María Jesús del Barco, presidenta de la APM: "El acuerdo de renovación del CGPJ es un buen pacto para la Justicia"

Avala el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero enfatiza que PSOE y PP deben «cumplir» el compromiso de reformar la ley para que la elección de los doce vocales judiciales quede en manos de los jueces. María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ya pone deberes al nuevo Consejo: la defensa de los jueces ante los ataques de «lawfare».

Cinco años y medio después, por fin ha habido acuerdo. ¿Es un buen pacto para la Justicia?

Yo creo que sí es un buen pacto para la Justicia, porque después de cinco años lo primero que había que hacer era renovar el Consejo General del Poder Judicial, y un compromiso de adoptar las medidas necesarias para cambiar el sistema de elección de los vocales. Y además hay otra serie de puntos, que se recogen en la proposición de ley orgánica, que tratan de fortalecer la imagen de independencia del Poder Judicial. Por tanto, creo que en conjunto es un buen acuerdo.

¿A qué retos primordiales se enfrenta el futuro CGPJ?

Va a ser uno de los Consejos más importantes. Dado el momento histórico que estamos viviendo, su papel será fundamental. Primero, por la cantidad de nombramientos que hay pendientes. Quienes vayan al Tribunal Supremo en los próximos años, con los nombramientos que haga este Consejo, van a tener el papel de fijar la jurisprudencia en una sociedad muy diferente a la de hace diez o veinte años. Lo que resuelva el Tribunal Supremo puede marcar también el rumbo de este país ante leyes muy importantes. Estamos viendo decisiones legislativas que, en ocasiones, rozan la inconstitucionalidad o nos hacen dudar de su constitucionalidad. Es muy importante quién esté en el Supremo. Además, estamos ante un sistema judicial que está saturado de trabajo. Y en ese sentido creo que los futuros vocales tienen un conocimiento de la realidad de los juzgados y de sus necesidades. Y, sobre todo, tendrá que defender el papel del juez y su propia posición en el Consejo en decisiones que afectan a nuestro día a día.

¿Ahora es más necesario que nunca que el Consejo dé la cara por los jueces?

El Consejo se configura para defender y proteger la independencia judicial y, desde luego, los ataques que estamos recibiendo requieren de una respuesta del CGPJ frente a las acusaciones de «lawfare» y de judicialización de la política, cuando lo que hacemos es aplicar la ley a quien ha cometido un delito, por más que se trate de un político. Esa independencia no es un privilegio del juez, sino un derecho del ciudadano. Los jueces sabemos que cuando te toca un asunto mediático estás en el ojo del huracán y sometido a la crítica, pero en los últimos años las críticas desbordan el respeto institucional y se critica ya el propio sistema judicial, a los jueces como integrantes de la carrera, se nos llama fachas y se cuestiona hasta el sistema de acceso a la carrera judicial, que me parece que es muy importante que se mantenga como está. Un juez que no debe nada a nadie, que no dependen de gobiernos ni de ideologías, es una garantía de independencia.

Defensa de la independencia

Con un centenar de nombramientos pendientes, ¿resulta una obligación alejar cualquier sospecha de cambio de cromos entre los dos principales partidos?

Es fundamental y es una de las cuestiones que se ha recogido en el pacto. El hecho de que se suba la mayoría a 3/5 era una de nuestras reclamaciones para el fortalecimiento del Estado de derecho y de la imagen de independencia de los jueces, pues se obliga a un consenso y va evitar el etiquetado permanente de los jueces.

¿Se ha dado con los perfiles profesionales adecuados?

No conozco a todos, pero por lo que sé son compañeros que están en la carrera judicial en primera línea. Son perfiles profesionales. Habrá algunos que te gustarán más que otros, como todo en esta vida, pero sí estamos hablando de perfiles profesionales. Y entre los juristas me parece que también se ha elegido a personas que tienen un conocimiento del derecho y del sistema judicial. Creo que puede haber aportaciones importantes. Espero que el ánimo de consenso que ha animado el acuerdo esté también en los nombrados.

