Otro juzgado, este de la localidad madrileña de Leganés, ha abierta causa judicial contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por un delito de denegación de asistencia sanitaria por discriminación en relación a los protocolos que rigieron en la primera ola de la Covid la derivación hospitalaria de los ancianos que vivían en residencias.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés cita ya al que era en los primeros meses de 2020 en que estalló la pandemia el consejero madrileño de Política Social Alberto Reyero. Tendrá que declarar el próximo martes, a partir de las 10:00 horas.

Ese mismo día también serán interrogados como testigos el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, como responsable de uno de los principales grupos de sanidad privada de la región; Antonio Burgueño, que era asesor del Ejecutivo de Díaz Ayuso en materia sanitaria, y los familiares querellantes.

A diferencia de la otra causa que se sigue en los Juzgados de Plaza de Castilla en torno a las muertes en las residencias, este procedimiento nació a raíz de una denuncia de dos familiares de residentes.

En este caso, se investiga, además de a Carlos Mur y a Francisco Javier Peromingo (exdirectores de coordinación sociosanitaria), a Pablo Busca Ostalaza, que era el director del Summa 112 en aquellos meses y una geriatra que ejercía de enlace entre la comunidad y el hospital Severo Ochoa. Todos ellos, están llamados a comparecer el próximo 17 de junio ante la jueza María Pilar Esteban.

Según dos asociaciones de familiares, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, el foco de la instructora está en si la Consejería de Sanidad permitió que solo se derivase a centros sanitarios privados a los que contaban con un seguro médico y si indebidamente no se aplicó un plan de lucha -elaborado por Burgueño- que contemplaba la medicalización de las residencias.

Asimismo, se analizará -dicen las citadas entidades- cómo las ambulancias "jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado" por la Comunidad de Madrid y cómo este habría implicado que solo se recogía a los residentes enfermos para trasladarlos a hospitales cuando se contaba con autorización expresa de la geriatra de enlace imputada. De ahí también que el máximo responsable de Summa esté entre los investigados.