Los letrados judiciales rechazan obedecer la Ley de Transitoriedad catalana

El Colegio de Letrados de la Administración de Justicia ha subrayado hoy su rechazo a “dar cumplimiento” a órdenes o instrucciones que deriven de normas inconstitucionales o que puedan ser suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC), en referencia a la ley de transitoriedad jurídica catalana.

Así se han pronunciado los letrados en un comunicado de apoyo a sus compañeros que trabajan en Cataluña y a los que les ofrecen amparo “en el ejercicio ordinario y legítimo de las esenciales competencias que tienen atribuidas” y que únicamente pasan por el cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Los letrados arremeten contra la ley de transitoriedad jurídica que ayer de madrugada la Mesa del Parlament admitió a trámite y que presumiblemente se aprobará hoy en el pleno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instó ayer a la Abogacía del Estado a que presentase ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la admisión a trámite de dicha ley y que ahora el alto tribunal, reunido en pleno, está estudiando.

Se trata del texto principal dentro las llamadas “leyes de desconexión”, prevista para, en caso de que ganara el ‘sí’ a la independencia, intentar crear un marco legal alternativo al español.

Para los letrados, esta ley “vulnera de manera flagrante” la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus derechos, especialmente cuando señala que los funcionarios del Estado que trabajan en Cataluña pasarán a hacerlo para la administración catalana.

Es por ello que insisten en que el deber de colaboración de los letrados con las comunidades autónomas con competencias en Justicia transferidas “únicamente” se circunscribe “a los medios materiales y personales” en cumplimiento de las instrucciones de sus superiores jerárquicos.

No pasaría por tanto por obedecer ninguna ley que se aprobara al margen de la legalidad vigente.

Subrayan los letrados que su actuación está sujeta al “principio de legalidad” y que su compromiso es el de “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental”, por lo que están “obligados al cumplimiento de dicha norma en todos sus términos y dictados”.