Más de 300 juristas piden “un mensaje claro” a la Comisión Europea sobre la amnistía y sus consecuencias

Un total de 328 juristas, catedráticos, sociólogos y profesionales de otras áreas han emitido una declaración en contra de la ley de amnistía que se ha registrado en el Congreso y en el Senado. El documento también se ha enviado a la Comisión Europea, a través de una carta firmada por la presidenta de la organización Citizens Pro Europe (CPE), la catedrática Teresa Freixas. En ella se solicita a la principal autoridad que se pronuncie con claridad sobre las consecuencias de que se apruebe una norma de este calibre.

En la misiva, Freixas solicita que "envíe un mensaje claro a los ciudadanos españoles y europeos desde la posición que ocupa sobre el gran daño que tal amnistía causaría al Estado de derecho y la separación de poderes en España", además de manifestar su preocupación por la ley que están pactando los partidos independentistas y el PSOE con Sumar para cerrar el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, algo que sería inminente.

En el texto se recuerda que una amnistía también sería contraria a uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, el Estado de Derecho que recoge el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, "como ya advirtió el presidente de la Comisión Europea al presidente de Rumanía en 2019" y recuerda que el Presidente del Gobierno y sus integrantes habían subrayado en varias ocasiones durante el último mandato el carácter inconstitucional de la amnistía.

"Ahora han cambiado de posición, ya que para permanecer en el poder necesitan los votos en el Congreso de los partidos cuyos líderes se beneficiarían de una amnistía", acusan. También se destaca que los políticos independentistas están condenados por delitos de sedición y de malversación, en el marco de los "ataques más graves al sistema constitucional españoles desde 1981" y expresó su preocupación por el deterior del Estado de derecho y de la separación de poderes en España.

300 juristas y profesionales del derecho

"Nos adherimos a la declaración suscrita por más de 300 expertos en el campo del derecho, entre los que se incluyen doce catedráticos de derechos destacados", señala la misiva.Este documento está firmado por 328 profesionales, entre ellos, abogados, profesores universitarios, académicos de jurisprudencia y legislación, de ciencias morales y políticas, entre otros y se adjunta a la carta de CPE.

Este documento que se adjunta a la carta, señala que "la presumible amnistía que se presenta rompe las reglas básicas de la convivencia democrática y del juego político. Como es sabido, aquella no aparece expresamente vedada en la Constitución, Sí se prohíbe el indulto general (art.62 CE)". Y argumenta que, si el indulto general no se reconoce, se debería entender que la amnistía está prohibida, "ya que esta no solo perdona la pena, sino que tiene un alcance mucho mayor: se considera que no es delito la conducta por la que el reo fue condenado y extiende sus efectos a los sujetos que no han sido juzgados, impidiendo la posibilidad de que lleguen a serlo", concluye.

En diálogo con este periódico, uno de los firmantes, el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Julio Iglesias Ussel, ha calificado este manifiesto como la expresión de la sociedad civil, que está mostrando su preocupación por "el escándalo democrático que supone la destrucción del Estado de derecho. Es uno de los casos más claros de compra de un puesto en el Gobierno a costa de la igualdad de los ciudadanos y del equilibrio de las comunidades autónomas. Se trata de un cesarismo antidemocrático sin precedentes", expresó, a la vez que señalaba que incluso en los pequeños comercios y en las farmacias se están discutiendo, por parte del ciudadano medio, los alcances de esta medida en la convivencia.

Los firmantes señalan que, de aprobarse, esa futura ley supondría "una denegación de justicia y de igualdad jurídica", dos de los valores más elevados del ordenamiento jurídico, junto con la libertad y el pluralismo político.

En la carta se recalca la coincidencia con la valoración jurídica de la declaración: la aprobación de una ley de amnistía por parte del poder legislativo distorsionaría el trabajo previo de los juzgados y tribunales, que son las principales herramientas del poder judicial, "eliminando el contrapeso que constituye el ejercicio independiente del poder". Y también se vulneraría la función de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, un pilar central del Estado de derecho en cualquier democracia, sostienen.

Por todos estos motivos, en la carta se pide a las instituciones europeas que no esperen a que se apruebe la ley de amnistía "para expresar su posición firme contra este grave ataque al Estado de derecho y a la separación de poderes, que actualmente se negocia en cuartos oscuros", sostienen los juristas y la presidenta de la organización.