los acuerdos de conformidad con los cinco acusados de la supuesta trama balear, imputados por los convenios firmados con el Instituto Nóos para la organización de sendos congresos sobre turismo y deporte en 2005 y 2006, que reportaron a la asociación sin ánimo de lucro 3,4 millones de euros. Cerrado el pacto hace tiempo con el ex director balear de Deportes José Luis Ballester, «Pepote», el fiscal estaría «a punto de cerrar» tratos similares, según fuentes conocedoras de las negociaciones, con las defensas de Gonzalo Bernal, ex gerente de la Fundación Illesport; Miguel Ángel Bonet, ex responsable del departamento jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y Juan Carlos Alía, antiguo director gerente de este organismo, y tendría «muy encaminado» un acuerdo de conformidad con el ex presidente balear Jaume Matas después de que éste pusiera recientemente a disposición de la Audiencia de Palma su palacete (en realidad, el 50% que le corresponde del inmueble) para hacer frente a posibles responsabilidades civiles derivadas de la sentencia, condición sine qua non de Horrach para avanzar en las conversaciones.

Reconocimiento de los hechos

A cambio de avalar la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de reconocer su participación en los hechos (lo que complicaría la situación procesal de Urdangarín y Torres), todos verían reducidas sus peticiones de condena en el escrito de conclusiones definitivas de Anticorrupción.

Horrach ya retiró la acusación contra Miguel Tejeiro, ex secretario del Instituto Nóos –quien se sienta en el banquillo, como sucede en el caso de la Infanta, sólo a instancias de Manos Limpias– y alcanzó un acuerdo de conformidad con su hermano, el ex contable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, para quien pide dos años de prisión tras su confesión por escrito de los hechos.

Más complicado está que la Fiscalía cierre pactos con los cinco acusados por los convenios firmados por Nóos en Valencia de 2004 a 2006. «Están muy guerreros», apuntan fuentes al tanto de esas negociaciones.