Libertad provisional para Rus, Medina, Caturla y Llopis

A la salida del juzgado Rus negó su implicación y achacó su situación a «una trama radiada desde hace más de un año». «Todo es un montaje» y «una puesta en escena de maravilla».

El juez ordenó anoche libertad provisional para el ex presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (con fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros), los ex vicepresidentes de la corporación provincial Juan José Medina y Máximo Caturla y el ex alcalde de Genovés Emilio Llopis.

El fiscal había pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, instructor del «caso Imelsa», medidas cautelares para Rus y los otros tres ex altos cargos del PP. Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en los cuatro ex altos cargos arrestados por amaño de contratos.

Asimismo, acuerda como medidas cautelares la obligación de que comparezcan cada quince días en el juzgado, así como fianzas de dos millones de euros tanto para el ex presidente como para el ex vicepresidente Caturla, y de un millón para el también ex alcalde de Moncada Medina y para Llopis.

Con esta medida, las veinticuatro personas detenidas el pasado martes en la «operación Taula» han quedado en libertad provisional, veintitrés de ellas con fianza de responsabilidad civil, y todas continúan como investigadas (imputadas) en la causa.

Montaje preparado desde hace un año

A la salida del juzgado Rus negó su implicación y ha achacado su situación a "una trama radiada desde hace más de un año". "Todo es un montaje"y "una puesta en escena de maravilla", y ha insistido en la existencia de una "trama desde hace más de un año"para "apartarle"del partido.

El exdirigente 'popular' ha atendido --durante ocho minutos-- a los numerosos periodistas que le esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Rus ha negado su implicación en los hechos que se investigan y ha emplazado a dar todas las explicaciones más adelante. "Estoy relajado, pero muy cansado", ha aseverado.

Ha agregado, cuando se le ha nombrado al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, --imputado en la causa que ha colaborado con la Fiscalía y el juzgado en este caso-- que se ha de sentir "responsable de poner una persona que no se lo merecería en su cargo".

En este punto, se ha preguntado: "Cómo puede ser que si lo han cogido a él sea la trama de Rus?; ¿Por qué en el tema de Acuamed si Soraya era la vicepresidenta no era su trama? . Los de arriba son responsables de poner a una persona que no correspondía".

Sobre si considera que ha sido "traicionado"por el PP, ha manifestado que "están en lo que tienen que estar"aunque ha apostillado, acerca de las 'líneas rojas' fijadas que estas "son convenientes cuando existe la certeza de que las cosas han sido así". "Un partido no puede tener 2.000 millones De euros de facturas en los cajones sin que salieran al final de año".

Acerca de la posibilidad de que haya habido financiación irregular en el PP valenciano, ha hecho notar que él nunca se ha ocupado de la financiación. "Si es por mí, no tengo nada que ver", ha comentado Rus, que ha añadido: "De los billetes de 500 no tengo ni idea".

Respecto a la fianza que ha acordado para él el juez para hacer frente a responsabilidades ante una eventual condena, ha dicho que desconocía la cifra aunque la ha "firmado porque estaba muy cansado". Cuando los periodistas le han informado de que era de dos millones de euros, ha bromeado: "¿Dos millones de pesetas?"y ha asegurado que "si los tuviera, los pagaría". "

"Me considero totalmente inocente, en el momento que conozca de qué se me acusa puntualmente contestaré una por una: Quiero saber el qué, el porqué y en qué forma", ha sentenciado Alfonso Rus, que afirma confiar en la justicia "como siempre". "Y no me escondo; las cosas hay que demostrarlas y no he hecho nada malo en absoluto".

Cuando se le ha preguntado si es el eje de la trama, ha dicho en tono jocoso que es "el jefe"y que tiene "empresas en Norteamérica".

Ha confesado sentirse muy cansado porque está "desde el martes en un calabozo"aunque el trato, ha puntualizado, ha sido correcto. Rus --que ha manifestado que su familia lo está "pasando muy mal"-- ha admitido que se sintió molestos por los insultos que tuvo que escuchar en Xtiva cuando fue detenido porque no pudo defenderse. "Intentaré centrarme y dar la cara; si tengo que defenderme de algo, lo haré como lo he hecho siempre donde he estado", ha rematado.

A su salida --a las 12.18 horas a la puerta del juzgado de guardia-- Rus ha vuelto a oír a algunos que le han increpado. Una decena de personas han gritado "ladrones", "corruptos", "dónde está el dinero"y "dónde está Rita Barberá".

Fianzas

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el «caso Imelsa» ordenó en la tarde de ayer el traslado de los diez detenidos que quedaban por prestar declaración. Antes lo habían hecho el resto de empresarios detenidos en la trama de corrupción y según pudo saber LA RAZÓN, seis quedaron en libertad provisional, cuatro de ellos con fianza, que fue de 200.000 euros para el ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, e igual cantidad para un empresario; de medio millón de euros para otros dos, y de un millón de euros para un quinto empresario.

Todas ellas tienen carácter pecuniario –no carcelaria– para garantizar el pago de las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente ante una eventual condena, según informó el TSJ valenciano.

Por otra parte, la Guardia Civil citará también a declarar a todos los concejales y asesores del grupo municipal popular del mandato anterior, así como a un buen número de militantes para aclarar si el partido blanqueó dinero con los donativos de mil euros que entregó la mayoría de ellos.

Si la recaudación por persona para la campaña municipal de 2015 logró reunir unos 50.000 euros y la cuota se fijó en mil euros por cabeza, es seguro que más de cincuenta personas fueron conminados a pagar dicha cantidad.

Según fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en los próximos días se llamará a declarar a más de cincuenta personas «algunos son afiliados, pero la gran mayoría son del grupo municipal», tanto asesores como concejales. Se busca la versión discrepante que rompa la univocidad con la que ayer declararon los investigados del grupo municipal y que afirmaron que no les devolvieron el dinero, por lo que no se pudo blanquear cantidad alguna con dicha aportación.

Como ya informo LA RAZÓN, la Guardia Civil sustenta la teoría de que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia recaudaba dinero entre los asesores y los concejales que, una vez contabilizado como donaciones, era devuelto y sustituido por «mordidas» de empresarios.