“No puede ser que el euskera puntúe más que un máster”

Representa el principal problema que existe actualmente en España para un 16,6% de los españoles encuestados, según el último sondeo del CIS que se realizó justo antes de la campaña electoral.

Las principales formaciones políticas ya han cerrado sus programas electorales con las propuestas que pondrán en marcha si llegan a La Moncloa tras las elecciones del próximo 28 de abril. En el ámbito sanitario las promesas son amplias y van desde medidas para cambiar el sistema de salud a iniciativas para mejorar las condiciones de los profesionales.

Según la encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2018, en España hay más de un millón de sanitarios ocupados. Es decir, alrededor de uno de cada 20 trabajadores pertenece al sector salud, un área que aglutina perfiles muy heterogéneos que incluye médicos, farmacéuticos, enfermeros o investigadores, entre otros. En vísperas de la celebración de los comicios, LA RAZÓN reúne a cuatro profesionales del sector en el quinto debate organizado por este medio para dar voz a los ciudadanos.

Respecto a las medidas relacionadas con las condiciones laborales y los contratos en el sector, Podemos propone una jornada semanal de 34 horas, que afectaría tanto al personal laboral de la sanidad pública como al de la privada. Sobre los tipos de contratos, Ciudadanos asegura que quiere terminar con la interinidad, los de Pablo Casado proponen mecanismos que fomenten la contratación indefinida y el PSOE simplificar y reordenar el catálogo de contratos de trabajo. Miriam García tiene 38 años y trabaja como enfermera en un hospital madrileño. Estudió en Salamanca y tras varios años trabajando en un pueblo de Galicia se trasladó a Madrid, donde se apuntó a la bolsa única de empleo de personal temporal enfermero de atención primaria y hospitalaria. Tras encadenar varios contratos, ahora, por fin, es interina. «Vivimos en una formación continua y aún así no tenemos garantizado un puesto de trabajo», se queja. «Yo creo que los políticos tendrían que invertir más en la atención primaria, que es la base del sistema de salud, y cuidar a los trabajadores».

Por su parte, la doctora Magdalena Salcedo, Jefa de Sección de Aparato Digestivo y coordinadora médico de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Gregorio Marañón y miembro de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), recuerda que «a raíz de la crisis se puso en marcha un movimiento de protesta y se nos etiquetó de corporativistas. Se precarizó nuestra situación laboral y se aumentaron las horas, lo que revirtió en un aumento de las listas de espera», denuncia. En su opinión, la precarización del empleo está haciendo que muchos profesionales, en los que se ha invertido hasta diez años en formación, estén emigrando «porque aquí no pueden trabajar al no encontrar un empleo estable y digno» y añade –con resignación–: «Es para pensar». De opinión similar es Miguel Rojas, experto en atención psicooncológica del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), que insiste en que los profesionales están afectados por «el síndrome burnout o del profesional quemado». Rubén Martín, titular de Farmacia, en su caso, ataca a la administración por la excesiva burocratización, «el 75% del tiempo que los farmacéuticos dedicamos a un acto de dispensación es burocrático».

Otra de las propuestas que llevan tanto PP como Ciudadanos es desarrollar una tarjeta sanitaria única con el objetivo de que todos los españoles tengan los mismos servicios y prestaciones sanitarias con independencia del territorio en que residan. Magdalena muestra cierto asombro porque «todos los españoles, independientemente de que la Sanidad esté transferida a las comunidades autónomas, reciben atención sanitaria en cualquier parte del territorio», aunque reconoce que existen «distintas atenciones o carteras de servicios entre comunidades». A su modo de ver, es una medida un tanto «ambigua». De hecho, asocia esta iniciativa a la implementación de la receta electrónica cuya puesta en marcha se ha ejecutado a dos velocidades. Miguel, por su parte, insiste en «que es un problema que te determine el acceso a un tratamiento el código postal en el que vives, me parece algo discriminante».

De hecho, con el fin de reducir estas desigualdades, desde Vox abogan por limitar la capacidad legislativa de las comunidades y devolver la competencia al Estado, una propuesta que no convence a los participantes. En lo que sí están de acuerdo es en implementar un calendario de vacunación único, tal y como proponen los de Santiago Abascal, y en que se pida la cartilla para acceder al sistema educativo, como plantea Casado. Miriam recuerda que en la actualidad «hay vacunas que recomienda la Asociación de Pediatría y que no están en el calendario como la de la Meningitis C y el Rotavirus».

Magdalena, por su parte, señala que «yo de tres hijos que tengo cada uno tiene un programa de vacunación distinto. Hay que homogeneizarlo y tendrá que abordarse desde el Ministerio, igual que otras cuestiones de salud pública como la lucha contra la obesidad». En la misma línea, Rubén celebra que se obligue a vacunar a los pequeños antes de escolarizarlos, «es una medida positiva». Sin embargo, se muestra crítico con la propuesta de centralizar la venta de medicamentos para abaratar el precio porque «todos los fabricantes del mundo pueden entrar en rotura de stock y al restringir la compra a esa marca, reduces el vademecum».

También, en relación con el sector farmacéutico, los partidos incluyen entre sus propuestas la revisión del copago, una medida que provoca disparidad de opiniones. Rubén, como titular de Farmacia, rápidamente toma la palabra y recuerda que desde que se implantó el primer copago en 2011 «se redujo el consumo de medicamentos porque cuando la gente nos los pagaba se tiraron muchos euros a la basura». Le interrumpe Miriam, «es que la gente tenía farmacias en sus casas». De la opinión contraria es la doctora Magdalena: «Con la receta electrónica, esta situación cambió porque te prescriben la dosis justa».

La cuestión catalana

Eliminar el catalán como requisito para opositar en Cataluña es una de las propuestas de Pablo Casado. Sobre este tema hay unanimidad: un idioma no puede puntuar más que un mérito académico. Miguel relata su experiencia personal, en su caso, en País Vasco. «No puede ser que el euskera puntúe más que un máster o la experiencia profesional. Hace unos años yo me iba a preparar unas oposiciones allí y aunque tuviera el doctorado, tres máster o lo que fuera... la puntuación era menor de lo que valía un título en euskera. Me parece una vergüenza», lamenta. Miriam confiesa que en Galicia también te dan unos puntos extra si tienes el título. Al respecto, Rubén se muestra crítico: «Lo importante es que te atienda un profesional bueno».

Desarrollar la teleasistencia, principalmente en zonas despobladas, es una medida que proponen tanto Ciudadanos como PP. A priori, coinciden en que es una buena medida, pero echan en falta un mayor desarrollo y explicación de la misma. De hecho, Rubén teme que esta técnica «se regule sin primero desarrollar y se meta la pata».

No en vano, la sensación común entre todos es que los políticos no conocen el sector ni se preocupan por informarse. Magdalena exige cierta visión de futuro al nuevo Gobierno que salga de las urnas. «La persona que asuma la planificación de la Sanidad debe desarrollar planes con continuidad, no a cuatro años vista», reclama. Mientras que Rubén pide una mayor «eficiencia» y que se cuente con los «profesionales» para elaborar los planes porque «no se trata de inventar cosas nuevas sino de optimizar los recursos». Miguel apuesta por construir puentes entre colegios, asociaciones y profesionales para impulsar el trabajo en conjunto. En definitiva, que el próximo inquilino de La Moncloa, cuente con ellos.