Otra vez «in extremis». Otra vez al borde del abismo. El Gobierno se ha abonado a las negociaciones de infarto y sigue trasladando una sensación de absoluto descontrol interno. María Jesús Montero y Yolanda Díaz alcanzaron ayer un acuerdo de última hora para que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen a Hacienda en 2025.

Esta última frase recoge las dos cesiones que ambas han hecho en la negociación. Montero accede a que no paguen impuestos y Díaz a que el acuerdo se circunscriba solo al presente ejercicio, en 2026 tocará volver a negociar las condiciones de una nueva subida. El acuerdo no oculta que las relaciones son más tensas que nunca. Durante todas las conversaciones del SMI ambas se han dirigido ataques, acusaciones de «populismo fiscal» y el culmen del pacto no ha estado exento de puyas. La ministra de Trabajo acusó en las horas decisivas de la negociación a su homóloga de Hacienda de haber dado la orden a su equipo de levantarse de la mesa y cuando escasas horas después se rubricaba el acuerdo, Montero afeaba que se hubieran radiado las conversaciones en directo como medida de presión.

Lo cierto es que está cuestión ha generado una tensión inédita en la coalición que, a punto ha estado de desembocar en un choque institucional sin precedentes. El acuerdo ha hecho que Sumar retirase la iniciativa parlamentaria que había registrado en el Congreso de los Diputados para que el SMI no tributase, pero, de no haber logrado un consenso, se hubiera dado la coyuntura de que, por primera vez, el Gobierno habría vetado una proposición del propio Gobierno. Las posiciones han estado alejadas desde que se visibilizara con la máxima crudeza las diferencias en este asunto.

Esa exhibición se dio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la subida del salario mínimo y que quedó totalmente opacada por la gresca interna en la coalición. Desde ese momento, Hacienda se encastilló y buscó imponer su criterio, de la tributación, por la vía de los hechos, dejando pasar el tiempo. Pero el pasado lunes, Díaz envió una propuesta a Montero para desencallar la negociación y Sánchez dio orden a sus vicepresidentas de que debían llegar a un acuerdo. Una noticia positiva para el Ejecutivo como la subida de las rentas más precarias no podía quedar descapitalizada por la pugna fratricida en el Gobierno.

Montero movió su posición y se abrió a bonificar al 20% de perceptores del SMI que tendrían que tributar tras la subida, pero sin que esto supusiera elevar los mínimos exentos. Una propuesta a la que Hacienda siempre se ha mostrado contraria, porque supondrían un agujero en la recaudación, dado que no solo se beneficiarían las rentas mínimas, sino todos los tramos del IRPF, también los más altos.

Con la pelota en el tejado de Díaz, la ministra de Trabajo accedió finalmente a que hubiera un límite temporal, la bonificación solo afectará a este ejercicio contable. Según informaron fuentes de ambos ministerios, el acuerdo consiste en introducir «una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF en 2025». Para el próximo año, los equipos negociadores de Trabajo y Hacienda tendrán que volver a entenderse.

Las negociaciones se habían complicado tanto que en el horizonte se vislumbraba la posibilidad cierta de que el Gobierno presentase un «veto presupuestario» a una medida a iniciativa del propio Gobierno, o de una parte del mismo. Tras el acuerdo, Sumar retiró la proposición para que no tributase el SMI y los vetos que planteó el Ejecutivo se limitaron a las iniciativas en este sentido que seguían vivas, las registradas por PP y Podemos.

El Gobierno vuelve a dejarse pelos en la gatera con esta cuestión. La imagen de caos interno que han trasladado con el salario mínimo demuestra que las relaciones entre el PSOE y Sumar están en su peor momento –también a cuenta de la no presentación de los Presupuestos o el gasto militar– por la necesidad de los de Díaz de marcar perfil y distancias con los socialistas.

De hecho, en Moncloa llegaron a amagar, tal como publicara este diario, con llegar hasta el Tribunal Constitucional si Sumar unía sus votos a los del PP para tratar de doblar el brazo a Hacienda en la Mesa del Congreso, revocando el «veto presupuestario» a las iniciativas presentadas. Para Díaz, se trata de una victoria agridulce y momentánea, consciente de que el año que viene deberá volver a sentarse a negociar con Hacienda.

Llega también un día antes de que su partido asista a su asamblea refundacional –solo dos años después de su nacimiento– y que ha quedado totalmente desdibujada después del «paso atrás» de Díaz y la evidencia de la caída en apoyo social y público al partido Sumar, tras golpes inesperados al partido como la reciente salida de Elisabeth Duval o el escándalo sexual de Íñigo Errejón.