Marga Prohens, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, ratificó en un encuentro informativo en LA RAZÓN, que no aceptará las «migajas» que reparta el Gobierno entre el resto de las comunidades autónomas después del acuerdo que firmó con ERC sobre la quita de la deuda «para favorecer a Cataluña». Con rotundidad negó así que vaya a aceptar la quita de la deuda si la propuesta sale adelante en el Congreso de los Diputados. La medida fue pactada por Hacienda y ERC, y necesita de una mayoría absoluta en la Cámara al tratarse de una modificación de ley orgánica.

Prohens adelantó que dará la batalla ante el Gobierno central y que no aceptará que Hacienda premie a Cataluña solo por intereses políticos para sostener al Gobierno de coalición en Madrid. «Las Islas Baleares no pedirán ser más que nadie, pero no permitiremos ser menos que cualquier otra comunidad», advirtió en un desayuno al que han acudido destacados representantes del mundo de la política, de la economía y de la empresa. En relación con la financiación autonómica, subrayó que es su Gobierno el que «reduce la deuda de los ciudadanos» frente a los «malabarismos contables y juegos de trilero» de Pedro Sánchez con una quita de la deuda «negociada exclusivamente por y para Cataluña». La deuda «no desaparece», sino que la asumen el conjunto de los ciudadanos, incidió, antes de explicar que, si bien a las Islas se les perdonaría 1.413 euros por ciudadano frente a los 2.135 que se reduciría a cada catalán, a la vez se le sumaría a cada ciudadano de Baleares otros 415 euros de deuda. El problema está en que el presidente del Gobierno «hurte» el debate de fondo, que es la reforma del sistema de financiación. Baleares exige una negociación multilateral, en la que todo el mundo pueda abogar por «sus intereses y sus propios criterios con lealtad». Su comunidad defenderá la autonomía fiscal, el principio de ordinalidad, el crecimiento poblacional y que se tenga en cuenta la población flotante, así como el coste de los servicios derivados de la pluri insularidad. Y atendiendo siempre a la «singularidad» de Baleares «reconocida en la Constitución. «Esta sí. Es tangible, es real», apostilló.

Prohens aprovechó para repasar los principales retos a los que se enfrenta su comunidad debido al «crecimiento continuado» de la población y con una «población flotante» que llega a «duplicar» la población total y que conlleva continuos «desafíos».

A dos meses del ecuador de la Legislatura, defendió que Baleares es una de las comunidades «donde se pagan menos impuestos». Según recordó, nada más llegar al Gobierno cumplió con una de sus principales promesas electorales, la eliminación del Impuesto de Sucesiones de padres a hijos, de abuelos a nietos o entre cónyuges. «Nuestros ciudadanos no pagan ni un euro por recibir el fruto de toda una vida de trabajo de sus padres o abuelos». Además, «somos la primera comunidad» que ha reducido al 50% el Impuesto de Sucesiones en las herencias entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Ello ha contribuido a que en un año y medio de gobierno hasta 15.000 familias se hayan ahorrado 240 millones de euros gracias a la eliminación del Impuesto de Sucesiones.

En lo que concierne al problema de la vivienda, destacó los buenos efectos de la decisión de rebajar el impuesto a la compra de primera vivienda al 2% para menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales y con personas con discapacidad a cargo. Según los datos aportados por la presidenta, más de mil jóvenes han podido comprarse su primera vivienda «sin pagar ni un euro de transmisiones». Además, con la reforma fiscal hasta 5.000 familias y jóvenes se han ahorrado un total de 60 millones en la compra de su vivienda.

Otra de las medidas que puso en valor fue el decreto de Emergencia Habitacional. Un plan de choque con el que estiman que lograrán sacar al mercado 7.000 viviendas y con el que han conseguido, en un año, la planificación entre la Administración y las empresas privadas de hasta 5.000 viviendas para colocar en el mercado de alquiler social o a precios asequibles.

Las rebajas fiscales son la bandera que el PP quiere blandir a nivel nacional, utilizando para ello el modelo de sus gobiernos autonómicos. En Baleares, Prohens destacó, entre otras, la rebaja del IRPF o las deducciones fiscales por nacimiento, por cuidado de mayores para arrendadores y arrendatarios de viviendas para trabajadores públicos que ocupan plazas de difícil cobertura.

El balance global, tal y como hizo hincapié, dice que los ciudadanos de Baleares se han ahorrado 400 millones en impuestos, lo cual ha redundado en servicios públicos. Una de sus prioridades, de hecho, ha sido, precisamente, avanzar en nuevos derechos como la gratuidad del ocio para los niños con discapacidad, una ayuda de 1.000 euros mensuales para los enfermos de ELA o la gratuidad de toda la etapa educativa entre 0 a 3 años. La crisis migratoria es otra de las grandes preocupaciones de las Islas Baleares y ante la que la presidenta echa en cara a Moncloa su falta de colaboración. Ayer, reclamó a Sánchez que «no se ponga de perfil» ni les «chantajee» con la reforma de la ley de Extranjería, la cual calificó de «parche».

Su propuesta es un «cambio drástico» en la política migratoria que pase por la protección de las fronteras y la lucha contra las mafias que «juegan» con los inmigrantes, dos de los ejes de la política comunitaria europea.

Sobre el reparto entre comunidades autónomas de los menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, aseguró que se van a negar a aceptar la acogida de nuevos menores por falta de recursos económicos e incluso de profesionales para atenderles. Baleares ha pasado en ocho años de recibir de manera anecdótica a 22 personas migrantes «a recibir 6.000 personas llegadas de manera irregular en patera en 2024».

Por último, puso en valor que el avance económico de Baleares viene apoyado en el éxito del turismo. La presidenta expuso un plan de actuación para reposicionar las islas como un destino ligado a la cultura y al deporte, así como una inversión en dos años de 1.120 millones de euros en sostenibilidad ambiental, con inversiones en transición energética, en innovación, en formación o en reconversión de las zonas turísticas. Todo su discurso lo sostuvo en el lema de que la política debe entender mejor que su obligación es escuchar lo que pasa en la calle.