Hacienda remitió al juez del caso Montoro información "reservada" del Consejo de Seguridad Nacional

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero remitió al juez que investiga a Cristóbal Montoro información "reservada" del Consejo de Seguridad Nacional. El Ejecutivo envió una carpeta con el nombre de "Consejo de Ministros" y otra con el de "Consejo de Seguridad Nacional" que guardaría vinculación con el procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona contra el exdirigente popular.

Del sumario del caso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se desprende que el actual Gobierno, y más concretamente, la sucesora de Montoro en Hacienda, derivó una serie de correos electrónicos que se derivaron a la Fiscalía Anticorrupción. El órgano expuso en un escrito que se trataba de material "de carácter reservado" y que se tendría que analizar para, en caso de que efectivamente fuera confidencial, proceder a su expurgo de las diligencias.

En el marco del análisis de una cuenta de correo bautizada como "gabinete ministra", la Agencia Tributaria detectó una ruta denominada "originales". La misma, "además de referir fechas o personas no incluidas en el requerimiento de referencia", incluía varias carpetas. Destacan, entre otras: AEAT, Consejo de Ministros, Consejo de Seguridad Nacional y PGE 2021, Programa de Estabilidad y PNR. Sin embargo, el juez puso el foco en la renombrada como "Consejo de Seguridad Nacional".

El Consejo de Seguridad Nacional

Se trata de un ente vinculado a Cristóbal Montoro desde su creación en 2013. De hecho, el exministro -investigado por delitos de corrupción relacionados con su antiguo despacho Equipo Económico- estuvo presente en la sesión en la que se constituyó este órgano dependiente de Presidencia de Gobierno. En el acto, que tuvo lugar el 11 de julio de 2013 y que presidió el rey emérito, también participaron miembros del CNI, los jefes de las Fuerzas Armadas; la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y siete ministros. Entre ellos, se encontraba el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

El ente, que dicta las directrices en materia de planificación de seguridad nacional, ha celebrado más de cuarenta reuniones desde su fundación, siendo la última la que presidió Pedro Sánchez el pasado 14 de julio. Con todo, es más que probable que la documental que remitió el Gobierno hace ya más de tres años al procedimiento abierto contra Montoro acabe apartada del mismo, toda vez que este órgano aborda en su mayoría temas confidenciales.

Precisamente, esta causa -que nació a raíz de una denuncia anónima remitida a la Fiscalía Anticorrupción en 2017-, se nutre en gran parte de la documental remitida durante estos años por la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y la Policía Judicial. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, acaba de imputar a cerca de una treintena de personas, entre ellas la excúpula del departamento de Hacienda, por haber cobrado presuntamente comisiones millonarias a cambio de aprovechar sus influencias en el Ejecutivo para impulsar modificaciones legislativas.

Pagos millonarios para legislar "a demanda"

Tras más de seis años de investigación, el juez levantó hace apenas unos días el secreto de sumario e imputó a los investigados por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. De Montoro expuso que "ejerció las más altas funciones y competencias decisivas" en los años en los que se tramitaron las normas que les afectaran.

Rus alegó que se aprovechó su capacidad de influencia dentro del Ministerio para beneficiar a Equipo Económico "en menoscabo del sector público". Al respecto, obran en el sumario decenas de correos electrónicos intercambiados entre personal de este departamento y los empresarios beneficiarios por Equipo Económico de los que se desprende que se produjeron reuniones y encuentros previos a las reformas legislativas que demandaron.

Destaca, por ejemplo, una misiva que envió un alto cargo de la sociedad Carburos Metálicos a otros empresarios del sector gasístico y enérgico el 21 de abril de 2014, en la que les informaba de las reuniones celebradas en la sede del Ministerio con el entonces "número dos" de Montoro, Miguel Ferre, en la que abordaron su petición de modificar la Ley 16/2023, de 29 de octubre sobre fiscalidad medioambiental para incluir a las mercantiles de este sector entre los beneficiados de la bonificación fiscal que contemplaba la norma.

Empresas pantalla para ocultar los fondos

"Tenemos el asunto muy bien encarrilado. Hagamos los deberes", expuso el alto cargo en relación a este cambio legislativo que, según los investigadores, acabó viendo la luz el 6 de agosto de 2014. Los mismos destacan en sus atestados la "coincidencia temporal" entre el dictado de estas nuevas leyes con las que beneficiaron a empresas del sector, que se engloban bajo la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Además, la información aportada por Hacienda desvela que Equipo Económico, el despacho vinculado a Montoro, percibió de las cinco empresas de AFGIM un total de 312.180 euros en 2014. Al respecto el juez instructor sospecha que los principales imputados se valieron de un entramado de empresas pantalla para ocultar el destino final de las cuantías percibidas. De hecho Hacienda constató "elevadas salidas de dinero" desde las cuentas de este despacho hacia sus socios y otras mercantiles administradas por estos mismos para desviar las ganancias obtenidas.