Multas administrativas por insultar y amenazar en las redes sociales

El Grupo Popular estudia promover en el Congreso de los Diputados nuevas medidas para agilizar la protección frente a los abusos en las redes sociales y corregir los espacios de impunidad que existen en la mismas bajo el escudo del anonimato.

El Grupo Popular estudia promover en el Congreso de los Diputados nuevas medidas para agilizar la protección frente a los abusos en las redes sociales y corregir los espacios de impunidad que existen en la mismas bajo el escudo del anonimato. Hace un año comenzaron los trabajos de la subcomisión para el estudio de las redes sociales y de internet. Y por ella, a puerta cerrada, han pasado cincuenta expertos de diferentes ámbitos relacionados con la materia. Representantes del Colegio de Telecomunicaciones, expertos en Derecho, la fiscal especialista en ciberseguridad, profesionales de los operadores tecnológicos y expertos en educación. La semana que viene, el PP entregará a todos los grupos un resumen de los trabajos, con la previsión de que a mediados de febrero se cierren las conclusiones que luego irán a la comisión de Interior y al Pleno de la Cámara. De ahí, se elevarán al Gobierno.

Entre las propuestas que baraja el Grupo Popular, después de escuchar a los profesionales, está la de impulsar una especie de ley de protección de derechos fundamentales que recoja un protocolo de intervención automática sin tener que llegar a la vía judicial. Es decir, una respuesta preventiva por parte de la autoridad administrativa en el caso de que se pongan en riesgo derechos fundamentales y que agilice la protección de la víctima sin perjuicio de que luego pueda entrar el control judicial.

Así, estudian que en el caso de que se dé una situación irregular, que afecte a un menor, o que afecte al derecho al honor o a la intimidad de un adulto, insultos, amenazas, la denuncia ante la Policía active de manera inmediata un mecanismo que lleve a la supresión en la red de estas amenazas o insultos, a la identificación del usuario y a posibles sanciones administrativas dentro de un baremo por fijar. Si la conducta irregular es muy grave, entonces entraría en juego de manera inmediata la vía penal.

Fuentes populares explican que de esta manera se corregiría, por ejemplo, la tardanza y la burocracia en la respuesta del procedimiento judicial cuando por medio hay un operador que en la mayoría de los casos tiene su sede fuera de España, muchas de las compañías son norteamericanas, lo que obliga a hacer gestiones internacionales con las autoridades afectadas, con el correspondiente retraso que de esta situación se deriva.

En el Grupo Popular entienden que las redes sociales son un elemento muy positivo dentro de un marco de seguridad y autocontrol. La subcomisión, que arrancó por unanimidad, tiene como objetivos principales garantizar el uso seguro y responsable de las redes sociales y garantizar también un internet más seguro. Con extensión a distintas áreas. En el ámbito educativo y de autocontrol, los trabajos apuntan a la necesidad de mejorar la educación de los más jóvenes. No en el aspecto tecnológico, sino en los riesgos de su manejo. De cara al futuro también plantean la necesidad de hacer nuevas actuaciones en la formación del profesorado.

Otra área sobre la que estudian mejoras es la que afecta a la implicación de los operadores de telecomunicaciones en garantizar esta seguridad y la limitación de la impunidad. El Grupo Popular considera imprescindible que haya una colaboración máxima de los operadores con las Fuerzas de Seguridad del Estado. De manera que cuando haya una denuncia particular, la compañía afectada se ponga inmediatamente a disposición de la Policía y de la Guardia Civil y facilite de este modo la investigación. El problema principal es que muchas de ellas no están asentadas en España. Otras, como Tuenti, española, sí son ya ejemplo de buenas prácticas. Ésta última ha creado un Consejo Consultivo de Seguridad con grupos de trabajo de la Policía y de la Guardia Civil para que el intercambio de información sea total e inmediato. También ha desarrollado tecnología para detectar, en función de la aplicación de patrones, cuándo un usuario se hace pasar por un niño.

El Congreso de los Diputados pedirá a los operadores jurídicos que incorporen protocolos técnicos sencillos para que el propio usuario pueda defenderse en primera instancia de cualquier vulneración de sus derechos fundamentales. Y esto exige establecer canales directos con las Fuerzas de Seguridad del Estado.