Hay un compromiso de reformar la ley para modificar el sistema de elección. El Gobierno no cree en el cambio de modelo para que los jueces elijan a los doce vocales judiciales. ¿Confía en que esa reforma se produzca?

El primer escollo es alcanzar en el CGPJ una mayoría de 3/5 que avale esa propuesta y luego, evidentemente, quien tiene la función de legislar es el Gobierno, a través de proyectos de ley, y los partidos, presentando en el Congreso sus proposiciones de ley. Espero que sí sean capaces de cumplir el acuerdo en esto. En el resto de ordenamientos jurídicos europeos los vocales de procedencia judicial son elegidos por los jueces. Creo que el informe irá en ese sentido. Desde luego, los vocales de mi asociación defenderán esa elección, como hemos hecho desde 1985.

¿No era posible reformar antes la ley y después elegir a los vocales?

El último informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en nuestro país dice que hay que renovar con el compromiso de reformar la ley. Lo ideal hubiera sido que se hubiera cambiado la ley hace mucho tiempo, pero cinco años y medio después la situación era urgente y la renovación, prioritaria, y por suerte han sido capaces de llegar a ese acuerdo. Veo muy complicado que hubiese sido posible reformar la ley antes, porque las mayorías parlamentarias hasta ahora no quieren ese cambio legal.

Planta judicial

El acuerdo insiste en desvincular la elección del presidente del Tribunal Supremo de indicaciones políticas y refuerza la mayoría necesaria para su designación en el CGPJ. ¿Es suficiente?

La Ley Orgánica del Poder Judicial lo que dice es que los 20 vocales elegirán al presidente. Es muy importante que esto se cumpla y que exista ese compromiso, para que los vocales elijan al presidente del CGPJ y del Supremo. En otras ocasiones recuerdo que hemos sabido quién iba a ser el presidente antes de que los vocales se sentaran en su primera reunión.

También acota las puertas giratorias al endurecer el regreso a la carrera tras el paso por la política. ¿Cree que el Gobierno asume así que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general fue un error?

Al fiscal general le nombra el Gobierno, pero esa imagen de dependencia ideológica con el Gobierno, del partido que sea, ética y estéticamente daña la imagen de la propia Fiscalía. Y las puertas giratorias desde luego que hay que regularlas, no solo respecto a los fiscales, sino también con los jueces. De poco sirve que nos estemos partiendo la cara defendiendo la independencia judicial para luego ver a compañeros que cuelgan la toga, se van a la política y están en mítines pidiendo el voto para un partido, y el día que cesan vuelven a su juzgado. Es difícil que el ciudadano no perciba que tiene una determinada vinculación política y que eso puede afectar a su imparcialidad.

Con la reforma procesal que pretende dejar la instrucción en manos de los fiscales, ¿es urgente que la modificación legal pactada por el Gobierno y PP desvincule el mandato del fiscal general del del Gobierno y garantice su independencia frente al Ejecutivo?

Entré en la carrera en el año 1998 y ya se decía que la instrucción iba a pasar a los fiscales. Yo desde luego creo que no debería ser así. Con lo que estamos viendo en los últimos meses del funcionamiento de la Fiscalía, y no me refiero a los fiscales profesionales que hay muchos, perfectamente formados y comprometidos con el Estado de derecho y la defensa del principio de legalidad, ¿a alguien se le ocurre en las circunstancia actuales pensar que dar la instrucción a la Fiscalía es beneficioso para los ciudadanos? No hace falta ser muy avezado para pensar que podría utilizarse la Fiscalía para perseguir al adversario político. Hoy es imposible. No podemos olvidar que la Constitución es muy clara: el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno. Va a existir siempre esa vinculación porque, además, la Fiscalía tiene una estructura jerarquizada. No creo que sea conveniente dar la instrucción a los fiscales. Porque si damos la instrucción a los fiscales y si además reducimos las posibilidades de ejercer la acción popular, que lógicamente hay que regular para que no se convierta en una acción con carácter abusivo, a lo mejor se utiliza el derecho penal para perseguir a quien ideológicamente no me interesa. Así que creo que está muy bien que sigamos instruyendo los jueces, que garantizamos los derechos de los ciudadanos. Es mejor que dejemos esto como está. En las circunstancias actuales que hoy se diera la instrucción de las causas penales a los fiscales dañaría enormemente la credibilidad de los ciudadanos en la Justicia. Sería muy difícil que confiaran.

