Más comisiones millonarias en los ERE a cambio de paz social

Los sindicatos UGT y CC OO ocupan un lugar trascendente en la investigación de la «trama de los ERE» que instruye el juzgado 6 de Sevilla. Por varios motivos. Su papel era clave antes, durante y después de la tramitación de los expedientes financiados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía. El pago de prejubilaciones por parte del Gobierno andaluz tenía un objetivo político, extremo reconocido por la propia Junta de Andalucía: «garantizar la paz social». Fue uno de los argumentos esgrimidos ante la Intervención General cuando el máximo órgano de control de la Administración autonómica alertó de que se estaban gestionando los fondos públicos al margen «del procedimiento administrativo establecido», es decir, de manera irregular. Y para ese fin último, la participación de las centrales sindicales era necesaria. El PSOE, que ha gobernado siempre en Andalucía durante la época democrática, ha mantenido una relación privilegiada con UGT y CC OO, lo que a su vez le ha asegurado una menor conflictividad social, aspecto clave para conservar el poder. El epígrafe oficial del «fondo de reptiles» es «31.L. Administración de Relaciones Laborales», una partida que se estiraba como un chicle anualmente en función de los conflictos que hubiera que sofocar y que en una década –periodo comprendido entre 2001 y 2010– superó los 1.200 millones de euros sobre los 647 presupuestados inicialmente.

La instrucción judicial ha revelado que tras ese fin –loable, defienden los sindicatos– se ocultaba el beneficio. La jueza Mercedes Alaya lo resumía en un reciente auto: «Estaríamos ante un sistema perfectamente establecido,en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas». Cuantos más despidos, cuantos más trabajadores recibían una póliza de rentas previa a su jubilación costeada con fondos públicos, más dinero había para repartir en comisiones. Y ese aspecto, según sostiene la magistrada, lo conocían y lo explotaban los sindicatos que percibían en torno al 0,5 y 1% del volumen global de cada operación. La primera fase era previa al ERE. A grandes rasgos, la trama funcionaría de la siguiente forma.¿Quién podía conocer mejor que nadie las dificultades de una empresa? Los sindicatos, a través de los trabajadores y representantes del comité de empresa. Tenían información privilegiada y eran los primeros en poner el mecanismo en marcha. Los comisionistas o intermediarios estaban en contacto con ellos para ofrecer sus servicios: un ERE financiado por la Consejería de Empleo, que ofrecía una salida en buenas condiciones económicas para los empleados afectados y que, además, a la empresa le iba a salir gratis o a muy bajo coste. Para cerrar la operación, todos debían sacar tajada a costa del Presupuesto público.

El directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró ante la juez que el principal escollo que había que salvar era la comisión que recibiría en la operación UGT y CC OO. «Si no se abonaba, se iban a la Junta y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban», declaró. La Operación Heracles ha contabilizado pagos al entorno de los sindicatos –Atlantis Seguros SA en el caso de Comisiones Obreras y Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis SA y Temiqui SA en el de UGT– por un importe de 4.291.384,10 euros solo de Vitalia, una de las intermediarias que operaron en los ERE. Las cantidades las pagaba la Junta en concepto de comisiones y llegaban a los sindicatos, que justificaban su ingreso por su labor de asesoramiento. La jueza discrepa: «Cobraron comisiones aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno, pues su verdadera aportación era la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza». En otras comisiones justificaban su trabajo «de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto».

Formalizado el ERE y abonado a cada interviniente su parte, aún existía una tercera fuente de financiación, línea de investigación que aún no está madura pero que ha apuntado el dueño de Uniter, José González Mata, imputado en la causa. Se trata de las asociaciones de ex trabajadores, uno de los requisitos para recibir las ayudas de la Junta. Los despedidos de grandes empresas como Delphi o Santana, constituían una asociación que figuraba en muchos casos como tomadora del seguro de rentas de cada uno de los socios –los prejubilados tenían que cobrar su sueldo mensual hasta llegar a la edad de jubilación–. Esa infraestructura había que mantenerla: el coste, según González Mata, oscilaba en torno a 2 millones de euros al año. Se contrataba personal y se pagaba la sede. Los sindicatos estaban ahí presentes. En la comisión de investigación constituida en verano en el Parlamento de Andalucía, el responsable de Uniter dijo que se reunía con el broker del sindicato. UGT y CC OO niegan que cobraran nada «ilegal» de los ERE. La investigación determinará quién miente.