Ni Báñez ni una consejera del Tribunal de Cuentas van a la comisión de la Junta

La Ley avala que miembros de instituciones del Estado no acudan a parlamentos autonómicos

Los miembros de las altas instituciones del Estado no tienen la obligación de acudir a dar explicaciones a los parlamentos autonómicos que lo soliciten porque deben hacerlo en las Cortes Generales. Ésa es la explicación que motivó ayer que ni la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ni una consejera del Tribunal de Cuentas acudieran a la comisión de investigación de los cursos de formación creada en el Parlamento de Andalucía para aclarar las responsabilidades políticas de este presunto fraude que investigan 16 juzgados de Instrucción en la comunidad. La ausencia de la ministra en funciones estaba prevista, no así la de la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro Moya, que había sido citada a propuesta del PSOE. Los socialistas querían que acudiera porque había firmado un informe que «pone en tela de juicio la gestión de la formación que viene haciendo el Gobierno del PP en los últimos años» y «puede aportar luz a la investigación». La realidad, según una carta remitida al presidente de la comisión de investigación con fecha 12 de mayo, es que la consejera del Tribunal de Cuentas tiene poco que aportar sobre las supuestas irregularidades detectadas en Andalucía. En la misiva muestra su «total desconocimiento sobre el procedimiento de concesión de las subvenciones otorgadas por la Junta».

El Consejo de Estado ha señalado en un dictamen «el carácter autonómico» de las ayudas investigadas y la imposibilidad de una ministra de acudir «por la distribución constitucional de competencias existente».