Ataques a los jueces

La proposición de ley prevé la provisión de 200 plazas judiciales al año el próximo lustro. Pero el plan estratégico del CGPJ señala que la oferta debe de ser de más de 300 plazas hasta 2032. ¿Se queda corta esa previsión?

Hubo unas promociones muy grandes en los años 80 y son compañeros que se van a jubilar en los próximos años y cada vez hay más jubilaciones voluntarias también, con lo cual es evidente que 200 plazas son muy pocas plazas. No cubrimos la tasa de reposición. Vamos a ver si se trata de un mínimo.

Con la Ley de Amnistía en vigor y a medida que se recrudecen los ataques a los jueces a cuenta del «lawfare», ¿cuál es el estado de ánimo en la carrera judicial?

Los jueces hemos visto un recorrido: indultos, sedición... Todos sabemos a qué responde, a un interés político: una amnistía a cambio de los votos para garantizar el Gobierno al PSOE. ¿Preocupante? Pues sí. Vimos cómo se firmaba un pacto de investidura que habla de una judicialización de la política, que asume todo el discurso del independentismo catalán y avala la creación de comisiones de investigación en el Parlamento para revisar las actuaciones de los jueces. Ha sido un golpe muy fuerte para la carrera judicial. Afecta directamente al Estado de derecho y a la separación de poderes, y supone crear una excepción al Derecho Penal para privilegiar a la clase política. No se nos olvide para quién y por qué se hace esta ley. Desde entonces hemos visto intervenciones en el Parlamento y declaraciones de miembros del Gobierno. Ha sido lamentable ver cómo con nombres y apellidos se hablaba de jueces prevaricadores para referirse a Manuel Marchena, Pablo Llarena o Manuel García Castellón. Los ataques han sido muy fuertes y se van a seguir produciendo, porque la ley deja abiertas muchas cosas que va a tener que interpretar el juez.

Al margen de esa amnistía, esos ataques se han producido también, incluso por parte del presidente del Gobierno, en relación a la actuación del juez Juan Carlos Peinado por su investigación a Begoña Gómez. ¿Qué valoración hace como decana de los juzgados de Madrid?

Los jueces de instrucción de Madrid en una junta que celebramos el 10 de junio hicimos una declaración de apoyo a Juan Carlos Peinado por los ataques que está recibiendo. Hay una forma de atacar las resoluciones judiciales, que es mediante la interposición de recursos, lo que no cabe es hacerlo intentando deslegitimar la labor del juez. Ha habido ataques personales en redes sociales, en medios de comunicación entrando en su vida privada, atacándole a él, a su hija... Ataques muy duros. Como cualquier otro juez, sabe que cuando tiene un asunto de este calibre va a ser sometido a crítica. Pero el ataque permanente... Hemos oído a Bolaños decir que hay que archivarlo, a la ministra portavoz afirmar que no hay nada de nada. Ha sido un intento de intromisión en la labor del juez. La instrucción seguirá adelante y hará lo que hacen todos los jueces cuando instruyen: si considera que hay indicios suficiente, habrá un juicio y con las pruebas que se practiquen el tribunal dirá si Begoña Gómez es culpable o no. Y si no hay indicios suficientes, lo que hará será archivar el procedimiento. Mientras tanto, como cualquier persona investigada, Begoña Gómez es inocente hasta que una sentencia declare lo contrario.

El pacto permite al Tribunal Constitucional cubrir una plaza vacante desde hace dos años. ¿Qué espera del tribunal en su labor de control de constitucionalidad de la amnistía?

La verdad es que me cuesta mucho decir lo que espero del Tribunal Constitucional. Últimamente estamos viendo resoluciones que casi las adivinamos antes de que lleguen. No quiero desconfiar del TC porque no quiero desconfiar de ninguna institución, pero es necesario de verdad que los ciudadanos también puedan confiar en el Tribunal Constitucional, aunque no es un órgano judicial.