La limpieza de los ríos: una competencia de Teresa Ribera que pudo haber disminuido los daños por la DANA

La Comunitat Valenciana se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes tras el paso de la DANA. Las lluvias torrenciales, de una intensidad nunca vista, han desbordado ríos y cauces, causando inundaciones devastadoras que, por el momento, y según datos oficiales, se han cobrado la vida de 223 personas en toda España, ha dejado a decenas de desaparecidos y a numerosas familias sin hogar.

Mientras la región se encuentra sumida en el dolor y la conmoción, las labores de rescate y de limpieza continúan, al tiempo que la solidaridad se manifiesta a través de miles de voluntarios que se han unido a los más de 8.000 militares, junto a los cerca de 10.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la zona para ayudar a los afectados. Así, la tardía alerta y la falta de preparación ante un evento de esta magnitud han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los sistemas de prevención y alerta temprana.

En este sentido, la lucha política por el relato y la necesidad de atender y esclarecer las responsabilidades políticas de lo ocurrido continúan. Así, ahora la jurisprudencia en España señala que la responsabilidad de la limpieza de los cauces de los ríos le corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera.

Una dejación de funciones con graves consecuencias

Según un repaso por la jurisprudencia española, a través de un estudio de las sentencias de la Audiencia Nacional llevado a cabo por Enrique Morales, del digital 'The Objective', la responsabilidad última en materia de limpieza de los cauces de los ríos le corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las confederaciones hidrográficas, o lo que es lo mismo, a la ministra Teresa Ribera, responsable de la cartera ministerial.

Para ello, hay que remontarse al fallo de la Audiencia Nacional en enero de 2018, cuando condenó al Estado a indemnizar a un agricultor de Quinto, en Zaragoza, por valor de 42.000 euros por los daños que había producido la riada de 2013 en sus cultivos.

La denuncia por parte del agricultor fue motivada después de que la Administración le negase que hubiese correlación alguna entre los daños que había sufrido su terreno y la falta de limpieza del cauce del río, una labor que depende de las confederaciones hidrográficas y, por ende, del Ministerio.

En este sentido, de demostrarse que existió dejadez alguna en las funciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y por ende del Ministerio que dirige Teresa Ribera, en las labores de limpieza de los cauces por los que transcurre el río desbordado tras las lluvias torrenciales acaecidas como consecuencia de la DANA, la jurisprudencia señala como únicos responsables a los organismos estatales y, en último lugar, a la ministra Ribera.

Los correos de la discordia entre la CHJ y la Generalitat

No obstante, bien es cierto que, a pesar de las responsabilidades de la CHJ, el organismo del MITECO envió seis correos electrónicos diferentes a Protección Civil, dependiente de la Generalitat Valenciana, en los que se informó paulatinamente del estado hidrológico de la Rambla del Poyo.

Así, gracias al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que hace un seguimiento automático de los caudales, donde la información se actualiza automáticamente, el organismo avisó a la Generalitat del peligro que existía en la Rambla, con correos que se enviaron desde las 12:07 horas hasta, el último de ellos, las 18:55 horas, donde se indicó que el caudal era de 2.282 metros cúbicos por segundo, el doble del que había 12 minutos antes, a las 18:43 horas.

De esta manera, los correos remitidos desde la CHJ señalaron en un primer correo que, a las 12:07 horas el caudal de la Rambla del Poyo había superado los tres primeros umbrales de alarma, mientras que en los tres siguientes, enviados a las 13:42 horas - 15:04 horas y 16:13 horas, el organismo del MITECO informó del "descenso del caudal" registrado en la Rambla.

Sin embargo, dos horas y media después, a las 18:43 horas, un nuevo correo electrónico señaló que la situación ya estaba fuera de control, ya que a las 18:40 horas el caudal era de 1.686 metros por segundo, 11 veces más del caudal establecido en el umbral de alerta tres. Finalmente, el último correo, remitido a las 18:55 horas, indicó que el caudal en la Rambla del Poyo ya era de 2.282 metros cúbicos por segundo, el doble del que había 12 minutos antes, a las 18:43 horas.

La pugna por las responsabilidades

En otro nivel de depuración de responsabilidades, es importante recordar que, contra todos los bulos y falsas interpretaciones que se están llevando a cabo, el general Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, explicó hace dos semanas en una comparecencia que, en el operativo que se está llevando a cabo, el nivel de alerta actual es el 2, por lo que "quien dirige la emergencia es la Comunidad Autónoma, quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad".

Así, Marcos aclaró que "es el director de emergencias quien nos dice dónde actuamos, y eso hemos hecho con disciplina", asegurando que "yo puedo desplegar y movilizar a mis hombres, pero yo no puedo entrar hasta que el director de emergencias de la Generalitat me autorice".

De esta manera, el jefe de la UME aseguró que sus equipos en Valencia estaban listos para actuar desde el primer momento en que empezaron las inundaciones, el 29 de octubre. "En cuanto vi lo que podía ocurrir alerté a 1.000 militares y en cuanto tuvimos luz verde para intervenir en el resto de la provincia se desplegaron 1.000 militares para que el pueblo de Valencia viera el miércoles al amanecer que estábamos ahí", pero reconoció que "no intervinimos rápidamente porque la meteorología nos lo impidió y por una cuestión de orden y disciplina: no podíamos añadir caos a una situación verdaderamente caótica".