Moncloa monitoriza los fondos y los contratos de la Generalitat

Recurrirá los hechos firmados y ratifica que no habrá otro 9-N.

El Gobierno respondió ayer con perfil bajo al acto en el que el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, puso fecha y pregunta al referéndum de autodeterminación. «Son sólo palabras», sentenció el portavoz del Ejecutivo, Ínigo Méndez de Vigo. No compareció Mariano Rajoy, ni tampoco salió la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, a valorar la puesta en escena por parte de Juntos por el Sí y la CUP del nuevo paso adelante en el proceso de desconexión. Tampoco hubo comparecencias solemnes de los líderes del PSOE y de Ciudadanos (Cs). El diálogo de Moncloa con los partidos constitucionalistas sigue activo y ayer se impuso la decisión de restar trascendencia a un acto sin valor jurídico. Pero, según precisaron fuentes de Moncloa, esto no implica que «no haya ya en marcha una estrategia para evitar que el próximo día 1 se celebre el referéndum anunciado por Puigdemont».

A partir de la resolución de febrero de 2017 del Constitucional, cualquier actuación de contenido jurídico para impulsar ese referéndum será inmediatamente paralizada. «Y el auto deja claro que se pueden poner en marcha las actuaciones para depurar las correspondientes responsabilidades de las personas físicas o jurídicas que ejecuten dichos actos», advirtieron las mismas fuentes.

El Gobierno tiene ya bajo vigilancia los procedimientos de contratación de la Generalitat, y las empresas que se han presentado a los diferentes concursos. También asegura que «va a controlar todos los fondos transferidos a la Generalitat para evitar que un solo euro pueda destinarse a objetivos irregulares de organización o promoción de la consulta ilegal».

En suma, que el Gobierno recurrirá «hechos firmados», es decir, aquellas decisiones o resoluciones con efectos jurídicos, como ocurrirá, por ejemplo, en el momento en el que Puigdemont firme el decreto de convocatoria de ese referéndum. Entonces sí habrá recurso ante el Constitucional para que el decreto sea suspendido y del incumplimiento de esa suspensión puede derivarse la inhabilitación de quienes participen en impulsar los actos prohibidos. Hasta que llegue esa situación, el Ejecutivo se queda en el mensaje de que sólo se está ante un nuevo paso de una estrategia que no conduce a ninguna parte. En Moncloa critican también que se utilice el Palau de la Generalitat, sede de la soberanía de Cataluña, para un acto en beneficio propio y con pretensiones de vulnerar la legalidad, y colocan el foco, asimismo, en la división dentro del independentismo, representada en las diferencias para ponerse de acuerdo sobre la fecha o en las tensiones con la CUP.

Al acto de ayer le rebajan la importancia, en una apuesta por subrayar que mantienen la calma y no entran al quite de cada movimiento del independentismo, que «sólo busca una reacción». «El enésimo anuncio del Gobierno catalán no se traduce en nada», sentenció el ministro portavoz. «Los pensamientos no delinquen», añadió, para justificar que no haya recurso contra la representación soberanista de este viernes. El Gobierno queda a la espera de ver en qué se concreta la firma del decreto de convocatoria, si es que llega a firmarse, y no entra de momento a valorar qué ocurriría si la Generalitat opta por una nueva maniobra de escapismo, como hizo el pasado 9-N, camuflando la consulta en lo que denominó un proceso participativo de los ciudadanos. Proceso que, en cualquier caso, ya se ha traducido en la apertura de causas judiciales contra Artur Mas y otros altos cargos implicados en la desobediencia al mandato del Constitucional. «Cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrirá por el Gobierno», insistió el ministro portavoz tras el Consejo de Ministros.

Moncloa volvió a recordar ayer a la Generalitat su obligación de cumplir la ley y de respetar los derechos de todos, además de preservar la neutralidad de los funcionarios que deben quedar liberados de la obligación de ejecutar órdenes ilegales. La estrategia del Gobierno central también tiene como objetivo dejar en evidencia la «soledad» del independentismo, y por esa vía avanzó Méndez de Vigo. Es significativo que también el PSOE optase por dar perfil bajo a la respuesta al anuncio de Puigdemont. E igual que no hubo comparecencia de la vicepresidenta, tampoco Ferraz organizó ningún acto para que su secretario general electo, Pedro Sánchez, replicara al anuncio de la fecha y de la pregunta de la consulta ilegal.