Magdalena Álvarez, imputada por malversación y prevaricación

La ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez ha afirmado hoy, tras declarar como imputada por el caso de los ERE, que su gestión fue transparente y no tuvo conocimiento de las irregularidades.

Estaba citada a las 10.00, pero llegó antes de las nueve y entró por una puerta lateral para evitar a la prensa. Hora y media más tarde, la jueza Mercedes Alaya le leyó el escrito de imputación en el que le acusa de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Contrariamente a lo que han hecho otros ex altos cargos de la Administración autonómica, Álvarez sí prestó declaración ante la instructora para tratar de rebatir los argumentos de ésta. Acompañada de abundante documentación y contestando en muchas ocasiones con monosílabos a las preguntas de la jueza, el interrogatorio, según varios de los abogados presentes en la sala, fue una discusión eminentemente técnica sobre la elaboración de los Presupuestos. La ex ministra tenía claro los mensajes que quería trasladar en su declaración. El primero, que las irregularidades en la concesión de subvenciones correspondían a la Consejería de Empleo; el segundo, que su departamento, la Consejería de Economía y Hacienda, incluía transferencias de financiación a las empresas públicas conforme a la normativa estatal que se aplicaba ya en los años 90 con la denominación de «subvenciones de explotación y de capital»; el tercero, que no se ideó ningún sistema para eludir los controles de la Intervención como mantiene la jueza; y, el cuarto, que ni los órganos de control interno ni el Parlamento alertaron durante una década sobre irregularidad alguna.

El relato de Alaya es diametralmente opuesto. La titular del juzgado de Instrucción considera que la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones fue una de las promotoras del sistema ideado por la Junta de Andalucía para conceder subvenciones de manera ilegal. Según el acta de la declaración a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada mantiene que como responsable de las finanzas autonómicas, puso a disposición de la Consejería de Empleo fondos públicos «a sabiendas de que necesariamente» se iban a utilizar «con absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca». La práctica convirtió «las referidas subvenciones, concedidas al margen del procedimiento legal, en desplazamiento de fondos públicos a terceros por mera liberalidad».

Álvarez prefirió no entrar en diálogos amplios con la instructora. Aún así, en una declaración muy medida cometió una imprecisión. Aseguró que el IFA, la empresa pública que recibía los fondos públicos y que pagaba los ERE y las subvenciones directas a empresas tenía «potestad subvencionadora», por lo que las transferencias que recibía eran para cumplir esa función, que estaba dentro de sus competencias. Alaya le desmontó la argumentación y le recordó que el Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento de Andalucía (Decreto 122/1987). La ex consejera aseguró que lo desconocía, que «tenía entendido todo lo contrario» y que «siendo así no entra en la materia», recoge el acta de su declaración.

En próximos días, Alaya deberá decidir si impone fianza por responsabilidad civil a la ex ministra. La Fiscalía Anticorrupción no la considera necesaria, como la Junta. El colectivo Manos Limpias, sin embargo, solicitó 125 millones de euros de fianza civil, más el tercio legal previsto.

El abogado de la imputada criticó que no es el momento procesal oportuno para medidas de este tipo.