Pasividad del Gobierno ante el uso que hacen ayuntamientos separatistas del "DNI catalán" de Puigdemont

El Consell per la República de Carles Puigdemont, entidad con la que trata de crear instituciones paralelas a la Generalitat y el Parlament, se ha ido adentrando en los ayuntamientos catalanes sin que, de momento, el Gobierno haya puesto freno. El Consell per la República ha ido suscribiendo convenios con ayuntamientos catalanes gobernados por fuerzas independentistas para que se puedan llevar a cabo trámites con la Identidad Digital Republicana (IDR), es decir, con un "DNI catalán" que permita prescindir del documento nacional de identidad español.

El Gobierno, en una respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada Llanos de Luna, anunció en diciembre que iniciaría una investigación y, a través de las subdelegaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, solicitó "documentación" a los Ayuntamientos "sobre los que ha tenido conocimiento de la existencia de un convenio suscrito con el Consell per la República". "Tras la solicitud de información, y respecto a aquellos Ayuntamientos que ya la han remitido, se está en proceso de valoración y análisis jurídico", señalaba la respuesta. Sin embargo, más de cinco meses después, no se ha puesto freno a los convenios suscritos entre ayuntamientos y la entidad de Puigdemont para usar el IDR.

De hecho, en estos momentos, hay once ayuntamientos con convenios suscritos y, tras las elecciones del 28 de mayo, desde el Consell per la República esperan sumar cuatro más. El IDR cuesta doce euros si se expide en formato físico y seis euros si es en formato virtual y el dinero se ha convertido en una nueva fuente de financiación de las acciones de Puigdemont.

De Luna, en su pregunta parlamentaria, pidió al Gobierno saber qué actuaciones está llevando "en aras a solicitar la nulidad de los acuerdos para suscribir los citados Convenios". Entre los Ayuntamientos firmantes de los convenios, hay tanto alcaldes de JxCat como de ERC. "¿Ha realizado la Delegación del Gobierno en Cataluña requerimientos a los Ayuntamientos para que anulen los citados convenios de colaboración?", preguntó, también, Llanos de Luna.

En este sentido, la diputada del PP en el Congreso advierte al Gobierno que tiene "instrumentos jurídicos para ejercer la competencia de control de la legalidad respecto a la actuación de la Administración Local" y pueden revisar "las copias o extractos de los acuerdos de sus órganos de gobierno, que las Entidades Locales tiene el deber legal de remitir a las Delegaciones del Gobierno". Ante la pasividad del Gobierno, reflejada en que el Consell per la República va a expandir los convenios suscritos a cuatro Ayuntamientos más, la popular ha vuelto a registrar preguntas para saber qué actuaciones ha llevado a cabo la Delegación del Gobierno tras el análisis jurídico efectuado y si se ha solicitado informe al Servicio Jurídico del Estado, a través de la Abogacía del Estado en Cataluña.

También Sociedad Civil Catalana, entidad de referencia del constitucionalismo en Cataluña, está estudiando medidas jurídicas para ver qué actuaciones puede llevar a cabo. No obstante, su presidenta, Elda Mata, apela tanto al Gobierno como a los partidos políticos a poner freno a esta cuestión. "Esperamos que oficialmente se ponga coto a esta burla", señala a este diario. "Lo primero que tendría que hacer el Gobierno es salir a decir que esto no tiene ningún tipo de sentido ni de valor y delimitar cuál es nuestro marco. Porque esto se contagia y ahora son 11 y luego son 15. Los políticos independentistas pueden ver que esto le da votos e ir sumándose", analiza Mata.

"Luego estas acciones acaban desembocando en referéndums y pararlo es más difícil. No deben dejar pasar estos temas que parecen menores. Si no la sensación es que uno puede hacer lo que quiera si es nacionalista", señala Mata, quien ironiza sobre el valor del "DNI catalán", aunque, a la vez, muestra su preocupación por la "deslealtad" de las administraciones gobernadas por separatistas. Además, advierte de que si no se actúa conta este tipo de situaciones, se "está reforzando la impunidad del separatismo".