Oriol Pujol se enfrentaría a una pena de hasta dos años

De seis meses a dos años de cárcel, de tres a seis años de inhabilitación y multa del tanto al duplo del beneficio «perseguido u obtenido». Éstas son las penas que prevé el delito de tráfico de influencia que imputa la Fiscalía Anticorrupción al diputado autonómico y secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Oriol Pujol.

De seis meses a dos años de cárcel, de tres a seis años de inhabilitación y multa del tanto al duplo del beneficio «perseguido u obtenido». Éstas son las penas que prevé el delito de tráfico de influencia que imputa la Fiscalía Anticorrupción al diputado autonómico y secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Oriol Pujol, en relación con su presunta participación en una «trama» que pretendía obtener licencias de ITV en esa comunidad autónoma desde el año 2010, una vez que CiU accede al Gobierno catalán tras las elecciones.

El Ministerio Público remitió ayer su informe final, con aval del fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción, Eduardo Torres-Dulce y Antonio Salinas, respectivamente, su informe definitivo, en el que concluye que, tras la prácticas de no pocas diligencias practicadas durante la instrucción y una vez analizados los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), existen suficientes indicios para iniciar un procedimiento penal contra Oriol Pujol.

Por ese motivo, ha solicitado a la magistrada Silvia López Mejía, actual instructora de ese procedimiento, que remita una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que sea éste quien se haga cargo de la instrucción del mismo, toda vez que es el órgano competente para instruir un procedimiento contra un aforado.

Sobre esta cuestión, fuentes jurídicas consultadas ayer por este periódico no dudaban de que la magistrada accederá en pocos días a la solicitud del Ministerio Público. En esa resolución, la todavía instructora de la causa, deberá detallar los indicios que aprecia contra Oriol Pujol y especificar el delito. Sin embargo, esa primera tipificación no supone, en absoluto, el desenlace del procedimiento, sino sólo pretende justificar los motivos por los que considera que, desde ese momento, la instrucción del procedimiento corresponde al TSJ de Cataluña.

El auto de la juez

De hecho, la juez López Mejía, en un auto dictado en abril del año pasado y que era todo un anticipo de lo que ha ocurrido ahora, consideraba que Oriol Pujol Ferrusola podía estar implicado en el sumario sobre la adjudicación irregular de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y, por lo tanto, en los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude de subvenciones.

En el auto, de 20 de abril del año pasado, por el que prorrogaba el secreto de las actuaciones, la juez señalaba, entre otras cosas, que «en base a las investigaciones llevadas a cabo por funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Barcelona y a través de las intervenciones telefónicas acordadas por el Juzgado número 3 de Lugo (que fue el que inició las actuaciones, dentro del «caso Campeón») existen indicios racionales suficientes» sobre los «investigados», entre ellos Oriol Pujol, Sergio Alsina y Sergi Pastor.

Según el auto, estas personas habrían intentado crear una estructura operativa para obtener, de forma fraudulenta, la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de ESCOS (Energy Service Company), inicialmente en el ámbito industrial y público y, posteriormente, en el ámbito particular (residencial), «aprovechando la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos».

En concreto, la juez citaba a la empresa Ficosa (en la que figuraba un empresario, Sergio Alsina, compañero de estudios de Oriol Pujol y que tenía empleada a su esposa en una entidad denominada Alta Partners) con la que pretendían «romper el oligopolio de Applus (principal operador de ITV en Cataluña, que debió reducir su peso por motivos de competencia) y RVSA ITV».

Primeros pasos

Si, como todo hace prever, la causa llega al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el primer paso será que los magistrados que formen la Sala de Admisión decidan admitir a trámite la exposición razonada, algo que suele suceder en la inmensa mayoría de las ocasiones en que se plantea algo similar. Posteriormente, la Sala deberá designar un magistrado instructor, que será el encargado de practicar todas las diligencias que considere oportunas. En esta fase procesal será en la que se cite a declarar a Oriol Pujol, en calidad de imputado. Como cualquier imputado, tendrá derecho a declarar o no declarar, o hacerlo parcialmente y no estará obligado en ningún caso a decir la verdad.

En esta fase, es más que previsible que el instructor cite igualmente a declarar a Sergio Alsina y Sergio Pastor, quienes fueron detenidos y puestos en libertad con cargos tras prestar declaración ante la magistrada.

Una vez que finalicen todas las diligencias, que se pueden prolongar durante no pocos meses –basta recordar que el Tribunal Supremo lleva un año con el «caso Campeón», que afecta al ex ministro socialista José Blanco, y todavía no ha decidido si finalmente hay o no motivos para continuar adelante con el procedimiento–, resolverá si abre juicio oral, lo que llevaría a Oriol Pujol al banquillo de los acusados, salvo que la Sala lo revocase, o si, por el contrario, concluye que no hay indicios suficientes contra el dirigente de CDC. En este último supuesto, remitiría nuevamente la causa a la magistrada Silvia López Mejía.