El novio de Ayuso recurrirá la apertura de una pieza separada en la causa por fraude fiscal

La defensa de Alberto González Amador, pareja de la Comunidad de Madrid, recurrirá en apelación la decisión de Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid de abrir una pieza separada para investigar si el empresario habría utilizado una sociedad instrumental para ocultar ingresos procedentes de un contrato con el Grupo Quirón.

Es la reacción del novio de Isabel Díaz Ayuso a la orden de la jueza de Inmaculada Iglesias, que se conoció este pasado miércoles, de investigar si incurrió en algún delito más allá de los delitos contra la Hacienda pública y de falsedad documental por los que se le investigan.

La creación de una nueva pieza nace de la estimación parcial de un recurso interpuesto tanto por el PSOE como por Más Madrid contra el auto del pasado 31 de julio en que la magistrada denegó toda una serie de diligencias que solicitaron como acusación ambas formaciones personadas -en la investigación por presunto fraude fiscal.

Concretamente, detalla EP, esta pieza se inicia para investigar posibles nuevas conductas delictivas en la supuesta utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a la sociedad limitada Masterman a través de la cesión de un contrato de servicios suscrito entre una mercantil propiedad de González Amador, llamada Maxwell Cremona SL, y Quirón.

La resolución analiza si los hechos relacionados con la utilización de la primera compañía para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell pueden ser constitutivos de otros ilícitos que deben ser investigados.

La pareja de la presidenta madrileña recurrirá este auto ante la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que no es ajustado a Derecho y a la realidad del proceso.

La acusación popular entiende que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención.

Entiende que podría tratarse de una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020.

La magistrada menciona que el informe de la Agencia Tributaria han llevado a la conclusión de que se trata de una sociedad instrumental constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona SL para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L, simulando que es aquella la prestadora de los servicios, cuando se acredita que no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin.

"Se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwell Cremona S.L. procedente de Quirón Prevención a Alberto González Amador, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman S.L. es decir, que el 15 de diciembre de 2021 Maxwell Cremona cede parte del contrato de prestación de servicios a Masterman S.L. para, al día siguiente transmitir la totalidad de las participaciones de Masterman S.L. a Alberto González Amador consiguiendo de este modo que parte de los fondos procedentes de Quirón Prevención SLU acaben en manos de González Amador", señala la resolución, recogida por la citada agencia.

Según consta en el auto, en el informe de la inspección se indica que la crisis sanitaria surgida a partir de 2020 a raíz de la Covid supuso "una oportunidad de negocio para Maxwell Cremona S.L. que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el impuesto de sociedades, consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas".

Tras el análisis, la jueza considera que procede la estimación parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular y en consecuencia se acuerda la incoación de una pieza separada con el fin de investigar "si en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L y su cliente Quiron Prevención S.L se ha podido incurrir en otros delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental objeto de esta diligencias previas".