Reforma local
La mitad del ahorro de la reforma local será en competencias «impropias»
El 46,55 por ciento del ahorro que supondrá la reforma local hasta 2019, estimado en 8.024 millones, procede de competencias impropias -servicios que asumen ahora los ayuntamientos y que son responsabilidad de otra administración-, según la memoria económica de la ley a la que ha tenido acceso Efe.
Según esta memoria, Hacienda considera que el ahorro en gasto impropio para los entes locales se producirá en los dos primeros años de aplicación de la reforma local (2014-2016) y se elevará a los 3.735.163.594 euros.
La memoria -que Hacienda ha remitido ya al Congreso- determina que 2015 será el año en el que más ahorro producirá la reforma local -5.127,9 millones de euros y un 63,9 % del total- mientras que en 2014 el gasto local se reduciría en 1.145 millones de euros (14,27 % del total) y, en 2016, se elevaría a 1.111,2 millones, un 13,85 por ciento.
El dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció como competencia "impropia"aquella distinta a la obligatoria o atribuida por delegación.
El ahorro de 3.735 millones en gasto "impropio"procederá se suprimirá el carácter obligatorio de las competencias municipales en materia de sanidad y educación con un régimen transitorio, para que las autonomías asuman de forma progresiva y en un plazo de 5 años la gestión de esos servicios. Los servicios sociales serían asumidos en un año por las comunidades.
La gestión integrada de servicios básicos y fusiones es el segundo ahorro más importante que supondrá la aplicación de la reforma, según la memoria económica que lo cifra en el 24,56 por ciento del total, 1.970 millones de euros.
Este ahorro procedería de las fusiones voluntarias entre municipios, posibilidad que recoge la reforma, así como de la opción de que los ayuntamientos puedan mancomunar la gestión de servicios sin que se tengan que transferir a las diputaciones provinciales.
Hacienda cuantifica asimismo en 837 millones de euros el ahorro que supondrá la reordenación competencial de los servicios obligatorios, así como el traslado de estos servicios a los entes territoriales que mejor los presten, y lo estima en un 10,4 por ciento del total.
El ahorro en la reordenación del personal eventual y los cargos públicos con dedicación exclusiva se cifra en 70,4 millones de euros, prácticamente un 1 por ciento del ahorro neto global.
La memoria recoge asimismo el ahorro que, en 2012, han producido las medidas adoptadas y lo cifra en 4.233,6 millones de euros.
Esto supone, según Hacienda, un 9,2 % de reducción de gasto, en comparación con el ejercicio anterior de 2011.
Por capítulos, los mayores esfuerzos de ahorro de los municipios se concentraron en los gastos de inversiones (3.067 millones de euros, lo que supone un 72,4 % del ahorro total generado) y en los gastos de personal, con 2.029,8 millones de euros y un 47,9 % del ahorro total.
La memoria económica de la reforma local también recoge otras actuaciones de los municipios que han producido ahorro en el gasto público, como la reducción de las entidades públicas locales -han pasado de 3.656 en 2009 a 3.294 en 2013-, o la supresión de empleados públicos, que entre enero de 2012 y enero de 2013 se ha reducido en 47.405 personas, un 7,94 %.
Recoge además que, en mayo de este año se recibieron 6.033 liquidaciones de los presupuestos de las entidades locales, una cifra muy superior a la del año 2012, cuando se recibieron 3.920.
Hacienda señala que han aumentado las cuentas municipales con superávit, pasando de 4.428 en 2011 a 5.615 en 2012, que los ayuntamientos han cumplido con el objetivo de déficit para 2012 fijado en el 0,3 %, situándose en el 0,15 % del PIB con los datos de Avance de Contabilidad Nacional, y que el nivel de deuda financiera también ha descendido.
Un elevado número de entidades locales están cumpliendo con los periodos de pagos a proveedores, según Hacienda, que estima que 2.041 ayuntamientos y 38 diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares están realizando sus pagos en un período inferior a 50 días, lo que se traduce en una "reducción considerable"de los importes pendientes de pago.
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