La reforma electoral pendiente: ¿Quién tiene miedo?

Ciudadanos y Podemos, con sus prisas por acelerar la reforma electoral, han desenterrado otra vez un debate siempre abierto: el de las reglas del juego que deben aplicarse para repartir los escaños según el resultado que arrojen las urnas. Informa Sonia López/Efe.

Unas reglas que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar. Durante décadas PP y PSOE se han opuesto a cualquier reforma de la legislación electoral que pusiera en peligro el bipartidismo y la alternancia en la que convivían cómodos.

La irrupción de Podemos y Ciudadanos en el escenario político y parlamentario rompió ese bipartidismo, lo que llevaba a pensar que la reforma pendiente se abriría paso, aunque hoy ya no parece que vaya a ser así dados los recelos del PP y PSOE.

No sólo ellos, también los nacionalistas han rechazado hasta ahora un cambio electoral que les haga perder peso en el Parlamento.

DISTORSIONES DEL MODELO ESPAÑOL

La ley electoral española, oficialmente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), data de 1985, aunque ha sufrido ligeras modificaciones, la de mayor calado en 2011.

Su reforma para lograr una mayor proporcionalidad es una vieja reivindicación de IU, partido que históricamente ha sido el más perjudicado por el sistema, igual que lo fue durante años UPyD.

El modelo español es teóricamente proporcional, pero se aplica con una circunscripción provincial que genera incluso efectos adversos.

Beneficia a las grandes mayorías y castiga a los partidos pequeños de ámbito nacional, como IU, al tiempo que premia a los nacionalistas y a los partidos de ámbito más local.

El sistema electoral establece que cada provincia tenga un mínimo de dos diputados -Ceuta y Melilla sólo uno- y que después se le vayan sumando escaños proporcionalmente a su población hasta completar los 350 asientos del Congreso.

A modo de ejemplo, un voto de Soria o de Teruel tiene mucho más peso en el Congreso que el sufragio de un madrileño o de un barcelonés.

Para obtener escaño por Soria hacen falta menos de 20.000 votos, pero para sacar ese mismo diputado por Madrid hay que reunir casi 100.000, los que tuvo que conseguir Ciudadanos en las últimas elecciones por cada escaño madrileño.

El sistema, por tanto, favorece a los partidos con más apoyos en zonas poco pobladas y perjudica a los que basan su implantación en los grandes núcleos, como Ciudadanos.

Los partidos minoritarios sólo tienen posibilidades de salir elegidos en las circunscripciones más grandes, a excepción de los partidos nacionalistas o de ámbito local, que concentran todos sus votos en muy pocas provincias.

Además, para la asignación de los escaños en España no se tienen en cuenta las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3 por ciento de los votos válidos.

Y toda esa mezcla provoca paradojas como que el PNV tenga hoy cinco diputados y grupo parlamentario propio, mientras que el Partido Animalista (PACMA) con los mismos votos (286.000) se quedó fuera del Congreso.

D'HONDT FRENTE A SAINTE-LAGUË

El método que se utiliza en España para la atribución de escaños es la llamada ley D'Hondt, un procedimiento matemático ideado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D'Hondt, que también usan países como Argentina, Francia o Finlandia.

Aunque el sistema tiene una base proporcional a los votos, su cálculo unido a todos los elementos anteriores termina beneficiando igualmente a los partidos mayoritarios.

La formula D'Hondt es lo que quieren cambiar Podemos y Cs porque no requiere de una reforma constitucional y, por tanto, podría aprobarse sin el apoyo del PP.

Unidos Podemos ha propuesto cambiar al método Sainte-Laguë, más proporcional, que se emplea en Alemania, Suecia o Dinamarca, y que Cs no ve con malos ojos.

La formación morada defiende que este sistema reflejaría mejor el principio de igualdad de "una persona, un voto".

De hecho, según sus cálculos, el gran beneficiado sería Ciudadanos, porque si se hubiera aplicado en las últimas elecciones generales el partido de Rivera hoy tendría 44 diputados en el Congreso, en lugar de 32.

Podemos y sus confluencias hubieran logrado 77, en vez de 71, mientras que el PP habría bajado de 137 escaños a 132 y el PSOE de 85 a 84.

No han convencido estos datos ni a PP ni al PSOE.

Los populares dicen que Podemos y Cs quieren quitarle representación a la España interior -que les vota menos- y que su sistema más proporcional favorecería a los independentistas.

Por su parte, los socialistas, que en su programa llevaban la promesa de mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, también han ninguneado esta reforma reprochando a sus promotores que les preocupe más "incrementar su número de escaños que las necesidades de los ciudadanos".

LAS REFORMAS A DEBATE

No son pocos los expertos que defienden que para conseguir un sistema electoral más justo y proporcional lo necesario sería sustituir la circunscripción provincial por otra autonómica o por circunscripción única.

Ese cambio precisaría, no obstante, de una reforma de la Constitución, y no parece que el actual escenario político facilite el acuerdo necesario para ello.

Sin embargo, hay otras modificaciones viables sin una reforma constitucional y que sólo necesitarían retocar la LOREG.

En ese sentido iban las recomendaciones del informe que en 2009 hizo el Consejo de Estado por encargo del Gobierno, que para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral proponía aumentar los escaños del Congreso de 350 a 400, reducir de dos a uno el mínimo de diputados que elige cada provincia y sustituir el sistema D'Hont.

Incrementar los diputados hasta 400 es una medida que han reclamado durante años partidos como IU y UPyD, y ahora también Podemos.

Sin embargo, para facilitar el acuerdo con Ciudadanos, Podemos ha renunciado a esa propuesta, que además puede resultar impopular al suponer un aumento del gasto.

La desaparición del voto rogado, garantizar la paridad con listas cremallera, un mailing conjunto y regular por ley los debates electorales son otras medidas en las que están de acuerdo los partidos de Pablo Iglesias y Albert Rivera y que incluso el PSOE llevaba en su programa electoral.

Además de estas propuestas, el PP defiende un cambio para que gobierne la lista más votada, mientras que Ciudadanos propone que los prófugos no puedan ser candidatos.

Unidos Podemos también plantea adelantar a los 16 años la edad para poder votar, lo que aumentaría considerablemente la participación y el voto joven, con el consiguiente beneficio que se presupone para la formación morada.

Pero para todo ello necesitan cuanto menos el apoyo del PSOE, ya que al tratarse de una ley orgánica, su reforma debe aprobarse por mayoría absoluta.

Visto el portazo que ha dado el PSOE a esta propuesta, es posible que la reforma electoral se quede de nuevo esperando en el cajón de asignaturas pendientes.