Un cabezazo en la nariz del jefe de Servicios de la prisión madrileña de Estremera, un violento golpe en la cabeza a través de los barrotes de la celda en el centro penitenciario Sevilla 1 o amenazas de muerte y patadas contra los trabajadores en la cárcel de Picassent... este es el día a día de los funcionarios de prisiones en España. Y es que las cifras no engañan: desde 2018 las agresiones a este colectivo se han disparado un 125%, pasando de 223 al año a 505.

Una situación que no es nueva ni ajena y ante la que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, permanece impasible. Desde CSIF Prisiones denuncian, por enésima vez, "la creciente ola de violencia, altercados, agresiones a funcionarios e incidentes en los centros penitenciarios", ante la desidia del Ejecutivo. Exigen "medidas urgentes" para garantizar su seguridad y que se les reconozca como agentes de la autoridad, reivindicación archivada en un cajón por el Ejecutivo de Sánchez desde hace años. Es la clave para que tengan "protección legal" ante los ataques.

Por no hablar del "alarmante déficit en las plantillas". Los funcionarios consideran urgente cubrir el 100% de las vacantes y ajustar la Relación de Puestos de Trabajo, a las necesidades reales. También solicitan formación "continua y especializada" para afrontar estas situaciones de riesgo, así como material moderno y adaptado a sus necesidades como las pistolas táser.

Sanciones más duras para los reclusos conflictivos

"Basta ya de agresiones en prisiones", claman desde este sindicato. Sin embargo, pese a lo alarmante de los datos y la dureza de las agresiones, estas reivindicaciones caen en saco roto ante la inacción de Interior. No así en el Congreso de los Diputados donde los grupos de la oposición han registrado una batería de preguntas, con el objetivo de sacarle alguna respuesta. La primera de ellas, a propuesta del PP, es clave: ¿Va a dictar o proponer el Ministerio del Interior alguna reforma legislativa para endurecer las sanciones a los reclusos conflictivos y peligrosos?".

El artículo 550 de nuestro Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses los atentados contra la autoridad. Sin embargo, desde los sindicatos apuntan que estas condenas suelen reducirse a una mera "falta", por lo que una agresión a un funcionario de prisiones normalmente se salda con una "multa de 50 euros" en un juzgado. Y es precisamente esa "sensación de impunidad" que tienen los agresores, lo que, a su juicio, provoca que aumenten las agresiones.

Una agresión cada 18 horas

Según los datos ofrecidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cada 18 horas un funcionario de prisiones sufre una agresión. La respuesta de Marlaska fue licitar un contrato para la adquisición de 224 chalecos antiagresiones, 101 defensas semirrígidas, 107 escudos y 176 linternas tácticas LED. Una respuesta que se antoja insuficiente ante la gravedad del problema que denuncian los funcionarios.

Así las cosas, desde Vox registraron el pasado 16 de mayo una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones al máximo responsable de Interior. Entre ellas, a qué atribuye el Ejecutivo el incremento de agresiones en las prisiones de nuestro país; de qué medios humanos y materiales va a dotar el Gobierno a los funcionarios; qué medidas y protocolos tiene implementados en las prisiones para evitar y prevenir las agresiones y si el Ejecutivo dispone del número de fugas que ha habido desde 2018. Cuestiones, todas ellas, que el Ejecutivo aún no ha contestado.