Caso Bárcenas

Nueve empresarios imputados por Bermúdez, en manos de Ruz

El juez debe decidir ahora sobre las diligencias que acordó su compañero

El juez Pablo Ruz, el pasado 25 de marzo, al salir de la Audiencia Nacional
El juez Pablo Ruz, el pasado 25 de marzo, al salir de la Audiencia Nacionallarazon

Una vez desbaratada por la Audiencia Nacional la instrucción bicéfala de los «papeles de Bárcenas» (otra cosa bien distinta es que se haya conseguido apaciguar los ánimos), el juez Pablo Ruz tiene que decidir sobre las diligencias acordadas por Gómez Bermúdez en relación a la querella presentada por Izquierda Unida que dio lugar a la controversia. No dispone de demasiado tiempo. Entre esas diligencias está la citación como imputados, los próximos jueves y viernes, de nueve empresarios que supuestamente donaron dinero al PP entre 2002 y 2009, del ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo (supuesto número 2 de la «trama Gürtel») y del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta.

Lapuerta ya compareció como imputado ante Ruz el pasado día 21(en plena instrucción paralela de la presunta contabilidad opaca del PP), por lo que su citación esta descartada.En cuanto a Crespo, imputado en el «caso Gürtel» por Ruz, pero todavía no en la pieza separada en la que se investigan los «papeles de Bárcenas», la decisión está en el aire.Entre otros vínculos Ruz esgrimió, precisamente, para investigar esas anotaciones la correspondencia de un pago de 21 millones de pesetas recogido en la contabilidad incautada a la «red Gürtel» (constando como acreedor «sede nacional») con un ingreso anotado en los papeles atribuidos al ex tesorero del PP bajo el concepto «P.Crespo». De ahí que el magistrado mantenga seguramente la imputación acordada por su colega. La comparecencia de los nueve empresarios es más problemática (de ellos sólo Alfonso García Pozuelo está imputado en el «caso Gürtel»). Ruz todavía no ha dado el paso de vincular las anotaciones de ingresos atribuidas a Bárcenas con pagos de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, la razón por la queGómez Bermúdez acordó citarlos a declarar como imputados. De ahí que lo más probable es que el magistrado suspenda esas comparecencias y las supedite al avance de la investigación. Y más teniendo en cuenta las palabras del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, quien en la vista que el pasado viernes inclinó la balanza a favor de Ruz admitió que la Fiscalía todavía no ha apuntalado«la base sólida que requiere una investigación judicial que evite nulidades». El representante delMinisterio Público abogó por una instrucción«seria y creíble» que evite «saltos» innecesarios (reprochó, de hecho, sus «prisas» a Bermúdez), una reflexión en voz alta que parece incompatible con el mantenimiento de esas citaciones.

En cuanto a la abundante documentación solicitada ya por el juez del 11-M tanto al PP como a la Tesorería de la Seguridad Social, Agencia Tributaria,Tribunal de Cuentas yRegistro Público de Contratos, entre otras entidades, Ruz tendrá que resolver también sobre las mismas. Algunas de ellas eran prácticamente duplicadas, pues mientras Gómez Bermúdez solicitó al Tribunal de Cuentas la relación de donaciones al PP entre 1990 y 2009, Ruz prolongó la petición de esos datos hasta 2011.En cuanto al PP, mientras el titular del Juzgado de Instrucción número 3 le requirió el listado de donaciones recibidas entre 2002 y 2009, Ruz pidió esos mismos datos a la formación entre 1990 y 2011 (el PP, de hecho, ya ha contestado a ese requerimiento, aunque únicamente ha facilitado información al respecto desde el año 2004).

La Fiscalía intentó sin éxito que Bermúdez suspendiera todas estas diligencias, pero el magistrado rechazó su recurso de apelación argumentando que las había acordado en una providencia, y no en un auto, por lo que la posibilidad de recurrir esa decisión no está amparada por la ley. Anticorrupción interpuso entonces un recurso de queja ante la Sala de lo Penal, para forzar que se pronuncie al respecto, que aún está pendiente de resolverse.Aunque parece improbable podría pasar, incluso, que la Sala acuerde suspender las diligenciasde Gómez Bermúdez (una vez el caso ha quedado en manos de Ruz) antes de que este último se pronuncie al respecto.