Congreso

El plan de Sánchez para quitar deuda autonómica choca ya con Junts y Sumar

Los posconvergentes y Compromís ponen pegas al actual acuerdo del Gobierno para perdonar pasivo a las autonomías

Pedro Sánchez no va a tener fácil contentar a todo el mundo con la financiación autonómica. El Gobierno ha abierto esta carpeta mediante un acuerdo con Esquerra para la quita de deuda a Cataluña y al resto de autonomías, pero, tan solo 24 horas después, ha visto cómo algunos de sus socios ya se han puesto muy críticos y dejan en el alambre la aprobación final. En concreto, Junts y Compromís, que forma parte de Sumar, suman nueve escaños en total y son determinantes para que el Gobierno pueda materializar esa quita de la deuda, pero se han mostrado ya muy críticos con la propuesta del Ministerio de Hacienda porque lo consideran insuficiente para Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Según el acuerdo que han alcanzado Hacienda y Esquerra, el Gobierno quitará 83.252 millones de euros de deuda que atesoran las autonomías ahora mismo, lo que permitirá a algunas de ellas "sanear" sus cuentas para que puedan acceder a los mercados financieros ya que ese pasivo pasará a constar en las cuentas del Estado. Sin embargo, Junts ya ha irrumpido en este debate para mostrarse crítico con la condonación parcial de la deuda para Cataluña porque supone el "café para todos": los posconvergentes aspiran únicamente a que el Estado enjugue la totalidad de la deuda que tiene ahora la autonomía y que asciende a 88.916 millones de euros. Con los criterios acordados ahora mismo por Hacienda con Esquerra, Cataluña solo vería desaparecer 17.104 millones de euros, lo que representa un 19,2% del total.

Lo cierto es que el Gobierno va a tener muy difícil convencer a Junts dado que el acuerdo que da inicio a la negociación de la financiación autonómica ha sido monopolizado por Esquerra y eso siempre complica todo más porque los posconvergentes van a exigir más para patrimonializar el pacto. Por tanto, para que el Gobierno obtenga el "sí" de Junts, probablemente tenga que elevar el pago. Y, en este sentido, el partido de Carles Puigdemont quiere un concierto tributario para que sea la Generalitat quien gestione y recaude todos los impuestos que se pagan en Cataluña.

Para materializar la quita de la deuda a las autonomías, el Gobierno va a tener que articular una ley orgánica, por lo que va a necesitar a todos los socios porque necesita una mayoría absoluta: esto es 176 escaños. Es decir, tampoco valdría la abstención de Junts. Ahora mismo, la mayoría de la investidura, sumando el escaño de Coalición Canaria, suma 179 diputados.

Además de Junts, una parte de Sumar también va a ponerle las cosas difíciles al Gobierno. Compromís, que tiene dos escaños, critica que Hacienda solo va a retirar el 18% (11.000 millones) de la deuda total actual (59.000 millones) de la Comunidad Valenciana. Y, en este sentido, el partido valenciano se ha mostrado crítico sobre todo con la quita que se hace a Andalucía ya que sospecha que el Gobierno ha querido tener un gesto para apoyar la candidatura de María Jesús Montero a la Junta. En total, a Andalucía le correspondería 18.791 millones de euros, lo que representa casi el 50% de toda su deuda.

Finalmente, el diputado de Chunta Aragonesista Jorge Pueyo evita todavía pronunciarse claramente sobre si va a apoyar lo que corresponde a Aragón o no y pone el acento en que el Gobierno cree un fondo con 87 millones de euros para mejorar la financiación de su autonomía por la pérdida de población. El partido aragonés sobre todo hace énfasis en que esa cantidad económica debe quedar comprometida para poder dar apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

En todo caso, el primer paso para pulsar la propuesta del Gobierno se dará este mismo miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las autonomías podrán pronunciarse. Los criterios que defiende Hacienda para diseñar el reparto de la quita de la deuda busca, según el Gobierno, que no penalice ni a las regiones que se endeudaron menos, ni a las que son más eficientes en su gasto ni a las que han subido impuestos para paliar la falta de financiación.