Los acusados se enfrentan a penas de 2 a 10 años de cárcel

La Fiscalía, que llegó a pedir el archivo de la causa, pretendía acusar únicamente a Pamies y Ballesteros de revelación de secretos, aunque por indicación del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, amplió esa imputación alternativamente al delito de colaboración con ETA. Fue en concreto el 19 de abril de 2013 cuando se registró el escrito de la Fiscalía en el que se incluyó el delito de colaboración con banda armada en la acusación a los dos mandos policiales imputados por el chivatazo que hizo fracasar, el 4 de mayo de 2006, la operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista. La Fiscalía de la Audiencia Nacional viene defendiendo, desde septiembre de 2011, cuando se celebró la vista en la que se estudió la revocación del primer procesamiento de los imputados, que la causa debería ser investigada por el juzgado de Irún debido a que los hechos eran sólo constitutivos de un delito de revelación de secretos. El escrito de la Fiscalía de abril de 2013 especificaba que la inclusión del delito de colaboración con banda armada se hacía en virtud del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que estipula que el «fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos».

Por el delito de revelación de secretos la Fiscalía solicita al tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, que imponga a Pamies una pena de dos años de cárcel y uno y medio a Ballesteros. Por el de colaboración, cinco años de prisión y once de inhabilitación para ambos. Por su parte, la abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa de Santiago, reclama a la Sala una condena a diez años de prisión y 18 de inhabilitación para Pamies y otras de nueve años de cárcel y 17 de inhabilitación para Ballesteros por los dos delitos citados. La petición de condena de Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, es la más alta de las tres realizadas en el juicio que da comienzo mañana. Además, la asociación pidió la comparecencia de hasta 106 testigos en la causa oral para confirmar que Pamies tenía conocimiento de la operación contra la red de extorsión de ETA la tarde anterior al dispositivo y maniobró para hacerla fracasar alertando al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua.

Por su parte, la AVT rebaja la petición de pena a ocho años y medio de prisión y cinco de inhabilitación en el caso del ex jefe de Policía del País Vasco y a ocho años de cárcel y cuatro de inhabilitación para su compañero de banquillo.

En cuanto a las defensas de los acusados, que mañana plantearán diversas cuestiones de nulidad con carácter previo, reclaman la absolución de Enrique Pamies y José María Ballesteros, a quienes desvinculan de cualquier filtración a la banda terrorista ETA. La abogada del primero, María Ponte, denuncia que los datos de la baliza que grabó la conversación que reveló el supuesto chivatazo fueron modificados un día después de la filtración y que la cinta de vídeo que grabó las imágenes en las inmediaciones del bar Faisán tiene dos cortes «intencionados y voluntarios» el mismo día del soplo. La Sala tercera de la Audiencia Nacional rechazó ocho de los diez medios de prueba anticipada solicitados por la defensa de Pamies, entre ellos que se analizase el tráfico de llamadas del entonces comisario general de Información de la Policía, Telesforo Rubio, a quien considera «conocedor de las informaciones suministradas a Elosua por el delator».