Las personas con discapacidad tendrán capacidad jurídica

Podrán «tomar sus propias decisiones» y el Gobierno prevé eliminar la palabra «disminuidos».

El Consejo de Ministros aprobó ayer un un informe sobre el anteproyecto de ley por el que se procederá a eliminar la incapacitación judicial que padecen las personas con discapacidad intelectual. El Ejecutivo, a propuesta del ministerio de Justicia, reformará el Código Civil, la ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Registro Civil y la de Jurisdicción Voluntaria y, según la nueva jurisdicción, tendrán la misma capacidad jurídica que el resto de las personas. «Supone el cambio de un sistema en el que predomina la sustitución en la toma de decisiones de las personas discapacitadas por otro en el que sean ellas mismas las que tomen sus propias decisiones», aseguró ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en posterior rueda de prensa a la reunión del Consejo. La iniciativa llega enmarcada en las peticiones por parte del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que considera «paternalista» el sistema actual y aboga por sustituir el concepto de «tutor» por el de otras personas que prestarán su asesoramiento, pero siempre respetando la voluntad del afectado.

La ministra de Educación y Formación Profesional se basó en la convención de la ONU sobre Discapacidad que firmó España en el año 2008. Desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los derechos de los discapacitados firmada en Nueva York en 2006, Celáa afirmó que los países han hecho sus reformas para adaptarse a ella, al igual que está haciendo nuestro país.

Este tratado internacional tiene como finalidad inculcar a las naciones la necesidad de aprobar unas políticas de apoyo a estas personas más vulnerables, para que se eviten los casos de abusos y de vulneración de sus derechos. en este sentido, el Ejecutivo de Sánchez quiere además proceder a un cambio de terminología, de tal modo que se modifique el artículo 49 de la Constitución que habla de «disminuidos», para introducir expresiones como «personas con discapacidad», para ayudar a que se produzca un cambio de mentalidad en la sociedad respecto a la consideración de estas personas. En resumidas cuentas, para la portavoz, se trata de «atribuir a las personas con discapacidad el derecho que les corresponde a su dignidad humana». Entre las medidas concretas, se establecerá un modelo de ayuda a aquellas personas que tengan dificultades para poder ejercer sus derechos jurídicos. Desde el acompañamiento amistoso, a la ayuda técnica en la transmisión de las declaraciones de voluntad, hasta la toma de decisiones que hayan sido delegadas por las personas con discapacidad. Únicamente en aquellos casos en los que la discapacidad imposibilite ningún tipo de autonomía, se habilitará una figura de representación permanente.

Se contempla que en un futuro el anteproyecto de ley permita que las personas discapacitadas puedan ejercer libremente el derecho al voto.