Luis María Cazorla: «Es deplorable que el Cuerpo de Letrados de las Cortes esté en entredicho por unos y por otros»

Luis María Cazorla (Larache, Marruecos español, 1950) tiene a sus espaldas una trayectoria profesional e intelectual muy prolífica y muy reconocida. Abogado del Estado, inspector de servicios de Hacienda, letrado de las Cortes, catedrático de Derecho Financiero y Tributario o académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (integrada en el Instituto de España), además de decenas de obras y publicaciones, componen una parte destacada de su biografía. Pero, sobre todo, es una voz muy autorizada y respetada para analizar y hablar del convulso momento que atraviesa el Congreso de los Diputados, porque fue secretario general y letrado mayor entre los años 1982 y 1988, durante la primera etapa de Felipe González. Hace poco más de un año se jubiló y dejó su puesto como letrado en el Congreso tras más de cuatro décadas en ejercicio.

Usted ha hablado del «alma enferma» del Congreso. ¿Qué ha cambiado desde que entró como letrado en 1977 hasta hoy?

El Congreso de los Diputados que yo conocí en la legislatura constituyente y las cercanas siguientes es muy distinto del actual. Las diferencias principales radican en el ambiente frentista de hoy en oposición al mucho más conciliador de entonces; en el predominio acentuado hoy de los profesionales de la política frente al de los que tenían otras profesiones y podían volver a ellas, propio de aquellas legislaturas; en el incremento de los medios personales y materiales al servicio de la Cámara y, por fin, en la mayor incorporación de la mujer a las tareas parlamentarias.

Tras más de 45 años, la Constitución parece más golpeada que nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Cree que realmente requiere una revisión?

Sí, yo creo que la Constitución de 1978, que está a punto de ser la más duradera de todo nuestro convulso constitucionalismo, está, digámoslo así, bastante vapuleada por aplicaciones e interpretaciones distantes de su espíritu e incluso de su letra. La razón fundamental, según veo yo las cosas, reside en que fue construida sobre el necesario entendimiento en cuestiones muy esenciales de las dos grandes fuerzas que encarnan el centroizquierda y el centroderecha, y esto desgraciadamente ha saltado por los aires.

La Constitución está envejeciendo mal. Le convendrían reformas en varios puntos, pero para ello hay que esperar a que el ambiente político mejore y a que los dos grandes partidos dejen de «tirarse piedras el uno contra el otro». Con el deteriorado ambiente que estamos viviendo, una actualización a fondo del texto constitucional me parecería contraproducente y de riesgos políticos incalculables.

El Título III aborda las Cortes. ¿Cree que sería necesario algún cambio en la Constitución o en los Reglamentos de las Cortes para añadir más garantías legislativas y evitar situaciones como la ley del «solo sí es sí»?

Si dejamos al margen las reformas que requerirían una muy difícil modificación de la Constitución, creo que el Reglamento del Congreso, ¡que tiene 42 años!, está muy desfasado y bastante al margen de la presente realidad parlamentaria. Por ejemplo, es imprescindible una nueva regulación de las proposiciones de ley que eviten los abusos que hemos vivido últimamente; hay que revitalizar y personalizar el papel técnico y político de las ponencias; hay que regular con precisión el alcance de las enmiendas, para que no se conviertan en cauce abusivo para introducir modificaciones legislativas de tapadillo; hay que modificar ciertos aspectos de la tramitación de la Ley de Presupuestos … en fin, estas son algunas, entre otras muchas, de las modificaciones que el envejecido Reglamento del Congreso de los Diputados pide a gritos.

En alguna ocasión usted ha escrito sobre la vía consuetudinaria para resolver deficiencias de procedimiento parlamentario, ¿puede ser un riesgo en un momento de tanta convulsión política?

La regulación consuetudinaria es muy importante en todo Parlamento. Es una de las fuentes más destacadas del Derecho Parlamentario. No todo en una Cámara puede y debe estar regulado por escrito. La vía consuetudinaria no entraña de por sí un riesgo siempre que se tengan en cuenta el espíritu y el estilo imprescindibles de toda actividad parlamentaria, que desgraciadamente están siendo olvidados en los últimos tiempos y sufren un daño que, confío, no sea irreparable.

El artículo 86 de la Constitución regula los decretos. Usted ha escrito sobre este tema. ¿Cree que tal y como está redactado es suficiente para frenar esta deriva legislativa de gobernar a golpe de decreto?

Una de las manifestaciones del «alma enferma» del Congreso de los Diputados es el abuso del decreto-ley, que, aunque viene de lejos, se ha acentuado dañinamente en los últimos años. Creo que este tan pernicioso fenómeno para la vida democrática no es achacable a una defectuosa redacción del artículo 86 de la Constitución. Es achacable a la tendencia de falta de respeto a la institución parlamentaria que suele darse en casi todos los gobiernos, aunque en unos más que en otros, y a la mano ancha y permisiva del Tribunal Constitucional en esta materia. Por salud democrática es muy necesario que todo gobierno, y por tanto el actual, tenga más respeto y sensibilidad hacia lo parlamentario y que el Tribunal Constitucional rectifique su jurisprudencia con respecto al decreto-ley para hacerla más restrictiva y, al menos, contribuir a moderar el aluvión normativo por vía de decreto-ley que cada dos por tres sufrimos con escándalo la gran mayoría de los juristas.

La gobernanza administrativa de las Cámaras está más en duda que nunca tras la última elección del letrado mayor. ¿Es partidario de introducir cambios para que se mantenga la independencia y evitar los últimos episodios que se han dado en el Cuerpo de Letrados?

