Política

Montero duda de la formación de los médicos en la universidad privada

Ataca los centros «low cost» en «donde abaratan los costes a base de menor cualificación del profesorado»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió ayer a arremeter contra las universidades privadas, poniendo esta vez el foco en las facultades de Medicina, que considera que no siempre garantizan una formación adecuada para sus estudiantes.

Durante su participación en el Congreso del PSOE de Córdoba, Montero aseguró que los socialistas van a «seguir trabajando por una educación de calidad», ya que es clave para «la igualdad de oportunidades. Porque solo desde la educación pública, de la educación superior, de la formación profesional, tenemos capacidad de que los hijos de los trabajadores, de aquellos que tenían un destino incierto, puedan abrirse camino en plenitud» y «tengan más oportunidades de las que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres».

Por eso el Gobierno de España «se ocupa y se preocupa de la calidad de las titulaciones universitarias y evidentemente no podemos permitir que proliferen universidades «low cost», en donde abaratan los costes a base de menor cualificación del profesorado, de exigir menos esfuerzo a los alumnos, en definitiva de no tener los estándares mínimos que permitan asegurar que el médico que se forma o el profesor que se forma tiene toda la garantía para que podamos ponernos en sus manos».

Para la vicepresidenta primera, «es de sentido común que todo el mundo exija esos mínimos», pero, «siempre que desde el Gobierno hablamos de educación pública, de sanidad pública y criticamos» que se apueste por las «iniciativas privadas» en estos ámbitos, «nos llaman radicales. Por defender lo público». Ya el pasado fin de semana, en otro acto del PSOE, María Jesús Montero denunció que «las universidades privadas son la mayor amenaza para la clase trabajadora», ya que permite a los jóvenes con recursos «comprarse títulos» para competir con ventaja sobre el resto. Después, el Gobierno anunció que va a endurecer los requisitos para autorizar nuevas universidades privadas, que sólo podrán operar si cuentan con al menos 4.500 alumnos matriculados.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda afrontará está semana en el Congreso una ofensiva tanto de los partidos de la oposición, PP y Vox, como algunos de los socios del Ejecutivo, Junts, PNV y Podemos, por los efectos de los aranceles anunciados por el presidente norteamericano, Donald Trump, y por sus polémicas palabras sobre la presunción de inocencia tras la sentencia del futbolista Dani Álves.

En concreto, según consta en el orden del día previsto para la sesión de control al Gobierno del miércoles, son varios los miembros del PP que se quieren dirigir a la vicepresidenta. La secretaria general, Cuca Gamarra, quiere aprovechar su cara a cara habitual para preguntarle directamente «qué más tiene que pasar para que dimita». Una pregunta que llega tras la polémica generada por las palabras de la vicepresidenta tildando de «vergüenza» la sentencia que absuelve a Álves de agresión sexual, una afirmación por la que Montero tuvo que pedir «disculpas».

Además, el PP anuncia que va a reprobar a Montero en el Senado esta semana. La vicepresidenta cuestionó el derecho a la presunción de inocencia. Así, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que «sobran los motivos» para la reprobación de la ministra de Hacienda. Todas las Asociaciones de jueces y fiscales en bloque censuraron la afirmación. Montero tardó tres días en matizar sus palabras. Ayer insistía de forma más liviana, en la defensa de las mujeres, con mensaje críptico para jueces y sociedad en general.