Por mucho que repitas una mentira, ésta no deja de ser eso, una mentira. Y esto es lo que ocurre con la falsa equiparación que se afana en vender el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que no deja de ser una subida salarial. Porque equiparar es sinónimo de "igualar" y basta con mirar una nómina de un policía nacional o un guardia civil y compararla con la de un mosso o un ertzaina para ver que distan mucho de ser iguales o incluso parecidas. Si a finales de 2024 la diferencia salarial con los policías autonómicos podía llegar a los 8.251 euros al año, ahora, tras el último acuerdo entre la mayoría de sindicatos de la Ertzaintza y el Ejecutivo vasco, esa brecha aumentará tras pactarse 4.200 euros más al año para cada agente.

Y no solo se ve en las nóminas, esa diferencia con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza también se observa en la jubilación, en el reconocimiento como profesionales de riesgo, en los complementos o el pago de "extras", entre otros. Una arbitrariedad que el Ejecutivo ha decidido tapar con unos informes del Consejo de Estado que avalan un incremento salarial promedio del 38,41% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es más, subrayan que esta subida supone un 21,12% más que el experimentado por el resto de funcionarios de la Administración General del Estado.

De este modo justificaba Marlaska el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 2023, que le obligaba a cumplir con la equiparación y renegociar con los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Porque, a juicio del ministro del Interior, el acuerdo firmado en 2018 se da por cumplido y concluido. Sobra decir que no es cierto y que, a día de hoy, siguen existiendo graves incumplimientos sobre el papel. Los tres más flagrantes son: el reingreso de los agentes de segunda actividad al servicio activo; una auditoría externa que analice puesto a puesto la diferencia salarial entre policías y guardias civiles con mossos y ertzainas, por ejemplo; así como el desarrollo de una ley de retribuciones para evitar desigualdades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Agentes en Segunda Actividad y ley de retribuciones

Humillación tras humillación, el Ejecutivo ha ido evadiendo el cumplimiento de ese acuerdo rubricado en 2018, con claras deficiencias. El fallo de la Audiencia Nacional recurrido por Marlaska hacía hincapié en el incumplimiento de la cláusula tercera, por la que debía destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios (en total 300 millones) para incentivar el reingreso de los agentes en Segunda Actividad y Reserva al servicio activo.

Por otra parte, la sentencia de la Audiencia también hace referencia a la cláusula octava del acuerdo, que obligaba al Ministerio del Interior a impulsar las medidas legislativas que fueran necesarias para garantizar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial entre Policías que realicen las mismas funciones. Norma de la que nada se sabe, salvo su mención en una Proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados por el PP.

Dos incumplimientos que, a juicio de la Abogacía del Estado, no lo son. Tanto es así que en su escrito llegan a señalar que la cláusula tercera de ese acuerdo es "manifiestamente ilegal" y que la octava es "contraria al ordenamiento jurídico". Por todo ello, en su recurso de apelación manifiestan que el Ministerio del Interior "ha cumplido con creces sus obligaciones en lo que a la buena fe negocial, derivada del acuerdo (en su parte no ilegal) se refiere".

Negativa a entregar y repetir las auditorías

Otro punto del acuerdo que no se ha cumplido es el de las auditorías. Un asunto cargado de polémica, ya que apenas un año después de rubricarse el acuerdo, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles exigieron ver esas auditorías, al no estar de acuerdo con la cantidad destinada para cubrir el tercer y último tramo de la equiparación: 807 millones. De hecho, ni siquiera la consultora contratada Ernest & Young parecía estar de acuerdo... hasta que cambiaron de opinión.

Para acallar las críticas de los agentes, Marlaska les entregó un CD con datos que justificaban que la cifra acordada era la correcta, por lo que ponía fin al acuerdo de equiparación. Sobra decir que esos 807 millones no solo no eran suficientes, sino que se quedaban muy lejos de la cantidad necesaria para una "equiparación real" con los policías autonómicos. Pero el afán por ocultar esos informes fue lo que dio la voz de alarma. En ese CD había un apartado de "conclusiones" donde Ernest & Young manifestaba que "en su opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva".

Hay que recordar que esta auditora hizo un informe previo al presentado por Grande-Marlaska, que fue desestimado por Interior alegando que no habían tenido en cuenta la equiparación "puesto a puesto" y no se ajustaba al pliego de prescripciones técnicas. Una explicación que no convenció a los agentes, quienes acusaron al ministro de presentar una "auditoría a la carta". En ese informe, la consultora explicaba que "existen determinados conceptos que se tomaron en consideración en la masa salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en comparación con la correspondiente a los Mossos d'Esquadra que, de no haberse tenido en cuenta, habrían arrojado una cantidad superior".

Sin embargo, en su segundo informe este hecho cambió completamente. En este segundo documento, la consultora externa aseguraba que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del acuerdo, eran "el marco total y absoluto" del que debía partir la auditoría. De este modo, certificaba que esa cantidad era "correcta" y "ajustada" a la realidad retributiva existente.

Ni jubilación digna ni profesión de riesgo

Y aunque la lista de incumplimientos se antoja interminable, la última polémica corre a cuenta del término "profesión de riesgo". A juicio del titular de Interior, ese término no existe como tal, es decir, no es un "término jurídico" que se pueda aplicar a policías nacionales, guardias civiles o militares. "Desde un punto legal no existe este concepto", ha llegado a manifestar el propio Marlaska, que no tuvo reparos en "mentir" al afirmar que "la peligrosidad ya está considerada en otros conceptos como la productividad". Sobra decir que los agentes ya han denunciado que en sus nóminas no figura ninguna retribución por ese concepto.

Un juego de trileros, el que mantiene el ministro del Interior con los agentes, que no se sostiene. Ya que si bien no existe un listado oficial de profesiones de riesgo, tal y como aseguran fuentes del Ministerio de Trabajo, sí existen profesiones catalogadas como "de riesgo", entre las que no se encuentran ni los miembros de la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni las Fuerzas Armadas, funcionarios de prisiones o agentes de aduanas. Así lo estipula la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en su apartado 3.2.

Sin embargo, este artículo también determina que "esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades". Es decir, existe la posibilidad de aplicar normas específicas para incluir a estos agentes dentro de las profesiones de riesgo, lo que les permitiría beneficiarse del "coeficiente reductor" y jubilarse de forma anticipada, a los 59 años, cobrando el cien por cien de su pensión. Y esta es la clave.