Los jueces avisan de que «los escraches son conductas delictivas»

La Fiscalía ha empezado a mover fichas respecto a los contínuos actos de escraches que día tras día sufren sedes del PP o domicilios de sus cargos públicos. De momento, la mayoría de ellas no han recibido datos de la Policía sobre los mismos, información que cuando tengan la remitirán a la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía ha empezado a mover fichas respecto a los contínuos actos de escraches que día tras día sufren sedes del PP o domicilios de sus cargos públicos. De momento, la mayoría de ellas no han recibido datos de la Policía sobre los mismos, información que cuando tengan la remitirán a la Fiscalía General del Estado. En todo caso, lo que parece evidente es que la Justicia no puede permanecer impasible ante unos hechos que en gran parte van más allá de meras concentraciones pacíficas para, en más de un caso, traspasar la barrera de la legalidad.

Así lo entienden también los jueces, quienes vienen a coincidir que muchas de esas acciones tienen una tipificación concreta en el Código Penal: delitos de coacción, amenazas e incluso en algún supuesto se podría incurrir en delito contra las Instituciones del Estado, al intentar coartar la «libre manifestación de sus opiniones», de aquellos que sufren los escraches o la «emisión de su voto» respecto a las leyes que traten sobre desahucios. Unas protestas que, por la forma de llevarse a cabo algunos de ellos, recuerda uno de los consultados, tienen un «antecedente histórico nazi-fascista de los años 30, cuando los nazis "marcaban"a los judíos».

En ese sentido, el magistrado del TSJ de Galicia y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura José Antonio Ballesteros, parte de una premisa esencial: los escraches violentos constituyen «un ataque al Estado democrático». A partir de aquí, considera que en estas acciones entran en juego dos valores fundamentales: el derecho a la libertad de expresión y manifestación, y, por otro, los límites que tienen en el ordenamiento jurídico. En estos casos, en el derecho fundamental a la libertad, «principio y valor fundamental» unos derechos cuya vulneración está tipifcada específicamente como delito en el Código Penal.

Por ello, añadió al respecto, «si lo que se pretende es que no puedan circular y caminar impunemente por las calles, si no aceptan las tesis de los que practican esos actos, podríamos estar –aunque habría que demostrarlo en los correspondientes juicios–ante un delito de amenazas condicionadas o de coacciones», ya que parecen decir que «merecen un castigo si piensan distinto» a los que protagonizan las acciones.

Se trata de delitos perseguibles de oficio, por lo que los jueces, «que deben proteger esa libertad», podrían iniciar una investigación nada más recibir la información pertinente de la Fiscalía o Policía, para depurar las posibles responsabilidades penales en que se hayan podido incurrir.

Por su parte, José Luis González Armengol, juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, señaló que, en general, y salvo que sean manifestaciones pacíficas, quienes participan en los escraches lo que buscan es una «intimidación, una forma coactiva, que puede ser una falta o delito de coacciones, según la intensidad con que realice la intimidación».

«Antecedentes nazi-fascista»

Además, Armengol hizo referencia a los antecedentes históricos de este tipo de acciones: «tienen un origen nazi-fascista, en los años 30, utilizado por los nazis para "marcar"a los judíos, y me parece una importación perniciosa de fenómenos claramente coactivos que están incidiendo en conductas delictivas». Esto, añadió, es lo que los anglosajones denominan la «muerte de la imagen», porque fenómenos que inicialmente se veían «con simpatías, generan luego situaciones de conflictos importantes». Así, recordó el "fenómeno okupa", que, en un primer momento despertó comprensión e incluso apoyos, «y ahora se ha tenido que regular incluso en el Código Penal».