El próximo martes, el Congreso no celebra un pleno cualquiera: será, salvo sorpresa, el último del curso y, además, el que lo dejará sin diputados. La idea es cambiar oficialmente el nombre, porque toca adecuar el Reglamento al lenguaje inclusivo. Pero hay más, se establecerá un nuevo código de conducta y se ampliará el voto telemático.

Pero pese al cambio de nombre, el Gobierno terminará el curso como lo empezó: preso de Junts. El Ejecutivo llega al Congreso sin acuerdo para aprobar dos de sus normas estrella: la reducción de la jornada laboral, impulsada por Yolanda Díaz, y la conocida como ley Bolaños, que pretende reformar el acceso a la carrera judicial. Por eso, el Gobierno las ha tenido que retirar del orden del día.

La idea de Moncloa era llevar ambos textos a las Cortes para sacarlos adelante antes del parón estival, pero la terca realidad parlamentaria ha hecho añicos el plan. Pedro Sánchez sigue siendo rehén de Junts. Precisamente, el rechazo de la derecha independentista catalana ha arruinado la fiesta que el Gobierno esperaba darse tras meses asfixiado por el «caso Cerdán».

En cualquier caso, en el Ejecutivo son optimistas sobre sus opciones a la vuelta de vacaciones con ambos textos; especialmente con el de Bolaños. Las fuentes consultadas admiten que algunas partes de la norma no saldrán adelante, pero el grueso –el que reforma el acceso a la carrera judicial– sí lo hará y contará con el «sí» de Junts, porque es otro actor político interesado en meter mano a la Justicia española.

El problema son algunas de las contrapartidas que piden, como la eliminación de la Audiencia Nacional. El independentismo siempre ha considerado este organismo un ente arcaico, heredero del franquismo y destinado a servir a los intereses políticos de una judicatura que consideran reaccionaria. Y los siete diputados de Junts en el Congreso intentarán hacer valer su peso para que el Gobierno ceda y ponga fin a la historia del otrora conocido como Tribunal de Orden Público (TOP).

En esta campaña, los independentistas catalanes cuentan con el apoyo de los vascos, que también lo consideran un tribunal «de excepción» por haber perseguido a los miembros de la banda terrorista ETA. Otro cantar es la reducción de jornada. Yolanda Díaz, ampliamente cuestionada entre los suyos y dentro del Gobierno, admite que la negociación con Junts es difícil porque se trata de un partido de derechas que gravita alrededor de la patronal catalana, radicalmente contraria a la medida por considerarla lesiva para las pymes.

A nadie se le escapa que, en caso de aprobarse finalmente en el Congreso, esa norma sería la principal aportación de Sumar a esta legislatura, como en la anterior lo fue la reforma laboral. En plata: sería el activo con el que Yolanda Díaz podría volver a presentarse en unas elecciones generales, lo que le permitiría intentar saltar por encima de la fragmentación del espacio electoral a la izquierda del PSOE, aunque ella misma haya puesto en duda ese escenario.

El presidente, en cualquier caso, salió con una bombona de oxígeno bajo el brazo en el último pleno. Los socios le enseñaron los dientes, pero no le mordieron de muerte, pese a que la mayoría le afeó su reacción ante los escándalos que sacuden al PSOE. El Gobierno opera con la mentalidad de «mimar a los socios». Y eso ocurrió la semana pasada: Sánchez pactó con Cataluña un acuerdo de financiación autonómica sin consultarlo con el resto y dio el primer paso para ceder la Seguridad Social al País Vasco.

Moncloa, mientras tanto, justifica sus cesiones al soberanismo porque, según fuentes gubernamentales, el Gobierno y sus socios secesionistas comparten «una forma de entender España». Todo vale para garantizarse el apoyo parlamentario en plena oleada de escándalos. Aunque, por el momento, no esté surtiendo efecto, porque en lo que va de legislatura la coalición solo ha sumado 19 leyes al marcador.

«Son nuestros socios de gobierno, compartimos una manera de gobernar y de mirar hacia el futuro. No compartimos la idea de que nacionalistas e independentistas se vayan a llevar tajada. Forma parte de los acuerdos de gobierno. Y los socios representan a muchos millones de personas en España. No son socios: son votantes, es lo que los ciudadanos votaron», justifican estas fuentes.

Con este panorama, el Ejecutivo echa el cierre al curso político sin grandes victorias legislativas que llevarse a la boca, con el poder sostenido en equilibrios cada vez más frágiles y sujeto una mayoría parlamentaria que se resquebraja en cuanto se fuerza el ritmo. El Ejecutivo confía en que el verano rebaje las tensiones y le permita volver en septiembre con algún triunfo que exhibir. Pero el verano se va a hacer duro para los diputados, que volverán al Congreso. A secas.