Los «soplos» de los ciudadanos desmantelan la logística del 1 de octubre

La Guardia Civil se incautó ayer de la documentación para el censo.

La Guardia Civil se incautó ayer de la documentación para el censo.

La Guardia Civil está recibiendo la colaboración ciudadana, así como de empresarios y trabajadores conocedores de que en sus industrias se confecciona material para el referéndum del 1-O. Durante el día de ayer, la Benemérita asestó un duro golpe al entramado separatista, al localizar la industria a la que se había encargado distribuir, con certificado de recibo, las acreditaciones de los miembros de las mesas electorales.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, algunos de los registros que se han efectuado en los últimos días, en los que han sido requisados 1,5 millones de unidades de material promocional entre carteles, dípticos y folletos, son fruto de las pesquisas de la propia Benemérita. Sin embargo, en otros casos, son ciudadanos que tienen conocimiento de lo que ocurre, empresarios o trabajadores de las entidades afectadas, los que se ponen en contacto con los agentes del Cuerpo para facilitarles los datos necesarios sobre las ilegalidades que se están cometiendo.

No se trata de colaboradores a sueldo, sino de personas que actúan de forma altruista y, según manifiestan, están en contra de la celebración del referéndum para la separación de Cataluña de España. En todos los casos, la Guardia Civil trata estos asuntos con la lógica reserva para preservar la identidad de las personas.

A este respecto, la Guardia Civil dio ayer un importante paso en las investigaciones que realiza para desmantelar el entramado montado por las fuerzas secesionistas. El juez de guardia de Tarrasa (Barcelona) autorizó a la Benemérita a intervenir los sobres, con logotipo de la Generalitat que se habían localizado en el registro de la empresa Unipost de dicha población para comprobar si, como se sospecha, contenían tarjetas censales. En un auto, el citado magistrado acordó intervenir la totalidad de los sobres incautados en la empresa y abrir uno de ellos, ante los indicios de que el responsable de la compañía podría ser «cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos» vinculado a la organización del referéndum.

Según las citadas fuentes, una de las labores que realizan los agentes cuando se produce un registro es el clonado (copiado de discos y archivos) de los ordenadores, en los que, por lógica, deben estar los documentos de encargo de la cartelería y las papeletas; el precio y la fecha en la que se firmó el pedido; la persona o institución que lo hizo y otros datos importantes. En el caso de que alguno de estos encargos se hubiera realizado desde con posterioridad a las decisiones del Tribunal Constitucional sobre anulación de las normas del referéndum y las que emitió la Fiscalía General del Estado, se podría dar el supuesto de comisión de graves delitos, sobre todo si los pedidos se han emitido desde instancias oficiales.

En cualquier caso, las investigaciones de la Guardia Civil sobre este asunto se encuentran muy avanzadas, tal y como adelantó este periódico, y se cuentan con evidencias, obtenidas con autorización judicial, que acreditan quienes son los que están detrás de todo este entramado montado por los partidos separatistas y sus representantes en las instituciones. La Benemérita, de acuerdo con la Fiscalía, ha establecido una estrategia de desmantelamiento de todo el entramado que dichos partidos habían montado.