Sí, efectivamente, es deplorable que el Cuerpo de los Letrados de las Cortes y toda la Administración parlamentaria, pues no hay que olvidar que también está formada por otros cuerpos muy prestigiosos, esté en la cabecera de los medios de comunicación social y en entredicho por unos y por otros. Pero los lamentables episodios que han afectado a varios integrantes del bicentenario Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales no se evitan modificando normas, por otro lado ya bastante claras en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, se evitan recordando y poniendo en práctica que la función administrativo-parlamentaria, por estar al servicio de todos los órganos y miembros de la Cámara, requiere una muy reforzada independencia y profesionalidad, tanto en la sustancia como en la apariencia. Esto, que hay que reclamarlo con fuerza tanto a los políticos como a los funcionarios, se ha olvidado en algún episodio de las actuales Cortes Generales y estamos pagando las consecuencias.

Usted ha liderado el Cuerpo de Letrados y ha estado muchos años formando parte de él: ¿qué opinión le merece la situación de malestar que se está dando ahora dentro?

En mi larguísima carrera de servicio al Estado en distintas vertientes, y de la parte de la que quizá esté más satisfecho sea la de los más de 45 años ininterrumpidos de servicio al Congreso. La profesionalidad, el respeto a la Cámara y a todos sus miembros, y la independencia fueron ejes casi obsesivos de mi actuación. Con estos antecedentes, ¿qué opinión me va a merecer la actual situación? Me duele y me preocupa mucho lo que está ocurriendo. A las muchas y distintas personas que me abordan en esta materia pido prudencia, apelo al sentido común y procuro dar ideas para que prevalezca lo razonable y respetuoso. Por razones personales y políticas no va a ser fácil enderezar la situación y esto es grave para el buen funcionamiento de la Cámara, algo que es básico para la salud del sistema constitucional. Quiero recalcar que no estamos hablando de cuestiones menores de carácter administrativo, la profesionalidad e independencia de las secretarías generales de las Cámaras y de los secretarios generales que la encabezan es algo esencial para su buen funcionamiento y, por tanto, es algo muy importante para el vigor democrático de un país.

Usted ha sido letrado mayor, ¿cómo le explicaría al ciudadano de a pie la importante labor de un letrado y qué consecuencias tienen sus informes?

Ante todo, le explicaría la importante labor de la Administración parlamentaria, de la que, con otros imprescindibles cuerpos de funcionarios que nunca hay que olvidar, forma parte el de Letrados. Subrayaría que todos estos cuerpos funcionariales dan continuidad al Congreso de los Diputados y al Senado, que sin su trabajo no podrían funcionar. Añadiría que, en particular, al Cuerpo de Letrados le corresponde ocupar los más altos puestos de la Administración parlamentaria, asesorar jurídicamente a todos los órganos de las Cámaras y responsabilizarse de la administración y gestión administrativa en sus escalones superiores.

¿Lo que no prohíbe la Constitución está permitido? ¿Las Cortes pueden legislarlo todo y tienen poder para decidir sobre cualquier asunto que no esté regulado por la Constitución?

No todo lo que no está prohibido expresamente por la Constitución es admisible y correcto desde el punto de vista constitucional. Entre otras razones porque la Constitución de 1978 tiene naturaleza acentuadamente axiológica, de primacía de principios jurídicamente vinculantes que pueden impedir la viabilidad constitucional de algo que no esté expresamente prohibido, además de que toda aplicación constitucional debe responder a una visión armónica y conjunta de toda la Constitución. Por otro lado, las actuales Cortes Generales no son constituyentes y para abordar cualquier materia, esté o no regulada expresamente, tienen el límite infranqueable de la Constitución.

Juristas de gran prestigio, como Manuel Aragón, sostienen que la amnistía no cabe en la Constitución. ¿Cuál es su opinión?

Tengo un gran respeto por mi querido amigo y compañero Manuel Aragón y coincido con su opinión salvo matices que no son de fondo, sino de forma, él es mucho más combativo y directo que yo exponiendo sus ideas. Por otro lado, me temo que, además de los graves problemas jurídicos que aquejan a la amnistía, al margen de cosechar votos, no acabe desgraciadamente sirviendo al propósito pacificador que pretende y que, a la postre, solo sirva para dividir más.

Además de la actividad propiamente legislativa, da la sensación de que se ha ido perdiendo un concepto tradicionalmente importante en las Cortes: el decoro. En las últimas semanas, se han visto faltas de respeto a los jueces. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que la Presidencia del Congreso está haciendo todo lo que está en su mano?

Para que el alma de todo Parlamento no enferme, permítame otra vez el lirismo al que usted hizo mención al comienzo de la entrevista, es imprescindible que se guarden las formas, no las huecas y vacías, sino las propias de la educación y el respeto al rival y a otras instituciones del Estado. En este terreno la situación es muy mala y preocupante y, por salud democrática, hay que frenar el deterioro. La presidenta Armengol, sin experiencia antes en el Congreso, se ha encontrado una situación muy deteriorada ya y se lo están poniendo muy difícil unos y otros. Confío en que su vertiente institucional, crucial e imprescindible si quiere desempeñar bien su trascendental función, se vaya incrementando y contribuya a poner freno o, al menos, aliviar el rampante deterioro de lo que usted llama decoro parlamentario. Ojalá sea así, y, como soy consciente de la dificultad de lo que digo, le deseo mucha suerte y éxito.